¿Choque de frentes?

Los dos titulares con los que el periódico El Tiempo abrió su primera página los días jueves y viernes de la semana pasada reflejan con una preocupante claridad la polarización que vive el país y las visiones antagónicas que tiene el Establecimiento del conflicto armado. El jueves el diario salió a la calle con el titular “Llegó la hora de concertar“, citando una frase pronunciada por el presidente Andrés Pastrana durante el lanzamiento del Frente Común contra la Violencia, en el que el gobierno y varios partidos convocan al país a avanzar por el camino de la negociación política.

El viernes, con el mismo despliegue —tres columnas— se podía leer en los semáforos el titular “Gremios se endurecen”, que interpretaba la posición de varios empresarios, algunos de los cuales —como los ganaderos— pedían al gobierno la creación de milicias nacionales y la declaratoria del Estado de conmoción interior para hacerle frente a la ola de violencia que se vive en el campo.

Una tercera posición, que no tuvo tanto despliegue en los medios pero que también resulta políticamente significativa, es la del Frente Social y Político, integrado por una coalición de fuerzas de izquierda e independientes que no quiso participar en la convocatoria del Presidente porque la consideraban miope y excluyente por lo bipartidista.

Estas tres posiciones, cada una con una interpretación distinta de la violencia y de su solución, se empezaron a visualizar en un momento particularmente crítico del proceso de paz: en medio del congelamiento unilateral de las negociaciones por parte de las Farc, de las primeras escaramuzas del Plan Colombia en el Putumayo y con ellas los cientos de refugiados a Ecuador, de una mesa de negociación que lleva dos años sentada y no ha logrado un solo hecho de paz, de una opinión pública cada día más incrédula y cínica y de la creciente injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Son tres frentes que, además, se van a medir entre sí y dentro de sí con un evento tan polémico como trascendental: la prórroga de la zona de despeje el próximo 6 de diciembre.



El frente duro

Las críticas que le hicieron los gremios de autopartes (Asopartes) y ganadero (Fedegan) al proceso de paz en Cartagena no tienen nada de nuevo. Pero éstos últimos, a sus usuales comentarios sobre la indebida utilización de la zona de distensión, la inutilidad de la mesa de negociación y la debilidad del Ejecutivo para afrontar la negociación, agregaron una propuesta que puso a hervir el ambiente político: crear unas milicias nacionales para defenderse de la guerrilla. Este tema le puso los pelos de punta a más de uno después de lo que sucedió en el Magdalena Medio a mediados de los años 80, donde grupos de autodefensas campesinas legales integraron temibles grupos paramilitares.

Pese a los fantasmas del pasado Jorge Visbal, presidente de Fedegan, dijo en Cartagena, ante la ovación de sus afiliados: “No puede ser que Colombia, uno de los países más amenazados, campeón mundial de los secuestros, no tenga el derecho de defenderse que tienen otros que no sufren un conflicto como el nuestro”. La propuesta de la creación de las milicias cayó como un baldado de agua fría dentro del gobierno, sobre todo después de que las Farc congelaran las negociaciones por la supuesta falta de voluntad del Ejecutivo de luchar contra el paramilitarismo. Para los voceros del gobierno esta es una propuesta temeraria que sólo agudiza la guerra y entorpece el proceso de paz. Para las Farc es sólo la búsqueda de legitimar el crimen a nombre del Estado.

Al congreso de Fedegan también asistió el precandidato a la Presidencia Alvaro Uribe Vélez, quien aprovechó para criticar la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas de ingobernabilidad y, de paso, se fue lanza en ristre contra la zona de despeje. “Después de dos años del despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados y de abandono a 100.000 ciudadanos el resultado es desastroso: en lugar de un laboratorio de paz se ha permitido la consolidación de un paraíso de delincuencia de la guerrilla”, dijo Uribe.

La posición de Uribe Vélez inspiró a gran parte del auditorio (que lo aplaudió de pie), unos ganaderos que sienten en carne propia el fuego cruzado de la guerra y la ausencia del Estado. Pero también interpreta a varios sectores del país que sienten que la legitimidad del Estado no se recupera por la vía de las concesiones a la guerrilla sino retomando las riendas del principio de autoridad. Este sector, que estaría a la derecha del espectro (aunque muchos se nieguen a reconocerlo), se opone con vehemencia a una eventual prórroga del despeje si no viene acompañada con hechos de paz concretos. La reunión de Cartagena creó, pues, una especie de frente de facto, cada vez más nítido y organizado, cuyas posiciones ante al proceso de paz cada vez son más radicales e intolerantes.



El Frente Común

Justo el día anterior a la movida cumbre en Cartagena había salido el presidente Pastrana en televisión a lanzar el Frente Común por la Paz y contra la Violencia. El comunicado de 11 puntos que leyó ante los colombianos era el resultado de las conversaciones entre el gobierno con el Partido Liberal, el Partido Conservador, miembros de sectores independientes y un representante de Noemí Sanín para buscar acuerdos que condujeran a la paz. En palabras del ministro del Interior, Humberto de la Calle, el mensaje del Frente es: “Señores violentos, no interpreten las diferencias del sistema como diferencias en los temas esenciales como el secuestro, la extorsión y el Derecho Internacional Humanitario”. Y su prioridad es el cese del fuego y hostilidades, solucionar el tema de la zona de despeje y avanzar en la mesa de negociación.

Más allá de los puntos, que en su mayoría se han convertido en un desafortunado lugar común de toda declaración (respetar a la población civil, suscribir un acuerdo sobre el Derecho Internacional Humanitario, instar a que se logren hechos de paz…), este Frente fue muy bien recibido por la opinión pública.

Y ello porque es un primer paso hacia la cohesión de un Establecimiento que se ha ido resquebrajando debido a sus propias contradicciones. El periódico El Tiempo exaltó esta iniciativa porque, como lo señaló en su editorial del viernes pasado: “En los últimos dos años, las Farc, con su inquebrantable unidad de criterio, han sabido aprovechar la evidente polarización y las divisiones entre las fuerzas que operan dentro de aquello que llaman Establecimiento”.

La aparición de este Frente no se puede equiparar en su dimensión y proyección a lo ocurrido en Cartagena con las declaraciones de los gremios. Este cuenta, ni más ni menos, con el poder político: el gobierno y los partidos. Y falta ver si en las próximas semanas se suman las altas Cortes, empresarios, la Iglesia, movimientos sociales y ONG.

Por esta razón la iniciativa le ha dado oxígeno político a un gobierno que ya no tenía margen de maniobra frente al proceso de paz. Por un lado, porque le da una legitimidad que lo fortalece en la mesa de negociación. Y, por el otro, le deja claro a la guerrilla que no está frente a un gobierno aislado y que no tiene interlocución con su clase dirigente. Pero también tiene un efecto positivo hacia afuera: tranquiliza los mercados internacionales, que ven con temor la progresiva anarquización de nuestro país, y le devuelve cierto grado de soberanía a las decisiones políticas internas, cada vez más en manos de los burócratas de Washington.

No pasará mucho tiempo para que la dinámica de la guerra le mida el aceite al Frente Común. Ya sea porque las Farc tengan como objetivo cambiar la agenda e imponer el tema del canje o porque quieran sacarle ventaja política a una nueva ofensiva militar, como lo ha señalado el analista Alfredo Rangel. “Para descongelar el proceso la actividad política y militar en las próximas semanas podría ser muy intensa. El nuevo respaldo político de que goza el gobierno le permitiría incrementar su apuesta de negociación; irónicamente, su fortalecimiento podría beneficiar a la guerrilla si ésta impone su ventaja militar”, dice Rangel, quien no augura un diciembre tranquilo en materia de orden público.

Lo cierto es que la supervivencia del Frente Común depende de la continuidad del proceso de paz. “El Frente puede ser interesante en el sentido de que sirve para luego estar negociando la paz. Si no empieza la negociación o no se llega a un acuerdo pronto no se puede sostener más”, dice Horacio Serpa, jefe del partido de oposición y miembro del Frente Común. Y la prueba de fuego será, sin duda, el día de la prórroga de la zona de distensión.



El frente disidente

En la tercera trinchera política se encuentran un grupo de sindicalistas, ONG, facciones de izquierda dentro del paraguas del Frente Social y Político y bajo la égida de su carismático líder, Luis Eduardo Garzón. Se podría decir que este frente está al otro extremo del abanico ideológico del seudofrente que pide ‘mano dura’ y a mitad de camino del que convocó el gobierno.

A pesar de haber sido invitados por el Presidente a discutir y firmar la declaratoria contra la violencia se abstuvieron de participar porque tienen una visión distinta sobre las causas de la violencia y sobre cómo combatirla. Para ellos el problema no radica en que unos ‘buenos’ deben cerrar filas contra unos ‘malos’ que tienen sitiado y atemorizado al país —los paras y la guerrilla— sino que el fenómeno de la violencia debe verse en su integridad. Es decir, incluir al Estado como generador de violencia: por su falta de presencia en las regiones, su precariedad institucional, su corrupción atávica y su manejo excluyente del poder.

Para el Frente Social, el Estado también agrede. Y una búsqueda de la paz pasaría necesariamente por cuestionar la responsabilidad de todo el mundo —incluido el gobierno— en la violencia. “Este no es un problema de dos locos donde el gobierno es víctima”, dice Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT. “El país no necesita un frente contra la violencia sino un frente por la negociación política. En ese caso nos subiríamos al bus”. Para Garzón, el gobierno de Pastrana mantiene una ambigüedad y, ante la falta de resultados en materia de paz, empieza a hacerles concesiones a los que ven que la única alternativa es la guerra y no la salida negociada.

Es claro que el escalamiento de la guerra ha ido polarizando no sólo a las fuerzas políticas sino también al grueso de la opinión. Mientras unos gritan que hace falta mano dura otros dicen que hace falta más democracia. Y los dos, desde sus orillas, tienen razón. En Colombia no se puede acabar la guerra si no hay un fortalecimiento y una modernización de las Fuerzas Militares. Pero tampoco se podrá ganar si las élites (políticas, económicas, sindicales, etc.) no abren las corroídas compuertas del poder al pluralismo, la participación y la transparencia.

Lo positivo de esta embrionaria conformación de frentes, aun si en ciertos aspectos se repelen, es que hay unas organizaciones políticas en torno a unas ideas y unos proyectos. Y que tienen, aunque también de manera muy incipiente, una fórmula de defenderlos dentro de la legalidad.

Hay que esperar, por el momento, lo que suceda con la zona de distensión para ver por dónde cogen las fichas en este ajedrez con peones de tres colores.