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| 8/17/1998 12:00:00 AM

CITA EN EL EXILIO

Alvaro Leyva por fin decidió hablar. SEMANA lo entrevistó en México y esta es su versión.

El 9 de julio por la tarde, mientras Andrés Pastrana se preparaba para realizar la rueda de prensa en la que daría a conocer los detalles de su reunión con Tirofijo en algún lugar de Colombia, Alvaro Leyva Durán estaba sentado frente a la pantalla de un computador, en una cómoda oficina en Ciudad de México, leyendo un mensaje en el que le decían que todo había salido bien. Era el último de una serie de 82 mensajes vía Internet que iban y venían de México a Bogotá, de Bogotá a las montañas de Colombia y de allí nuevamente a México, con el fin de coordinar todos los detalles de la reunión entre el presidente electo y el jefe de las Farc.
En ese momento en Colombia se pensaba que Leyva estaba oculto en algún lugar de Centroamérica, o en México, buscando la protección de las Farc. Y que por encontrarse por fuera del país había tenido que delegar su papel como intermediario con el grupo guerrillero en sus acercamientos con Pastrana. Esa sensación se reforzó días más tarde con un comunicado de las Farc en el que decían que Leyva era un hombre vital para el proceso de paz. Pero él no estaba oculto, ni estaba protegido por miembros del grupo guerrillero, ni había sido reemplazado por alguien en las gestiones de paz.
Lo único cierto era que estaba en México. Pero no bajo el cuidado de las Farc, ni comiendo tacos con Marcos Calarcá, sino bajo la protección de poderosos miembros del establecimiento de ese país. "El senador Leyva es nuestro invitado y puede quedarse todo el tiempo que quiera", dijo un alto jerarca de la política mexicana, cuyo nombre SEMANA se comprometió a no divulgar. Y no sólo lo tienen como su huésped sino que le han buscado un lugar para trabajar "mientras se resuelve su situación jurídica". Aunque no lo afirman explícitamente, los anfitriones de Leyva le dan a éste un estatus de refugiado político.
Este último, sin embargo, evita dicha calificación, "para no agregar más enemistades a las que ya tengo". Prefiere decir que está en un "exilio temporal", que le recuerda la época en que _siendo todavía muy niño_ tuvo que salir del país con sus padres y sus hermanos por culpa de las circunstancias políticas que vivía Colombia. Y dice que espera regresar a Colombia una vez se haya resuelto su caso.
Mientras esto sucede Leyva no para de hablar sobre el único tema que lo ha obsesionado desde hace 12 años y en el cual ha seguido trabajando desde la capital azteca: la paz. A pesar de todas las especulaciones que hubo sobre el encuentro inicial entre la cúpula de la organización guerrillera y el delegado de la campaña, Víctor G. Ricardo, una cosa quedó en claro en la conversación de SEMANA con Leyva: él fue quien tomó la foto. Al menos una de las fotos. "Hubo dos máquinas y varias fotos. Y la campaña escogió la que más le servía".
Según Leyva, la razón por la cual no apareció en esa foto es muy sencilla. "Yo ya estaba indagatoriado y me habían puesto en una situación precaria, pero yo le dije a Víctor que no tenía ningún inconveniente en llevarlo y que lo esperaba con mucho gusto". Leyva y Víctor G. se conocen desde hace más de 25 años, y esa _aparte de ser el director político de la campaña de Pastrana_ fue la razón para su escogencia.

El problema del cheque
Pero en medio de sus sueños de paz Leyva enfrenta una realidad terrenal poco halagadora. Tiene medida de aseguramiento por haber recibido, en noviembre de 1994, un cheque por 49 millones de pesos procedente de una cuenta corriente abierta por un testaferro del cartel del Cali de nombre José William Romero, que resultó ser un campesino analfabeta. De esta cuenta se giraron cerca de 10.000 millones de pesos en menos de cuatro meses.
El cheque, según Leyva, le fue entregado por Jairo Aparicio Lenis, representante legal y principal accionista de una empresa llamada Cominco, con la que venía haciendo negocios desde hacía más de un año. Leyva le había vendido a Cominco 30 volquetas para transporte de carbón en el año 1993 por intermedio de una compañía constituida con algunos amigos de colegio de nombre Earth and Space.
Las volquetas valieron 1.900.000 dólares, que fueron cubiertos con una carta de crédito expedida por el Banco Ganadero, sucursal avenida de las Américas, de Cali, a nombre de Cominco, la empresa de Aparicio y de él mismo como socio principal. Posteriormente, sin embargo, se generaron, según Leyva, algunos gastos de posventa _por asistencia técnica y asesoría en compra e importación de repuestos, entre otros_ que fueron los que dieron lugar al cheque por 49 millones de pesos.
Lo que lo tiene enredado _además de la procedencia del cheque_ es que, de acuerdo con la Fiscalía, no existe ningún tipo de contrato que mencione las condiciones o cláusulas concretas que debieron regir el negocio. Ni en el caso de la venta de las volquetas, ni en el caso de los servicios de posventa. Tampoco existe algún documento que acredite el origen de la entrega del cheque, ni de un millón de pesos adicionales que él mismo reconoció haber recibido junto con el cheque.
Leyva asegura, por su parte, que al hacer tal aseveración la Fiscalía desconoce todas las pruebas que fueron aportadas al proceso. Según él, no sólo hay suficientes pruebas sobre la existencia del negocio sino sobre sus características y su licitud. Comenzando por las propias cartas de crédito y por el hecho, no menos significativo, de que toda la operación fue avalada por Prodeco, concesionaria de la explotación de la mina del Cerrejón Central y una de las empresas más importantes del sector minero del país. Fue Prodeco, según Leyva, la que le dijo que el negocio de las volquetas tenía que hacerse con Cominco.
Lo cierto es que de lo expuesto hasta ahora hay dos cosas claras. Sí se hizo una venta de volquetas y la operación no fue la más ortodoxa. Ni lo fue el comportamiento de los participantes. En cuanto al comprador, Cominco, Leyva afirma que esta compañía y Aparicio eran prácticamente la misma cosa. Y este último no tenía problemas judiciales. "Aparicio no sólo tenía más del 50 por ciento de la compañía sino que era el que aparecía en todo. Era el presidente de la junta directiva de la empresa. Fue él quien abrió las cartas de crédito a nombre de sus compañías y de él mismo como persona natural. Y era, además, una persona muy conocida en el sector. Yo me lo encontré una vez en el Gun Club en una reunión en donde estaba el Ministro de Minas y Energía. Y nadie tenía nada contra él". En otras palabras, Leyva hizo negocios con una compañía legal. Lo misterioso es por qué esa compañía hacía pagos a través de un campesino testaferro.

¿Ingenuidad o delito?
Y según la Fiscalía tampoco se entiende por qué Leyva lo recibió. De acuerdo con la providencia, "no se entiende cómo un personaje de las calidades y cultura del doctor Alvaro Leyva Durán, conocedor de la problemática del país y de todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, nos haga creer que aceptó la entrega de dineros por parte de personas y de cuentas ajenas a aquellos que intervinieron en el negocio jurídico... sin el menor titubeo y suspicacia que se exige a cualquier negocio".
Según Leyva, "si es una ingenuidad, la ingenuidad no es un delito. Lo que sí quiero decir es que la persona de Jairo Aparicio, el comprador, me producía toda la seguridad del caso porque no había fallado en nada. Porque era una persona a la que yo había tratado a los más altos niveles sociales y comerciales en Bogotá. El del contrato con Prodeco. Porque su yerno era el gerente de la empresa. Porque era el presidente de la junta directiva de la empresa. Yo no tenía porqué dudar de él. Y él me dijo que el firmante del cheque era un empleado suyo".
El punto es importante por dos razones. La primera, porque ante las dudas de la Fiscalía, Leyva sostiene que él nunca conoció a José William Romero, el campesino, y que el cheque le fue entregado directamente por Aparicio, punto que éste último aceptó en una declaración juramentada ante notario que fue anexada por la defensa al proceso. La segunda, porque para la época Aparicio no era señalado por ninguna autoridad como una persona que tuviera vínculos con el narcotráfico. Y ese es un argumento que le ha servido a otros sindicados para su defensa.

En la cuenta propia
Otra de las razones por las cuales la Fiscalía considera que Leyva cometió una irregularidad es el hecho de que el cheque hubiera sido girado a nombre suyo y consignado en su cuenta personal y no en la de la empresa que se supone representaba. Y que el pago no figure en ningún comprobante de egreso, ni recibo de caja, ni documento alguno salido de Cominco. Según Leyva, "Earth and Space no tenía cuenta en Colombia y yo, como representante legal en el país, estaba autorizado para recibir los pagos". El ex ministro demostró, además, que de los 50 millones que recibió, 20 se fueron a otro de los socios.
Pero ahí no acaban las sospechas de la Fiscalía. Según ésta, el hecho de que la sociedad hubiera sido constituida en el exterior y no tuviera cuenta en Colombia también sonaba raro. Para Leyva, sin embargo, eso es algo absolutamente normal. "Nosotros simplemente nos hicimos a una usanza comercial para los negocios internacionales. Pregúntele a cualquiera de los grandes de Colombia si esto existe y si ellos las tienen. La verdad es que ese tipo de empresas agilizan muchísimo los negocios. Además, esa es una determinación libre en un mundo de apertura".
Leyva dice que la Fiscalía no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la defensa y, por eso, presentó un recurso de apelación que debe ser resuelto en los próximos días. Y afirma que en su caso no se configura el delito de enriquecimiento ilícito porque la recepción de los 49 millones de pesos fue producto de un negocio lícito y porque para esa época ni él, ni nadie, tenían conocimiento de las relaciones de Jairo Aparicio con los capos de la droga. Y ese argumento ha sido importante en casos como el del ex ministro Guillermo Alberto González.

Caso complicado
Mientras se resuelve el recurso Leyva sigue trabajando en el tema de la paz, que ha sido su obsesión desde hace 12 años. Y que lo ha llevado a establecer unas relaciones a nivel internacional que la mayoría de los colombianos desconocían y que ahora le han servido mucho en México. Después de su salida del país ha recibido ofertas de asilo en tres países de la región. Su relación con la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), que lo viene apoyando en sus gestiones desde hace más de dos años y que está conformada por 48 partidos políticos del continente, parece inmejorable.
Lo cierto es que el caso de Alvaro Leyva es más complicado de entender que todos los que han aparecido hasta ahora de cheques de narcotraficantes a políticos. La regla general en esta materia ha sido que siempre se sabe qué capo paga y para qué. En el caso de Leyva ni lo uno ni lo otro es claro. Para la época de los hechos no había elecciones ni tenía cargo público de ninguna clase. De Leyva se sabe que tiene vínculos con la guerrilla y no con el narcotráfico. Por lo tanto no se entiende ni para qué le giraban, ni qué servicio les podía prestar. Si la plata viniera de la guerrilla también sería delito, pero por lo menos sería lógico.
Otra característica de todos los narcocheques es que los acusados tratan de justificarlos con negocios ficticios, como la venta de cuadros, tapetes persas o ganado. El negocio de las volquetas fue real. Las volquetas de Leyva existen. Por alguna razón la transacción no tiene la documentación normal para un negocio de 1.900.000 dólares. Sin embargo esto puede obedecer a muchas razones como desorganización, agilidad en el negocio o simples razones tributarias.
A primera vista el asunto de Leyva no se ve muy claro, pero tampoco es fácil concluir que se trate de un caso típico de enriquecimiento ilícito. Y él ha tenido una defensa confusa. Ante la Fiscalía sus argumentos han sido jurídicos y concretos, pero ante la opinión pública ha tenido un sesgo político que no lo ha favorecido. Un proceso penal en su contra, por un delito común, ha sido presentado como un obstáculo para el logro de la paz. Con el agravante de que las Farc se montaron en esa estrategia y expidieron un comunicado manifestando que la presencia de Alvaro Leyva era absolutamente indispensable para que el proceso de paz prosperara. Esto seguramente es cierto, pero al presentarse como exigencia de las Farc en lugar de ayudarlo lo perjudica. Si el delito del que se le acusa fuera político la posición de las Farc tendría sentido y probablemente éxito. Pero al no tener nada que ver los cargos contra él con el mundo de la insurgencia, tratar de mezclar lo uno con lo otro le genera un problema de presentación a una posible intervención del Presidente en su favor.
Mientras el caso se resuelve hay una realidad. Leyva sigue trabajando en el proceso de paz. El mundo de las comunicaciones modernas permite que esté donde esté siga moviendo los hilos para que sus dos antiguos amigos, Manuel Marulanda Vélez y Andrés Pastrana Arango, puedan continuar sus contactos en la búsqueda de la paz de Colombia.
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