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| 7/26/2012 12:00:00 AM

Cinco puntos de la contraofensiva de la defensa de Luis Carlos Restrepo

En un documento que pudo conocer Semana.com, la defensa del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo toma la ofensiva y le plantea al fiscal General, Eduardo Monetealegre, varias dudas que -a su juicio- no se han resuelto en el proceso.

La apoderada del excomisionado de paz, Mildred Hartmann, radicó este jueves un documento dirigido al fiscal General, Eduardo Montealegre, con el objeto de formular algunos interrogantes en torno al caso que la Fiscalía adelanta contra Restrepo, hoy prófugo de la justicia colombiana, procesado por la presunta falsa desmovilización de la compañía 'Cacica la Gaitana' de las FARC, que tuvo lugar el pasado 7 de marzo del 2006.
 
Entre las dudas planteadas por la defensa está el llamamiento al hijo del excomisionado, Felipe Restrepo Rubio como posible testigo de la Fiscalía, preocupación que el mismo Restrepo le habría comentado en una llamada telefónica al expresidente Álvaro Uribe, en la que le habría dicho que "le están presionando a sus familiares".
 
En el documento, la abogada también cuestiona el principio de oportunidad como herramienta de la Fiscalía y recuerda que esta se debe otorgar cuando se obtenga información que le dé un valor agregado a la investigación y exista la devolución del dinero apropiado para reparar el daño patrimonial a las víctimas.
 
La defensa alega que, a pesar de que son varios las personas que han confesado que pusieron en práctica el montaje dirigido a engañar al Estado y hacerles creer que hubo una desmovilización y que se trata de "ser delincuentes confesos", se les esté aplicando el "principio de oportunidad".
 
¿Cuáles son los puntos a los que hace referencia la defensa de Restrepo?
 
Entre los 14 interrogantes que la defensa le plantea a la Fiscalía, Semana.com recoge las cinco más llamativas.
 
Primero. La defensa se pregunta por qué José Alfredo Pacheco, quien se hizo pasar por guerrillero de las FARC, accedió a beneficios de la Ley de Justicia y Paz. "En consecuencia su situación actual ha sido alcanzada con fundamento en el engaño que él mismo ha confesado. A pesar de ello y de lo que pusimos en conocimiento de la anterior fiscal General, Viviane Morales, la Fiscalía no ha solicitado revocar la inclusión de este señor en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Mantenerlo en situación de recibir los beneficios de esta ley", argumenta la defensa y se pregutna si esto "¿forma parte de algún acuerdo alcanzado con la Fiscalía?".
 
Segundo. La defensa cuestiona el hecho de que en un índice de elementos materiales probatorios entregado por la Fiscalía una audiencia, dos días atrás, figura como posible testigo de la Fiscalía el hijo de Luis Carlos Restrepo, Felipe Restrepo Rubio, "a pesar de que en ninguno de los múltiples elementos que la Fiscalía nos ha descubierto señala siquiera por asomo vínculo alguno suyo con los hechos del caso. ¿Por algún motivo forma parte entonces de la estrategia de persecución penal de la Fiscalía General incluir los nombres de familiares acusados en la lista de testigos en su contra? En caso afirmativo, le solicito comedidamente indicar el motivo", pide la defensa.
 
Tercero. La abogada de Restrepo le cuestiona al fiscal General que le explique por qué motivo "la Fiscalía 16 solicitaría la aplicación de esta herramienta a favor del señor Salazar Pacheco, quien precisamente ha confesado su delito, no ha arrojado información que permita avances en la investigación, no ha devuelto los recursos habidos ilegalmente según la Fiscalía ni ha propendido por la reparación del Estado".
 
Cuarto. La defensa de Restrepo hace referencia también a la imputación que hizo el fiscal 16 contra Restrepo por el delito de porte ilegal de armas, fundamentada en que la estructura guerrillera obtuvo esas armas en el mercado negro. "¿Es el criterio de la Fiscalía General que los desmovilizados deben acreditar la obtención legal del armamento, para que pueda ser recibido por el Estado dentro de una acto de paz?", se pregunta.
 
Quinto. La defensa cuestiona el hecho de que la Fiscalía haya decidido renunciar a la investigación y eventual formulación de cargos de 58 desmovilizados, "que según la entidad eran falsos guerrilleros y obtuvieron beneficios del Estado, pero sobre los cuales no se ha iniciado ninguna acción penal".
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