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CHOQUE CULTURAL

La manera como se resuelva el conflicto entre los u'wa y el Estado sentará un precedente <BR>para llegar a acuerdos entre la tradición indígena y el desarrollo occidental.

15 de noviembre de 1999

En 1854 el jefe pielroja Seattle le envió una carta al gobernador del territorio de
Washington en la que aceptaba la oferta que le hacían las autoridades para comprar sus tierras. En
su mensaje el jefe Seattle precisaba que negociaba su territorio ancestral para evitar que se lo
quitaran por la fuerza de las armas y no ocultó su sorpresa ante la actitud del hombre blanco que "trata
a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y
venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás un solo desierto".
Al final los indígenas vendieron sus tierras.
Era otra época. Hoy, con los avances en la legislación internacional sobre protección de
poblaciones indígenas y tribales, la causa del jefe Seattle podría haber tenido otro final. En la actualidad
existen 5.000 culturas indígenas, unos 300 millones de personas, alrededor del mundo. Y aunque los
indígenas representan sólo el 5 por ciento de la población mundial, con sus luchas por la recuperación
de su territorio sagrado y la preservación de su cultura tradicional han logrado poner en jaque
megaproyectos económicos, necesarios desde el punto de vista del modelo de desarrollo occidental.
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno global. Los conflictos entre el Estado y los indígenas
embera katío (por la construcción de la represa de Urrá I) y el pueblo u'wa (por la exploración petrolífera
en el denominado bloque Samoré) han sido los más sonados, pero no son los únicos. El caso de los
u'wa es el que más ha sensibilizado a la opinión pública nacional e internacional y es seguido con
atención por algunas de las Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas y de derechos
humanos más importantes del mundo.

Poder de la tierra
En Colombia hay 81 grupos indígenas, unas 630.000 personas en todo el país, dueños de
30.233.412 hectáreas del territorio nacional, reunidos en 476 resguardos y congregados en torno a
la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Gracias a la Constitución de 1991 estos 81
grupos están cobijados por la legislación más avanzada de América Latina para la protección de sus
derechos.
Si bien es cierto que los indígenas han recuperado buena parte del territorio que por tradición les
pertenecía, también lo es que este proceso no ha sido nada fácil. La Onic dice que su reivindicación va
en contravía de la contrarreforma agraria que se lleva a cabo en la práctica en este momento en el
país y sus tierras empiezan a ser codiciadas con intereses diferentes a la conservación. Los indígenas
se muestran especialmente preocupados por megaproyectos como el canal interoceánico
Atrato-Truandó, entre otros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento que del total de tierras en
manos de los indígenas, alrededor de seis millones de hectáreas son ricas en minerales, petróleo y
bosques madereros. Para la Onic la situación es clara. En un documento sobre desarrollo y cultura
indígena señala que:"Ahora la riqueza para el riowá (el hombre blanco) está en estas tierras que hace
unos años no le importaban para nada (_) Ahora, ellos ven dinero_ petróleo, carbón, oro, uranio,
dinero_ Dinero que no sirve para comer ni para ser felices, dinero para que haya más pobreza, como la
que viven nuestros compañeros sikuanis de Arauca. De la noche a la mañana, los indios llenos de
pobreza nos convertimos en indios llenos de riqueza. Riqueza para ellos, porque para los pueblos
indígenas el petróleo es la muerte".
Aunque en Colombia la Nación es dueña de los recursos del subsuelo, los que se encuentren en
zonas de resguardo no pueden ser explotados sin una consulta previa con los indígenas propietarios.
Ellos deciden si autorizan la actividad minera y dentro de qué áreas, pues hay lugares que no pueden
ser profanados porque son considerados, de acuerdo con su tradición, de gran significado social
y religioso.
Los embera, por ejemplo, se oponían a la explotación de una mina de extracción de cobre en Careperri
porque consideran dicho lugar como sagrado. Por lo general los indígenas se oponen a este tipo de
proyectos por la concepción que tienen del mundo y de su misión en él. "Pensamos que la naturaleza
es de los dioses, y que nosotros somos tan sólo sus guardianes y administradores, por lo que
consideramos que la tierra es nuestra madre y por eso no cabe en nuestra cabeza pensar en
explotarla o negociar con ella", dijo en febrero de este año Lorenzo Muelas, representante del
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, en una reunión que sostuvo en Nigeria con grupos
nativos de ese país para hablar sobre la problemática que han enfrentado a raíz de la explotación
petrolera.

Lenguajes diferentes
Uno de los problemas para lograr llegar a un acuerdo en los casos de exploración minera o
relacionados con megaproyectos son los lenguajes tan diferentes que manejan los indígenas y los
representantes del Estado. Mientras los primeros hablan de su intensa relación con su entorno y con
sus espíritus, los segundos discuten la importancia de dichas actividades para el desarrollo y el futuro
del país. Y lo que es esencial para el desarrollo de una comunidad indígena termina en no pocas
oportunidades enfrentado a la conveniencia de la sociedad en general. El caso de los u'wa es un buen
ejemplo de lo anterior.
La empresa Occidental de Colombia solicitó una licencia ambiental para realizar una perforación
exploratoria en el pozo Gibraltar-1, en el piedemonte de la cordillera Oriental, cerca del límite del
nuevo resguardo u'wa, en Norte de Santander. El área contemplada en el proyecto es de 14,8
kilómetros cuadrados y, de acuerdo con las estadísticas internacionales, de cada 10 pozos explorados
en sólo 1,8 se encuentra petróleo.
Sin embargo en esta ocasión la Occidental y Ecopetrol se muestran optimistas. Si encuentran petróleo
las posibilidades de que mejore la situación económica del país son altas. No hallarlo o no realizar la
exploración, como solicitan los u'wa, tendría graves repercusiones para la economía del país. Según el
Ministerio de Minas, en el año 2004 Colombia se convertiría de nuevo en un importador de crudo, lo
cual afectaría gravemente la balanza de pagos.
Los u'wa han escuchado estas y otra razones de orden económico. Igual, siguen empeñados en no
negociar la posibilidad de la exploración porque temen que si se encuentra petróleo su territorio y su
cultura se vean perjudicados. Les preocupa convertirse en un segundo Caño Limón, donde el petróleo
atrajo a la zona a colonos, guerrilla, miseria, corrupción y prostitución. Además, en un documento de
la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales sostienen que el territorio que se va a
explorar es sagrado: "En la tradición oral u' wa están firmemente arraigados los límites del territorio
ancestral, marcado por cerros, lagunas, ríos. Existe clara conciencia del alinderamiento
tradicional, amojonamiento antiguo, lo que llamamos los u'wa 'kera chicara', o sea ese mundo creado
por Rukwa o Sira y cuyo corazón fue entregado a los u'wa para que lo mantuviéramos en equilibrio.
Por eso, porque el territorio va más allá del resguardo y la reserva".
El ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, está convencido de que es posible bajarle el tono a la
polarización entre las dos partes y alcanzar acuerdos (ver recuadro). De hecho, en los últimos meses
y mediante un proceso de diálogo y concertación con los indígenas, se llegó a un acuerdo sobre
delimitación del territorio u'wa, tal como lo aconsejaba el estudio realizado por la OEA y la
Universidad de Harvard sobre el tema. La manera como logren conciliar las autoridades estatales y
el pueblo u'wa puede sentar un precedente fundamental para la resolución de este tipo de situaciones
de cara al próximo siglo.

630.000 indígenas colombianos son dueños de más de 30 millones de hectáreas de tierra en el país


"Es una magnífica oportunidad"
SEMANA: . ¿Qué ha hecho el Ministerio en favor de los u'wa?
Juan Mayr: Este es un problema que viene de tiempo atrás. En los últimos meses trabajamos con la
comunidad u'wa en la definición de los límites de su resguardo. Se amplió de 62.000 a 220.000
hectáreas, lo que garantiza desde todo punto de vista la sobrevivencia cultural de la comunidad.
Luego se inició el proceso de análisis de la licencia ambiental. Es importante destacar que dentro del
nuevo territorio adjudicado quedaba comprendida parte de la solicitud de Occidental. Ellos retiraron
sus aspiraciones dentro del nuevo territorio indígena y pidieron un área de exploración en las afueras del
nuevo resguardo.
SEMANA: ¿Cómo afecta la cercanía del pozo al límite del resguardo?
J.M.: Se han contemplado todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de impacto sobre el
medio ambiente y hemos solicitado también en la licencia que la compañía tenga espacios de
comunicación permanentes con las comunidades para que analicen los impactos sociales que se
puedan producir. El área para la perforación de este pozo y las obras que se necesitan es de cinco
hectáreas, que tienen diseñado sus componentes de mitigación de efectos sobre el medio ambiente.
SEMANA: ¿No le preocupan los impactos sociales, económicos y ambientales que generalmente
provocan las explotaciones petroleras?
J.M.: La perforación indicará si hay petróleo o no ahí. La solicitud que ha hecho la Occidental es
para la exploración, no para la explotación. Si aparece petróleo la empresa tendrá que pasar un nuevo
plan de manejo ambiental. Creo que esta es una magnífica oportunidad en el país para encontrar
soluciones concretas a problemas que hemos conocido en el pasado por el impacto de proyectos
petroleros en diferentes regiones.