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| 3/23/1992 12:00:00 AM

¿CHIVO EXPIATORIO?

La solicitud de la Procuraduría de reabrir la investigación sobre la toma del Palacio de Justicia, podría sacar a la luz nuevos responsables.

LUEGO DE QUE HACE MAS de un año el Procurador General había pedido su destitución, causando las más encontradas reacciones en la opinión, lo que está sucediendo en el proceso contra el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales es, a ojos de muchos, la prueba de que la justicia tarda, pero llega.
El general Arias Cabrales era quien comandaba en noviembre de 1985 la XIII Brigada del Ejército, y fue a él a quien correspondió dirigir la operación militar contra los guerrilleros que ocuparon el Palacio de Justicia y tomaron como rehenes a numerosos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. La operación concluyó con la muerte de más de 100 personas y con la destrucción total de las instalaciones. Los excesos cometidos de parte y parte han sido motivo de múltiples controversias durante los casi siete años que han transcurrido desde el holocausto.
Tras cinco años de investigaciones, durante los cuales salieron a flote las arbitrariedades del operativo militar, la Procuraduría falló: Arias Cabrales se había apartado del derecho de gentes y no hizo todo lo que estaba a su alcance para proteger la vida de los rehenes durante la recuperación del Palacio. La providencia cayó como un balde de agua fria a la opinión pública e indignó a todos aquellos que presenciaban, en ese momento, el lanzamiento de la Alianza Democrática M-19 como movimiento político, y veían a sus, dirigentes -muchos de los cuales fueron los autores intelectuales de la tomaenarbolar las banderas de la democracia después de haberla tenido virtualmente sitiada.
Por su parte, el general Arias Cabrales no tardó en solicitar la revocatoria de esta sanción, arguyendo que durante el operativo él actuó en virtud del principio de obediencia debida. Ahora, un año después del debate sobre la destitución del general, e] mismo Ministerio Público ha decidido solicitar ante el juez, el comandante Manuel Jaime Forero, que se revoque el auto que dio por cerrada la investigación. Los vacíos y las imprecisiones en el expediente son, a ojos de la Procuraduría, razones de peso para reabrir el caso. El Ministerio Público considera necesario determinar si la orden de rescatar el Palacio y velar por la vida de los rehenes se cumplió conforme a las normas jurídicas vigentes, o si, por el contrario, la ejecución de ambas era incompatible y los mandos militares interpretaron la directiva como si la prioridad fuese el rescatar el Palacio y lo accesorio velar por la vida de los rehenes. Esta interpretación iría en total contradicción con los principios elementales del derecho de gentes, que establece que bajo ninguna circunstancia se puede poner en peligro la vida de civiles injustamente retenidos. De haber sido otro el orden de prioridades, habría cambiado dramáticamente el desarrollo del operativo. Y como si esto fuera poco, no existe claridad sobre la orden exacta que impartió el presidente Betancur, si éste ordenó o simplemente toleró las acciones emprendidas por las fuerzas militares.
La Procuraduría sostiene que en el expediente no es claro si el testimonio del consejero Arciniegas Baedecker, acerca de la situación que se vivía en el baño -último reducto guerrillero-, llegó a los mandos militares. No se sabe a ciencia cierta si esta información no llegó a los mandos militares o si los miembros de las Fuerzas Armadas actuaron a pesar de tener conocimiento del número de rehenes, y a conciencia de los riesgos que sus acciones implicaban.
La importancia de las últimas gestiones de la Procuraduría reside en que, por primera vez, plantean un debate que ha sido evadido: ¿quién comandaba realmente el operativo de rescate del Palacio de Justicia? La absolución de ese interrogante es fundamental para cualquier decisión. A nadie escapa que Arias Cabrales era el cuarto o quinto en la jerarquía militar del momento, y desafía la lógica suponer que una operación de esta envergadura se hubiese dejado en manos de un oficial que no dejaba de ser un subalterno. Aunque esto no implique que Arias Cabrales no tenga responsabilidad alguna, indica por lo menos que otros fueron los reales impulsores de los hechos. De reabrirse la investigación, el general retirado podría dejar de ser el chivo expiatorio del proceso que mayores polémicas ha causado en el país durante los últimos años. -
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