Morelli y Montealegre, en una furia de titanes

Desde los tiempos de la guerra entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema no se veía una confrontación entre dos cabezas del Estado como la que hoy están protagonizando el fiscal Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli.

Lo que venía siendo una guerra fría contenida la semana pasada dio paso a una batalla campal por cuenta de las acusaciones de la Contralora. Morelli lanzó, literalmente, una bomba atómica contra el búnker de la Fiscalía. Presentó dos denuncias: una con señalamientos muy graves contra el fiscal Montealegre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y otra contra el vicefiscal Jorge Perdomo ante la Corte Suprema, así como sendas recusaciones contra ambos pidiendo que se aparten de las investigaciones que la Fiscalía adelanta en su contra. 

Y ya lo había hecho también contra la auditora general de la Nación, entidad encargada de vigilar a la Contraloría. 

¿Sí la guerra fría viene desde hace varios meses por qué hasta ahora reacciona la contralora de esa manera tan agresiva?

SEMANA supo que la contralora decidió entablar las denuncias luego de enterarse de que el vicefiscal ya estaba listo para imputar cargos en su contra. Morelli, hábilmente, sacó las denuncias y las recusaciones como una estrategia para bloquear las investigaciones de la Fiscalía que ella considera son una persecución en su contra.

Más allá de las razones de lado y lado, la realidad hoy es que sobre la cabeza de cada uno de ellos, el fiscal y la contralora, los dos jefes de los organismos más importantes de investigación del país, gravitan señalamientos muy delicados. A la contralora Morelli la está investigando la Fiscalía por presuntas chuzadas a periodistas y por “contratación sin el lleno de requisitos” por presuntas irregularidades en el millonario arrendamiento del moderno edificio, en el occidente de la ciudad, al que se trasteó el ente de control.

Y la contralora, a su vez, en su denuncia contra el fiscal sostiene tres acusaciones de mucho calibre. La primera es que las investigaciones de la Fiscalía en su contra son una “cortina de humo contra las investigaciones de orden fiscal que adelanta la Contraloría por el desfalco en SaludCoop”, según escribió en carta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y explica, por ejemplo, que entre las investigadas por la Fiscalía está la contralora que lleva el caso SaludCoop, a pesar de que, para la época de las supuestas chuzadas, estaba como contralora delegada de Minas.

En segundo lugar, escribió la contralora Morelli, la Fiscalía estaría usando la investigación en su contra para obtener documentos sobre ese caso. Y en tercer lugar, la acusación más grave, la contralora afirma: “De modo reciente se nos informó que ya en ejercicio del cargo de fiscal, el señor Montealegre continuaba percibiendo honorarios provenientes de la misma asesoría relacionada con SaludCoop”. 

Sobre este último señalamiento, el fiscal Eduardo Montealegre, desde Estados Unidos, dijo a SEMANA visiblemente molesto: “Lo desmiento categóricamente”. Y añadió: “Y que exhiba las pruebas que ella tiene para hacer semejante afirmación”. Sobre los otros puntos no quiso referirse porque la investigación no la lleva él sino el vicefiscal. 

El problema es que la pelea llegó a un punto de no retorno. Así como en su momento pareció excesivo que la Fiscalía hiciera una inspección judicial con 40 agentes y con la presencia de cámaras de televisión a la Contraloría, hay que señalar que el contenido de la denuncia de la contralora contra el fiscal raya en lo temerario. 

Sobre todo porque para hacer ese tipo de acusaciones tendría que estar acompañada de pruebas contundentes. Más aun tratándose de la figura más visible de la Justicia en Colombia. Sembrar un manto de duda de esa naturaleza, como lo hizo la contralora con el fiscal, es tan grave que, si tiene pruebas, es un escándalo mayúsculo y el fiscal debería renunciar. Y si no las tiene, la contralora debería renunciar por hacer falsas imputaciones que es considerado un delito. 

En ambos casos tendrán que demostrar si las evidencias que cada uno tiene son suficientes para proceder de la manera como lo hicieron. 

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a SEMANA que iniciaron  la investigación porque recibieron una carta del presidente Juan Manuel Santos en la que les remitía una denuncia del columnista Ramiro Bejarano y la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco. Bejarano en declaraciones al Canal Capital dijo que habían recibido informaciones “muy confiables que personal de la Policía vinculado en la Contraloría estaría haciendo mal uso de los equipos de interceptación” y puntualizó: “Nosotros no tenemos pruebas materiales de eso, pero tenemos un rumor que nos merece preocupación”.

Las cosas ya han ido demasiado lejos. Desde ambos organismos de investigación se ha tendido un manto de duda sobre el otro que lo único que hace es deslegitimar dos de las instituciones más importantes del país, cuya función es fiscalizar y velar por los bienes públicos.

No es lo más indicado en momentos en que Colombia pasa por una crisis de representación –que quedó en evidencia con los paros campesinos– donde se ha resquebrajado el capital social y hay una falta de confianza en las instituciones. Lo que más preocupa es que el tono y el calibre de las acusaciones conviertan un cruce de investigaciones, donde hay un evidente pulso de poder, en una cruzada por la defensa del honor que solo pueden agudizar el problema. 

Por eso, la gran pregunta es ¿qué viene ahora? ¿Cómo se puede resolver este choque de trenes?

Muchos creen que Juan Manuel Santos, en su calidad de jefe de Estado, debería intervenir por lo menos para tratar de limar las asperezas personales entre el fiscal y la contralora y ver cómo, en el marco de la Constitución, se pueden canalizar las respectivas investigaciones para que se garantice la transparencia que los casos exigen y sobre todo para que el enfrentamiento no se siga profundizando.