CI2-RT, la estrategia para proteger a quienes intentan recuperar sus tierras

El 11 de mayo del 2010 fue encontrado el cadáver de Albeiro Valdés Martínez en la carretera destapada que conecta a Turbo con Necoclí (Antioquia). Le decían ‘Colombia’ y era uno de los líderes del proceso de restitución de tierras en el Urabá. Durante los últimos años de su vida peleó para lograr que le devolvieran las hectáreas que a él y a su familia les había robado el paramilitarismo. Su muerte fue anunciada. Y desde cuando ocurrió, víctimas que buscan la restitución de sus tierras no ha dejado de denunciar, de pedir ayuda, de exigir protección.
 
Carmen Palencia, desde la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras de Urabá y como directora de ‘Tierra y vida’, que tiene el mismo propósito, ha sido una de ellas.
Por eso, la noticia que este miércoles dio a conocer el Gobierno a través del Ministerio de Defensa no la sorprende, pero sí -dice- la tranquiliza. “Desde hace más de un año, cuando murió ‘Colombia’, hemos pedido por diferentes medios y ante diferentes instancias que se conforme una comisión especializada donde se haga investigación de los casos de atentados y amenazas de las que hemos sido víctimas quienes buscamos que se nos regresen nuestras tierras”, cuenta Carmen.

La propuesta se llama Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT) y consiste en una mesa de trabajo conformada por los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia e instituciones gubernamentales. La idea es, palabras más palabras menos, contribuir a la adopción de decisiones que garanticen la protección y la seguridad del proceso de restitución de tierras que se viene adelantando y que se desarrollará con base en la ley de tierras que se tramita en el Congreso.
 
Carmen cree que aunque buena, la decisión de crear esta mesa de trabajo llegó tarde. El mismo ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, lo reconoce. “Si este mecanismo se hubiera adoptado en el pasado, nunca habrían ocurrido casos en los cuales se asignaron tierras a testaferros de organizaciones delincuenciales”, dijo.
 
Y es que no solo se trata de hacer un mapeo de las zonas donde los que piden la restitución y la titulación de tierras están en peligro. La idea es que se supervisen los procesos y así se evite que, como ya ha pasado, las tierras queden en manos de testaferros de los mismos grupos armados que se las arrebataron.

Desde el 2007 han sido asesinadas por lo menos 50 víctimas que estaban en el proceso de restitución de tierras. Óscar Maussa, Édgar Bohórquez, Hernando Pérez, Jair Murillo y Albeiro Valdés Martínez son algunos. Sus muertes demuestran lo que los líderes que se resisten a desistir de la restitución repiten: “Estamos amenazados, pero vamos a seguir hasta que se nos regrese lo que nos quitaron”. La frase es de Carmen, amenazada tantas veces que ya perdió la cuenta, y quien ha tenido que abandonar por varias temporadas el Urabá. Ahora mismo no está allá. “La persecución no para”, dice.

Ella espera que la iniciativa que lidera el Ministerio de Defensa sea efectiva. Según el ministro Rivera, se espera blindar el proceso de las presiones de grupos armados, coordinar y fusionar toda la inteligencia de distintas agencias del Estado y sobre las zonas específicas donde se va a dar la restitución, hacer labores de inteligencia que garanticen la seguridad, individual y colectiva.
 
El primer mapa de riesgo revela que hay cuatro municipios con riesgo extraordinario, 58 con alto, 16 con medio y 445 con bajo.
 
Muchos se preguntan si será suficiente la coordinación de las fuerzas militares y la Policía con jueces y fiscales, y del Estado para proteger a quienes están siendo beneficiados con la política de restitución de tierras.
 
El vicepresidente Angelino Garzón precisó que “este no es un esquema de protección individual, sino un esquema al conjunto de la comunidad”. Y añadió que “vamos a ser muy duros para perseguir las acciones criminales que afecten la restitución y la titulación de tierras”.
 
Garzón reconoció que el proceso de restitución se da en el “marco de una situación en la que existen organizaciones criminales con capacidad de hacer daño, sin una situación de paz totalmente consolidada, pero lo predominante es el país en progreso”.

Entre tanto, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, planteó la necesidad de que el proceso sea gradual y focalizado, y resaltó la importancia de la actuación de la justicia para perseguir a quienes estropean la restitución.

Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Cesar, Córdoba, Sucre y Santander son los departamentos que por su crítica situación en este sentido demandarán la acción casi inmediata del CI2-RT.
 
¿Cuándo empieza? Según el propio ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ya hay un par de oficiales ejerciendo la secretaría técnica de la mesa en el INCODER, despachando y coordinando desde allí. “Operará donde haya procesos de restitución en marcha e inquietudes en materia de seguridad".
 
Carmen Palencia espera que en abril, cuando empiece un proceso de restitución en seis veredas ubicadas en dos municipios del Urabá, se sienta el plan de choque anunciado por el Gobierno. No quiere que las amenazas en su contra se vuelvan realidad.
 
Algunos líderes asesinados en el proceso de restitución de tierras
 
- Albeiro Valdés Martínez: en la mañana del martes 11 de mayo del 2011, en un paraje de la vía que conduce de Turbo a Necoclí, en Antioquia, fue hallado el cadáver de este hombre, quien era parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (ASOVIRESTIBI), como líder de las víctimas de su comunidad.

- Rogelio Martínez: en la noche del 18 de mayo del 2010, cuando se dirigía a la finca La Alemania, en la vereda las Pavas, corregimiento Plan Parejo en el municipio de San Onofre, Sucre, fue asesinado por hombres encapuchados. Este hombre, que trabajó en procesos de restitución de tierras, había logrado volver a su finca en el 2007, luego de haber sido desplazado. Las amenazas a su vida habían sido puestas en conocimiento de las autoridades por lo que el Comité Especial de Riesgos (CRER) había ordenado un estudio de seguridad que concluyó que estaba en alto riesgo.

- Jair Murillo: el 17 de julio del 2010 en el barrio Lleras de la ciudad de Buenaventura fue asesinado este líder afrocolombiano, representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), organización de población afrocolombiana desplazada de Buenaventura. Días antes de su muerte estaba coordinando una marcha nacional de desplazados que se realizaría en Bogotá.

- Hernando Pérez: fue asesinado el 20 de septiembre del 2010 en el corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí, Antioquia. Era dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá y había participado horas antes de su muerte en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado en el primer acto de ese tipo que realizó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

- Óscar Maussa: el 24 de noviembre del 2010 fue asesinado en la vereda Cañito, del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Óscar Maussa era líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (COOTRAGOBLAN).

-Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil: enero del 2011, miembros de la Mesa de Concertación de Tierras en el departamento de Tolima, fueron hallados durante el fin de semana en un paraje de la quebrada Santa Rosa, ubicada en la vereda La Trina, a 15 minutos del municipio de Líbano, Tolima.