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| 5/17/2016 10:24:00 AM

Destituyen por 20 años al exconcejal de Chía

Carlos Enrique Martínez Gallego estará marginado de las funciones públicas por haberse negado a un control policíal e irrumpir en la Escuela Militar de Cadetes.

Costosísimo le salió al exconcejal de Chía (Cundinamarca) Carlos Enrique Martínez Gallego el haber evadido un control de policías que buscaban establecer si conducía bajo los efectos del alcohol (sin haberse comprobado), pues la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó por 20 años.

Durante el segundo fin de semana de octubre del 2013 las cámaras de los noticieros de televisión mostraron la persecusión de la Policía al carro de un concejal que se negaba al control de uniformados de tránsito que presumían que quien estaba al volante manejaba alicorado.

El impresionante despliegue del seguimiento, que se inició en la madrugada del 13 de octubre por las calles de Bogotá, terminó hacia el medio día cuando el conductor detuvo su vehículo a la entrada de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba.

Quien conducía era ni más ni menos que el concejal Martínez Gallego, quien dijo evadir el control policial por el supuesto temor que tenía sobre su seguridad. Los uniformados que protagonizaron la persecución y las imágenes reveladas por los medios de comunicación parecían hacer evidente que lo que evitaba era someterse al control de los agentes de tránsito.

De hecho, en las imágenes se vio cómo el cabildante dio macha a su vehículo, a pesar de que al frente de este se encontraban tres intendentes de la Policía que, según la Procuraduría, sufrieron heridas por la embestida.

Aunque oficialmente nunca se pudo confirmar ni descartar que el concejal Martínez manejara bajo los efectos del alcohol, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra por haberse opuesto al ejercicio de control y por haber huido como lo hizo de los agentes que lo requirieron, incluso llegando a causarles un daño físico.

Para el organismo de control, no cabe duda de que el político cometió una falta disciplinaria grave, pues es evidente que su propósito no era otro que valerse de su cargo de cabildante para evitar tener que rendir cuentas a la Policía.

La única alternativa que le queda al polémico concejal para no verse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas es demandar la decisión ante la justicia contencioso-administrativa, como lo han hecho otros funcionarios destituidos como Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Andrés Felipe Arias y María del Pilar Hurtado.

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