‘Chuzadas’ del DAS: crimen y castigo

El viernes 27 de febrero el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castro, leyó el proyecto de fallo en donde anunció la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. Se trató de un hecho sin precedentes ya que son, hasta el momento, los dos más altos funcionaros del gobierno de Álvaro Uribe en ser hallados culpables del espionaje ilegal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y políticos de oposición, en el escándalo que fue conocido como las chuzadas del DAS.

El anuncio de la lectura del proyecto de fallo tomó por sorpresa a muchos, pues se había especulado que a la Corte le tomaría varias semanas llegar a una decisión. Sin embargo, la realidad es que no se trató de una determinación acelerada. El escándalo del espionaje ilegal del DAS estalló hace exactamente seis años. Desde entonces casi 70 personas fueron investigadas por esos hechos, 20 de las cuales fueron condenadas y aceptaron cargos. El juicio contra Hurtado y Moreno tomó más de dos años a lo largo de los cuales se realizaron 94 audiencias en la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo la exdirectora del organismo de inteligencia estuvo refugiada en Panamá, y Moreno alcanzó a permanecer detenido 20 meses, hasta marzo de 2013, cuando le permitieron afrontar el juicio en libertad.

La condena

En poco mas de una hora el presidente de la sala penal hizo un resumen del caso y de los cargos en contra de Hurtado y Moreno. El magistrado aclaró que mientras se anuncia la pena a la cual serán condenados, lo que ocurrirá el próximo 5 de marzo, el exsecretario general de la Presidencia podrá continuar en libertad. Debido a su fuga hacia Panamá, la Corte fue enfática en afirmar que Hurtado no podrá contar con ese beneficio y deberá permanecer en su celda del búnker de la Fiscalía.

La Corte halló culpable a Hurtado por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. En el caso de Moreno la sala penal lo encontró responsable de los primeros tres delitos que le imputaron a la exdirectora del DAS.

Sobre el primer cargo, los magistrados consideraron que Hurtado y Moreno se unieron en una estrategia común, que tuvo como fin usar los recursos y a funcionarios del organismo de inteligencia para conseguir información para atacar a varias personas consideradas opositores o críticos del gobierno Uribe. Concretamente, se mencionó el caso de los seguimientos ilegales en contra del periodista Daniel Coronell, quien fue víctima de hostigamientos por personal del DAS. De igual forma, el fallo menciona que, por instrucciones de Hurtado y Moreno, agentes de inteligencia del DAS recolectaron información personal sobre los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, la cual posteriormente fue filtrada a los medios con el fin de atacarlos. Caso similar ocurrió con la excongresista Yidis Medina quien, según el fallo, fue víctima de montajes por parte del DAS buscando desprestigiarla.

Uno de los señalamientos más graves para Hurtado y Moreno con respecto al cargo de concierto para delinquir tiene que ver con que, según el fallo, los dos funcionarios promovieron y ejecutaron dos polémicas operaciones de espionaje para atacar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El primero de los casos mencionados fue la llamada 'operación paseo'. El asunto tuvo que ver con los seguimientos y consecución de información que Hurtado y Moreno ordenaron sobre un viaje de un grupo de magistrados, el cual presuntamente fue pagado por un polémico personaje llamado Ascencio Reyes. De acuerdo con el fallo, si bien era una inquietud legítima, las verificaciones que efectuaron los agentes de inteligencia descartaron cualquier tipo de infiltración. No obstante, y siendo conscientes de esto, según el fallo Hurtado y Moreno se pusieron de acuerdo para filtrar datos e información falsa a la prensa para desprestigiar a los magistrados que estuvieron en el viaje.

La segunda acción ilegal que fue mencionada en el fallo condenatorio es la llamada ‘operación escalera’. Este afirma que Hurtado ordenó que una detective del DAS, conocida con el alias de la Mata Hari, infiltrara la Corte Suprema de Justicia para instalar grabadoras para conocer las conversaciones y debates internos de los magistrados. Esta también se robó expedientes clasificados de los magistrados. Toda esta información tuvo como destinatario al exsecretario general de la Presidencia.

El cargo de violación ilícita de comunicaciones, por el que fueron condenados Hurtado y Moreno, básicamente se fundamenta, según el fallo, en la interceptación a los correos electrónicos de Piedad Córdoba. Otro cargo en común es el de abuso de la función pública. Esto tiene que ver con el hecho de que, para la Corte, la exdirectora del DAS y el exsecretario general de la Presidencia impartieron órdenes ilegales siendo funcionarios públicos, como solicitar reportes financieros o datos sobre propiedades de personas consideradas como blancos de la inteligencia estatal como Ramiro Bejarano o el expresidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete.

Lo que viene

Los delitos por los cuales fueron condenados Hurtado y Moreno contemplan penas de cárcel que oscilarán entre los 12 y 18 años de prisión. A pesar de lo elevadas que serán, algunas de las víctimas del espionaje quedaron inconformes por el hecho de que sus casos no fueron mencionados en el proyecto de fallo. Esto puede ser cierto pero tiene una explicación.

Los magistrados de la Corte se limitaron a proferir el fallo con base, exclusivamente, en los elementos que fueron expuestos por la Fiscalía a lo largo del juicio. Como el tema es extremadamente complejo, extenso y tiene muchas aristas y personajes, la estrategia de la Fiscalía durante más de dos años de audiencias consistió en concentrarse en las evidencias y testigos esenciales que permitieran concretar una condena rápida y contundente contra los acusados.

Sin embargo, esa condena es solamente el primer capítulo y la verdadera expectativa gira alrededor de cuál será el segundo. Como parte de la conspiración y el espionaje efectuados por el DAS entre 2007 y 2009 hay dos hechos relevantes que no fueron mencionados en el fallo de la semana pasada. Uno de estos es el que en su momento fue conocido por la opinión pública como el caso Tasmania. Se trató del primer intento por parte del DAS de atacar a los principales magistrados que investigaban los casos de la parapolítica. A mediados de 2007, un paramilitar llamado José Orlando Moncada, conocido con el alias de Tasmania, realizó graves señalamientos contra Iván Velásquez, el magistrado estrella de la Corte Suprema de quien dijo que le había realizado una serie de ofrecimientos a cambio de que vinculara al entonces presidente Álvaro Uribe con el asesinato de un paramilitar. Dos años más tarde la Fiscalía estableció que se trató de un montaje contra Velásquez orquestado por Hurtado y el personal del DAS.

El otro episodio, no menos grave y escandaloso, ocurrió en abril de 2008 cuando SEMANA reveló que un grupo de paramilitares había ingresado a Palacio por los sótanos con el fin de sostener reuniones para planear acciones contra la Corte Suprema, escándalo que fue conocido como ‘la Casa de Nari’. A esas citas acudió el abogado de Don Berna y su hombre de confianza, alias Job. Ellos se reunieron con el entonces secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez. A esas citas también acudió una alta funcionaria del DAS enviada por María del Pilar Hurtado. Por instrucciones de los funcionarios de Palacio los paramilitares realizaron grabaciones clandestinas de citas con Velásquez y otros integrantes de la Corte, para lo cual el DAS, incluso, les suministró grabadoras de esa entidad. La intención era tender una trampa a los magistrados y realizar montajes para posteriormente filtrarlo a la prensa.

Si bien estos dos episodios no están mencionados en el fallo de la semana pasada, irónicamente podrían representar una minitabla de salvación para Hurtado e incluso para el propio Moreno. Por cuenta de los casos de Tasmania y ‘la Casa de Nari’, hay abiertas investigaciones contra otros altos funcionarios de la Casa de Nariño. Los casos están vivos, han avanzado lentamente pero tienen testimonios reveladores de lo que ocurrió como el del propio Don Berna (ver artículo siguiente). La opción que ahora se abre para la recién condenada exdirectora del DAS y el exsecretario general de la Presidencia consiste en que podrán obtener beneficios convirtiéndose en testigos de la Fiscalía para esos casos. Eso implicaría aclararle a la Justicia cuál fue la participación de cada uno de sus jefes en esos episodios.

De acudir a esta opción tendrían derecho a una importante reducción en sus condenas. La eventual ayuda para esclarecer esos episodios implicaría que en pocos meses otros altos funcionarios cercanos al expresidente Uribe podrían terminar con serios líos judiciales.