Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/08/21 00:00

Las regiones se alborotan: Chocó, Putumayo y Caquetá

El paro cívico en Chocó, las manifestaciones contra la fumigación manual de cultivos ilícitos en Putumayo y las protestas contra la explotación petrolera en Caquetá están que arden. ¿Qué hay detrás?

Los habitantes de Chocó están en paro cívico por los problemas en los servicios de salud, agua y alcantarillado, la falta de vías y la inseguridad.

Cuando el país todavía se está recuperando de los estragos que dejó el paro camionero y de los bloqueos de los indígenas del Cauca y campesinos vinculados con la Cumbre Agraria, nuevamente se ve enfrentado a una oleada de protestas en varias regiones.

Aunque esgrimen motivos muy diferentes, lo cierto es que el malestar en varios municipios ha ido en aumento. Los habitantes exigen una mayor presencia del Estado y que cumpla las promesas pactadas años atrás.

La semana pasada los habitantes de Chocó, uno de los departamentos más pobres del país y con la mayor tasa de desempleo, entraron en paro cívico por el abandono del gobierno. En Putumayo llevan cerca de un mes protestando por la fumigación manual de los cultivos de coca con glifosato. Y en Doncello y Paujil, en Caquetá, manifestantes contra la explotación de petróleo produjeron alteraciones en el orden público. 

La pregunta que muchos se hacen es qué tan válidos son los argumentos de los manifestantes o si detrás del malestar hay sectores que buscan presionar al gobierno para obtener beneficios cuando está cerca la convocatoria del plebiscito por la paz. El gobierno nacional busca consensos y respaldos para ese trascendental proceso, razón por la cual lo que menos le conviene es estar apagando incendios aquí y allá.

Pero le ha tocado salir a apaciguar los ánimos. En Chocó, el Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó convocó la protesta que mantiene paralizadas las actividades escolares, comerciales y el transporte en Quibdó.  Los chocoanos han realizado marchas pacíficas en las calles para pedir agua potable y alcantarillado ya que estos servicios cobijan a menos del 20 por ciento de la población. También tienen problemas en el suministro de energía y en los servicios de salud. Hace poco se liquidó el Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, ante los graves problemas financieros que venía afrontando. Esto llevó a una congestión en el servicio porque los pacientes y usuarios tuvieron que trasladarse al Hospital Ismael Roldán, el único que queda en la capital pero no cuenta con la capacidad e infraestructura suficientes para atender a la población. 

A estas denuncias se suman la inseguridad, el cobro de extorsiones y los obstáculos en la vía Quibdó-Medellín, que lleva años en construcción luego de miles de millones de pesos invertidos. En junio pasado se presentó un derrumbe en la carretera que dejó como saldo trágico nueve personas muertas y varias desaparecidas. La vía estuvo cerrada durante dos meses y solo desde hace unos días funciona parcialmente.

Estos y otros males han aumentado el malestar de la población. La semana pasada se produjo un enfrentamiento con las autoridades, en el que se usó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes. El jueves las partes se reunieron para establecer los problemas  del departamento, los incumplimientos del gobierno y cuándo se va a poner en marcha lo pactado. 

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el gobierno ha invertido en Chocó alrededor de 7 billones de pesos en construir 1.900 viviendas gratuitas, en pavimentar las principales vías y en mejorar el aeropuerto de Quibdó, entre otras obras de infraestructura. Y es que a pesar de los recursos girados el departamento también afronta graves problemas por la elevada corrupción de muchos de los funcionarios. Por eso mientras no se ataque este flagelo será muy difícil que esta región progrese. 

Pero si en Chocó llueve, en Putumayo y el sur del país no escampa. Campesinos e indígenas del departamento se han congregado en diversos puntos para manifestarse contra la fumigación manual con glifosato de los cultivos ilegales. Sostienen que el gobierno les incumplió lo pactado en septiembre de 2014. A ellos se sumó un pronunciamiento del jefe de la guerrilla de las Farc Iván Márquez, quien dijo que esa actividad va en contra de los acuerdos de La Habana.

Yule Anzueta, vocero de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, señaló que el plan de sustitución de cultivos no ha avanzado y no se han puesto en marcha programas de contingencia para los campesinos que viven de esos cultivos. Adicionalmente, reclaman el acceso a la salud, la educación, servicio de agua potable, apoyos para comercializar los cultivos de pan coger, un hospital de tercer nivel y revisar los impactos ambientales de la explotación petrolera. 

Las protestas en esta región del país siguen en aumento. Las primeras concentraciones empezaron en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Orito y Puerto Caicedo y amenazan con extenderse a otras regiones donde se pondrá en marcha esta práctica de erradicación. Ese es el caso de Nariño, Caquetá y Catatumbo, entre otros. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Putumayo es el segundo departamento con más hectáreas sembradas de coca (20.068 el año pasado), después de Nariño que tiene 29.755 hectáreas con este cultivo ilícito. 

El problema es complejo si se tiene en cuenta que hasta el año pasado un kilo de hoja de coca podía costar 3.000 pesos. Muchos campesinos prefieren seguir con estas plantaciones que les resultan más rentables que sembrar otros cultivos que no tienen cómo sacar a los mercados. A ello se suma el debate en el tema de salud ya que en abril de este año un concepto de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como una sustancia cancerígena. Desde ese momento el gobierno ordenó cesar la aspersión aérea, pero a las pocas semanas autorizó hacerlo manualmente.

Y como si fuera poco, Caquetá es otro foco de protestas agitado en los últimos días. En este departamento está creciendo el rechazo de la población a la exploración y explotación de petróleo. 

La situación está pasando de castaño oscuro porque los quieren frenar las actividades de compañías como Emeral Energy y Petroseismic Service, entre otras. La semana pasada hubo movilizaciones en los municipios de Doncello y Paujil que dejaron como resultado un campesino herido, así como actos vandálicos relacionados con la incineración de dos vehículos, y la destrucción de cableado y geófonos destinados a las actividades de sísmica. Además, el jueves en la noche varios encapuchados le prendieron fuego a la casa y a la bodega donde opera la compañía Petroseismic, contratista de Ecopetrol, que desarrolla el proyecto petrolero Cardón 2D. La petrolera estatal deploró los hechos y pidió a la población superar las diferencias a través de diálogos de concertación, únicas vías para resolver los conflictos.

No es la primera vez que en este departamento hay manifestaciones contra la explotación petrolera. El año pasado en Florencia, la capital, así como en Milán, Morelia y Valparaíso se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública. En Caquetá responsabilizan a esta actividad de afectar las fuentes hídricas, razón por la cual se conformó una mesa departamental en defensa del agua y del territorio.

Hace unos meses, el gobernador del departamento, Edilberto Valencia, anunció una consulta popular para que los habitantes decidan si quieren o no que en su territorio se extraiga petróleo. Esta actividad está en una verdadera encrucijada porque el país necesita encontrar más crudo de ahora a cinco años o de lo contrario tendrá que importar hidrocarburos. Pero se encuentra acorralada porque en varias regiones crece el rechazo a la explotación.

Lo cierto es que el gobierno tendrá que desplegar todo su poder de convencimiento y cumplir los acuerdos pactados para apagar estos incendios que han venido creciendo en varios municipios colombianos,  como hizo con el paro camionero.

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