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| 3/6/2012 12:00:00 AM

CIDH alerta que persisten riesgos para defensores de DDHH en Colombia

En su segundo informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH hizo especial énfasis en los casos de Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y Venezuela.

"La Comisión reconoce que algunos Estados han realizado importantes esfuerzos dirigidos a cumplir con las recomendaciones del primer informe. No obstante, persisten los obstáculos señalados en el informe del 2006 y en algunos casos se han intensificado", explicó la CIDH.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Colombia es uno de los países de América Latina donde los defensores corren más riesgos para ejercer su labor.

Según el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, durante 2010 cerca del 18 por ciento de los ataques sufridos por defensores fueron asesinatos, mientras que en los tres primeros meses del 2011 se registraron aproximadamente 96 casos de agresión contra ellos en el país.

La CIDH dio particular seguimiento al empleo de técnicas de inteligencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, destapadas en febrero del 2009 cuando se conoció que el DAS había interceptado las comunicaciones telefónicas de un gran número de personalidades públicas.

Pese a que se han abierto procesos judiciales respecto al escándalo del DAS y se han aprobado mecanismos legislativos para que no vuelva a suceder, la CIDH manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que los implicados puedan llegar a eludir la justicia.

En cuanto a México, la Comisión destacó que entre 2006 y 2010 fueron asesinados en ese país 61 defensores y se registraron al menos 128 agresiones a representantes de organizaciones pro derechos humanos.

La CIDH destaca la especial vulnerabilidad de las mujeres en México, también entre aquellas que intentan denunciar las violaciones o defender los derechos de otras mujeres.

"Si bien la situación de impunidad de muchos casos relacionados con violencia contra las mujeres ya era objeto de preocupación, durante el período de seguimiento al informe de 2006 se han recibido denuncias sobre el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos", destacó el organismo.

Sobre Brasil, la Comisión reportó que en tan solo cinco días, entre el 24 y el 28 de mayo del pasado año, recibió la notificación de amenazas de muerte contra 125 activistas y líderes campesinos relacionados con la defensa del medio ambiente, e informó del asesinato de cuatro de ellos.

Las principales víctimas de las amenazas son defensores opuestos a la tala ilegal del bosque tropical de la Amazonía brasileña, uno de los asuntos más controvertidos en el país.

La CIDH detectó además persecuciones, amenazas, agresiones y atentados contra líderes sindicales de la región, en especial en Guatemala y El Salvador, mientras que en Honduras la crisis política a raíz del golpe de Estado de 2009 agravó la situación de los derechos humanos.

Desde entonces se tiene constancia de asesinatos de nueve defensores de derechos civiles y políticos, tres líderes sindicalistas, catorce defensores de derechos de los pueblos indígenas y diecinueve ambientalistas, además de treinta activistas más.

El organismo interestatal considera que hay Estados en Centroamérica con un "uso abusivo" del derecho penal contra defensoras de derechos de las mujeres y una especial "criminalización" de quienes promueven el aborto terapéutico en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La CIDH insistió en el "serio problema" que suponen los ataques en Centroamérica a defensores de los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en un contexto de violencia contra quien ejerce una identidad sexual diferente a la "preconcebida como aceptada socialmente".

También denunció el "uso excesivo e injustificado" de la vía penal en Guatemala contra las poblaciones indígenas y campesinas que ocupan tierras en disputa.

Cuatro defensores ambientales murieron en Guatemala y cuatro más en El Salvador en los últimos años, lo que la CIDH interpreta como una "tendencia regional" por la presión de la industria extractiva.

En cuanto a Venezuela, la CIDH subrayó la actitud de rechazo que el país muestra ante las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y su obstaculización del trabajo de ONGs extranjeras.

La Comisión recordó que "en general, el Estado de Venezuela ha asumido una actitud de rechazo hacia las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen su soberanía nacional". EFE
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