Ciudades que dan miedo

Durante todo este año la banda 'Los chaquetones' sembró el horror en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, con el asesinato de diez personas del sector. Los habitantes de esta zona descansaron a principios de diciembre, cuando se enteraron de que siete de los delincuentes habían sido capturados. Pero cuál no sería su sorpresa al saber que uno de los matones era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la localidad.

Casos como el de Usme no son excepcionales. Se repiten en otros puntos de Bogotá y en ciudades como Cali o Medellín, donde este año la seguridad empeoró en varios aspectos.

Por ejemplo, según la más reciente encuesta de percepción ciudadana del programa 'Bogotá, cómo vamos', el 37 por ciento de los habitantes se sienten inseguros en las calles de la capital. Pero esa sensación tiene su razón de ser, pues un 27 por ciento de los bogotanos han sido víctimas de algún delito, especialmente de robo, que ocupa el 80 por ciento del total. En los últimos dos años estas cifras han aumentado paulatinamente.

En Cali la situación no es mejor: según el Observatorio del Delito que maneja la Secretaría de Gobierno de la ciudad, hasta mediados de diciembre de 2010 se habían presentado 1.679 homicidios, tan solo cinco casos menos respecto al mismo periodo del año pasado. Y el 16 por ciento de los caleños han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses.

En Medellín 2010 termina con una tendencia a la baja en los homicidios, pero las cifras no son halagüeñas: hasta mediados de diciembre se habían presentado 1.949 homicidios, lo que representa una tasa de 83 muertes por 100.000 habitantes, según cifras de la Secretaría de Gobierno. Comparado con 2009, que tuvo una tasa por encima de 90, mejoró, pero sigue siendo la ciudad más violenta del país, pues duplica con creces el promedio nacional.

Según Armando Borrero, experto en seguridad y analista de razonpublica.com, la llegada de las bandas criminales a las ciudades, la reincidencia de 7.000 reinsertados y la burocratización de algunas secretarías de Gobierno locales que tienen en sus manos el poder para combatir la ilegalidad son las razones por las que no se han logrado enderezar las cifras de seguridad. "Se había logrado mucho en los últimos dos años, pero mucho del trabajo local de la Policía y de justicia se ha perdido", dijo a SEMANA.

La presencia de bandas criminales se ha visto reflejada en ajustes de cuentas, sicariato, guerras por territorio, homicidios, extorsión y desplazamientos aun dentro de las ciudades. Y su creciente poder de corrupción e intimidación ha tenido un impacto en la persistencia de la impunidad y en el reclutamiento de jóvenes y niños.

Es evidente que el actual gobierno encontró un vacío en las políticas de seguridad urbana y que hasta ahora las acciones en contra del crimen organizado se les han dejado a las alcaldías y la Policía. A nivel del gobierno nacional no ha habido históricamente una claridad sobre a qué institución le toca ponerse al frente de la seguridad urbana. En algunos aspectos la política ha estado en manos de Planeación Nacional, en otras del Ministerio del Interior o del de Defensa, pero se le piden cuentas es a la Policía. Quizá por eso el presidente Juan Manuel Santos nombró a un alto consejero para la Convivencia Ciudadana, para que coordine las estrategias que le pongan fin a la crisis que viven las ciudades en materia de seguridad.

Santos también presentó la política de gobierno para combatir la inseguridad urbana. Esta política tiene un alto contenido de prevención y les da peso a la cultura ciudadana, la solidaridad, la convivencia, la educación, el deporte. Pero también tiene elementos que permiten mayor reacción de las autoridades, por eso incluye un Estatuto de Seguridad Ciudadana que deberá ser aprobado por el Congreso. Lo más importante, en todo caso, será que entre todos los estamentos locales y nacionales se coordine y comparta información. Porque ya no se puede ver a cada ciudad como un caso aislado.