El ‘premio’ al capo del carrusel de la salud en Chocó

En las últimas semanas los medios han registrado con sorpresa controvertidas decisiones de los jueces que conceden beneficios como casa por cárcel o libertades condicionales a procesados en casos de gran calado.

Así ocurrió con cinco miembros de Intebolsa que recobraron su libertad y con varios peligrosos miembros de bandas criminales.

Ocurrió también con la contralora de Soledad (Atlántico) investigada por delitos contra la administración pública, y con un juez de Barranquilla que terminó enredado por haber decretado -presuntamente de manera ilegal- la libertad del exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez. La polémica, pues, está servida.

El caso más reciente y escandaloso ocurrió en Quibdó. Una juez decidió otorgar la casa por cárcel al cerebro de uno de los mayores desfalcos a la salud en la historia reciente de Chocó.

Se trata de Eustaquio Olave Urrutia, considerado el principal responsable del fraude de 4.000 millones de pesos. Se trata de un personaje desconocido para el resto del país, pero en su tierra natal es toda una figura.

Para la juez, este polémico personaje no constituye un peligro para la sociedad. Muchos hablan de los contradictorio de su decisión, si se tiene en cuenta que por sus presuntas acciones, fue justamente la sociedad chocoana (la más pobres y vulnerable) su principal víctima.

La historia, como la reveló Semana.com, se deriva de una acuciosa investigación de la Fiscalía.

El ente acusador, durante varios meses de investigación, descubrió que Olave, desde un cargo como asesor en la cuestionada Secretaría de Salud departamental, hizo causa común con los propietarios de algunas droguerías locales para cometer el millonario fraude.

Según la investigación del CTI, siete droguerías de Quibdó cobraron irregularmente 4.000 millones de pesos a la Secretaría de Salud por concepto de supuestos suministros de medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que son de alto costo.

Los investigaores, con base en declaraciones de implicados que decidieron colaborar con la justicia, establecieron que las cuentas de cobro presentadas por las siete droguerías e IPS fueron soportadas con documentación falsa. El informe publicado por la Fiscalía dice: “los beneficiarios de dichos medicamentos no recibieron tales medicamentos ni les fueron recetados por médico alguno”.

Y va más allá. Las pesquisas concluyeron que nunca existieron historias clínicas de los presuntos beneficiarios como tampoco existen soportes de los médicos que presuntamente ordenaron las atenciones.

“Existen dobles facturaciones, muchas de las personas relacionadas como atendidas no corresponden a población pobre y vulnerable no asegurada, y varias se encuentran fallecidas desde años anteriores a la recepción de estos servicios. Igualmente fueron auditadas y pagadas”, puntualizó el documento del ente acusador.

Olave, un hombre de quien se han sospechado actividades non sanctas desde cuando se desempeñó en otros altos cargos asociados a la salud en Chocó, fue detenido y llevado ante una jueza por los presuntos delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad material en documento público.

Pero la funcionaria judicial lo envió a su ostentosa casa, en las afueras de Quibdó, mientras continúa el juicio.

En Chocó dicen que Olave es un hombre afortunado, pues de la nada construyó una inexplicable fortuna que se ha traducido en rentables negocios. Por ejemplo, es el propietario de una de las discotecas más grandes y concurridas en la capital chocoana y se ha hecho célebre por edificar lujosas viviendas que sobresalen en medio de la pobreza de la región.

“Aquí definitivamente no pasa nada –dice un periodista local-. La Fiscalía hace esfuerzos por llevar tras las rejas a los delincuentes, pero los jueces los dejan libres o les dan como premio la casa por cárcel. Y ni hablar de las constancias que los corruptos consiguen que certifican estar enfermos, para evadir la cárcel. Pero nadie investiga a quiénes otorgan esas certificaciones”.

En fin, en Chocó hay desazón con las polémicas decisiones de un sector de la justicia. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía continúan en el caso del fraude a la salud. Las fuentes indican que lo perdido en este caso sobrepasa la suma por la que fue capturado este personaje.

Semana.com conoció que las autoridades indagan sobre la responsabilidad de altos funcionarios de la Gobernación, especialmente de la Secretaría de Salud, un fortín que el gobernador, Efren Palacios, entregó a un prestamista a cambio de una deuda de 200 millones de pesos.

Vea: ¿Un nombramiento por 200 millones de pesos?