20 julio 2013

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Choque fatal de conductor ebrio no fue accidente

JUDICIAL¿Por qué manejar borracho en Colombia aún es tolerado? ¿Qué hacer?

Choque fatal de conductor ebrio no fue accidente. La lujosa camioneta de Fabio Salamanca y el taxi en que viajaban las dos jóvenes muertas quedaron semidestruidos. La televisión alcanzó a mostrar a Salamanca en compañía de su madre y un policía, antes de que el primero abandonara la escena a bordo de una ambulancia.

La lujosa camioneta de Fabio Salamanca y el taxi en que viajaban las dos jóvenes muertas quedaron semidestruidos. La televisión alcanzó a mostrar a Salamanca en compañía de su madre y un policía, antes de que el primero abandonara la escena a bordo de una ambulancia.

"¡Yo los maté!… ¡yo debí morir!… ¡Yo no quería matarlos!… Me tiré la vida y la de mi familia, yo nunca había hecho nada malo en la vida… Yo solo me tomé cinco tequilas”. Esas eran las frases que Fabio Salamanca repetía, sentado sobre una cama en pijama, cuando los psiquiatras de Medicina Legal lo visitaron el lunes 15 de julio a su habitación de la Clínica Monserrat de Bogotá. A pesar de que ya habían pasado tres días del choque fatal, estaba aún desconcentrado e inestable. Una ansiedad intensa lo dominaba. No se quedaba quieto y mientras lloraba hablaba de culpa y muerte. 

En el informe de los peritos de Medicina Legal, al que SEMANA tuvo acceso, se concluye que Salamanca sufre de una “reacción de ajuste”. No se trata de una enfermedad mental, sino de un proceso de adaptación emocional al estrés. No encontraron evidencia de una psicosis o de que estuviera confundiendo la realidad con la fantasía, pero decidieron obedecer a los médicos que lo trataban y lo dejaron en la clínica. “Para nosotros en diez días el examinado podrá estar en condiciones de presentarse ante la autoridad que lo requiera”, escribieron.

En la madrugada del viernes 12 de julio, este ingeniero de 23 años se subió completamente ebrio a una lujosa camioneta y la condujo por la calle 26 de Bogotá a 160 kilómetros por hora –según un primer análisis de la Policía– y a la altura de la avenida 30 terminó clavado en la parte trasera de un taxi. Mató a dos mujeres y dejó al conductor gravemente herido. Desde entonces, el nombre de Fabio Andrés Salamanca lleva más de una semana en los titulares y ha causado indignación.

Las palabras que pronunció cuando los forenses lo visitaron reflejan la complejidad del caso. Es un drama para la familia de las dos fallecidas y para la del taxista, que sobrevivió de milagro. Es una tragedia para los allegados de Salamanca y, por supuesto, para él mismo, pues posiblemente ninguno pensó que la vida podía dar un giro tan repentino y negativo.

Y es también un ejemplo de cómo el país ha sido incapaz de controlar un comportamiento que cada año acaba con cientos de vidas. En lo corrido de 2013, 296 personas han muerto en Colombia por culpa de conductores ebrios. En Bogotá, cada 40 minutos la Policía detiene a un borracho al volante. Salamanca dice: “Yo solo me tomé cinco tequilas”. Por momentos pareciera que en Colombia, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, ir borracho fuera un atenuante y no un agravante. “Dios confía en sus borrachitos”, reza un triste adagio criollo.

Este nuevo episodio deja claro que lo que ocurrió no fue un accidente. Fue mucho más que eso y Salamanca, en primera línea,  tiene la responsabilidad. La Fiscalía le imputará cargos por homicidio por dolo eventual y lesiones personales. Pero, a la vez, el caso destapa grandes fallas que también hacen responsables a las instituciones y a la sociedad. 

A pesar de la furia que generan estos casos, las actuaciones de la Policía y los organismos de Justicia siguen dejando dudas, la ley no castiga con severidad, y la sociedad no aprende. Las campañas publicitarias y las políticas públicas parecen impotentes y –a pesar de las mejorías de los años recientes– manejar borracho sigue siendo un comportamiento tolerado.

Poco después de la colisión, policías y ambulancias llegaron al lugar. Los rescatistas se abalanzaron sobre el taxi para salvar a sus ocupantes. Ana Torres, una ingeniera de sistemas de 25 años, y su colega Diana Bastidas, de 26, estaban con vida. Pero una murió en el camino al hospital y la otra, poco después de llegar. Mientras tanto, las cámaras de televisión habían llegado a la calle 26. Los videos muestran a Salamanca en shock. Un policía lo tiene de un brazo, mientras su madre lo abraza. Al cabo de unos minutos, el mismo Salamanca aparece sobre una camilla, entra a una ambulancia y deja la escena.

La Policía arguye que lo dejó ir porque estaba “lesionado”. “¿Qué está primero: capturar o salvar una vida?”, le dijo a SEMANA una fuente de esa institución. Sin embargo, ese procedimiento ha provocado un gran debate, pues, ido el perpetrador, se rompió la flagrancia y no fue posible capturarlo. El director seccional de Fiscalías de Bogotá, Eduardo Carranza, dijo que se trata de un “grave error de procedimiento”. 

Los familiares de Bastidas y Torres se refieren a testigos que supuestamente vieron cómo el conductor, sano y salvo, entró con su madre y un policía a un local y luego se montó a una ambulancia. Allegados a todas las familias han dicho que Salamanca estaba ileso tras el choque. Y algunos, según pudo conocer esta revista, ya estudian la posibilidad de poner una queja ante la Procuraduría y acusar a la Policía de prevaricato por omisión.

SEMANA pudo establecer que una médica del Hospital Universitario Mayor (Méderi), aparte del aliento a alcohol (Salamanca presentaba grado tres de alcoholemia, el máximo), no le encontró más que una herida de dos centímetros en el labio y le dio de alta. ¿A qué lesiones se refiere la Policía? La Policía de Tránsito dice haber llegado al lugar cuando Salamanca ya se había ido. Y la Policía Metropolitana de Bogotá se limitó a decirle a esta revista que está investigando lo sucedido. Nada más.

Esta falta de claridad ya causa escozor en algunos sectores de la sociedad. En las redes sociales y en los foros de los medios hay mensajes que acusan a las autoridades por haber favorecido a Salamanca por su condición económica. Salamanca manejaba una camioneta Audi, estudió en la Universidad de los Andes y sus padres son comerciantes pudientes.

Este caso recuerda otros. El más reciente tuvo lugar en julio de 2012, cuando Juan Carlos Varela chocó con su carro a unos motociclistas en La Calera y tres resultaron muertos. Varela presentaba el grado dos de alcoholemia, pero abandonó la escena del choque. Pagó una indemnización de 1.200 millones de pesos y lo sentenciaron a 5,9 años de casa por cárcel. 

Un año y medio antes, en enero de 2011, el comisionista de bolsa Juan Carlos Chávez mató a una estudiante mientras manejaba con grado tres de alcoholemia por la carrera Séptima de Bogotá. Tras darles a los familiares 550 millones de pesos, fue condenado a 4,5 años de casa por cárcel. En contraste, en agosto de 2010 Rodolfo Sánchez fue condenado a 18 años de prisión por matar a dos personas mientras manejaba borracho.

Las diferencias pueden causar malestar, pero pagar para llegar a un preacuerdo y reducir penas es permitido. Y sin embargo, justo ahí está el problema: esos trámites son posibles porque, a diferencia de países europeos y Estados Unidos, manejar ebrio en Colombia no es un delito. 

El 20 de julio, el movimiento Mira presentó una iniciativa para modificar el Código Penal. “Vamos a tipificar esto como un delito”, le dijo a esta revista la representante Gloria Stella Díaz. El proyecto busca castigar con hasta seis meses de casa por cárcel a quien maneje con tragos (así tenga el menor grado de alcoholemia), con prisión a quien reincida y quiere poner en la categoría de homicidio doloso a quien cause una muerte por conducir con el máximo grado, lo cual da penas entre 13 y 27 años.

Expertos en Derecho Penal consultados por SEMANA consideran necesarias tales medidas. Según ellos, lo que hizo Salamanca al subirse borracho a su carro es una situación similar a la de alguien que dispara un tiro al aire y termina matando a una persona. No quería hacer ese daño, pero sabía que podía ocurrir y no hizo nada para evitarlo. La ley ve en estos casos un nivel de desprecio de la vida de los otros que debe ser castigado, pero que en la situación legal actual suele ser relativizado. La figura del homicidio doloso podría zanjar cualquier debate.

Es difícil abandonar el pesimismo. Por un lado, los cambios legislativos pueden surtir efecto. Hoy las penas contra los borrachos son más fuertes que antes y ha habido avances. Pero, por otro lado, la sociedad no parece aprender: el pasado miércoles, un borracho arrolló a padre e hija en Tunjuelito a plena luz del día. No tenía licencia, pues se la habían quitado en marzo por manejar con tragos. Henry Murrain, director de proyectos de Corpovisionarios, ve fallas en las campañas publicitarias y en las políticas públicas, pues no crean la conciencia de que el prójimo es importante. Y añade: “No tenemos un proyecto colectivo donde el otro le duela a uno”. 
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El taxista Hollman Cangrejo aún se recupera en un hospital de las graves heridas que le dejó el accidente. Las ingenieras de sistemas Ana Torres y Diana Bastidas no tuvieron tanta suerte y perdieron la vida poco después de ser rescatadas por las ambulancias.

Juan Carlos Varela mató a tres motociclistas cuando manejaba embriagado en agosto de 2012. Hoy paga 5,9 años de casa por cárcel.

Fernando Abello mató a una mujer y dejó cinco heridos en agosto de 2011. Paga cuatro años de cárcel en La Modelo.

Juan Carlos Chávez mató a una estudiante en enero de 2011 mientras conducía con grado tres de alcoholemia. Hoy paga 4,5 años de casa por cárcel.

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