Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 6/22/1987 12:00:00 AM

CIVILIZACION VIENE DE CIVIL

La presencia de un civil en la Procuraduría para las Fuerzas Armadas, puede ser el primer paso hacia la aclimatación de la paz y el fortalecimiento del poder civil

Durante decenios, los colombianos estuvimos acostumbrados a que las acusaciones de excesos hechas a miembros de las Fuerzas Armadas, individual o colectivamente, no pararan en nada. A ellas los militares y sus defensores de oficio de la prensa respondian automáticamente con una defensa institucional, y ahi paraba la cosa. En contadisimos casos se adelantaba una investigación interna, que más excepcionalmente todavia culminaba en un procesamiento. En los últimos diez años, por ejemplo, se han contado dos juicios, uno por desaparición de persona y otro por asesinato, sobre, literalmente, millares de casos denunciados. Pero esa tradición de que aqui no pasa nada, porque si pasa es un desacato a la institución militar, acaba de ser rota sin aspavientos por el procurador general Carlos Mauro Hoyos, a quien nada, en su discreta hoja de vida, parecía predisponer para semejante viraje histórico. El procurador, en efecto, aceptó la semana pasada como válida la recusación hecha por la Unión Patriótica a la Procuraduria Delegada para las Fuerzas Militares como investigadora de los cargos hechos con nombre propio a varios oficiales en activo y en retiro. Y dio traslado del tema a un civil, el procurador para la Policía Omar Henry Velasco.
En apariencia se trata de algo juridicamente elemental, como es el no poder ser juez y parte en un caso--y así lo registra el concepto del procurador general al decir que "no está garantizada la imparcialidad debida" cuando un oficial (el general Antonio José González Prado, procurador delegado para las FFAA) debe investigar a otros que previamente han sido públicamente absueltos por el ministro de Defensa, superior jerárquico de todos ellos. Pero detrás del simple rigor procedimental hay un verdadero cambio de rumbo político en un país habituado por cuarenta años de estado de sitio a que los civiles estuvieran controlados por los militares, y no a la inversa, como lo postula la letra de la Constitución y por supuesto su espíritu. Ya la Corte Suprema, hace unos meses, había dado una primera puntada en ese sentido al fallar que los civiles no debían ser juzgados por los militares (con motivo del tema del narcotráfico), desmantelando así el tradicional paisaje de consejos de guerra a los civiles por toda suerte de motivos. Sumado a ese fallo de la Corte, el concepto del procurador sobre la imparcialidad debida constituye un gran paso en firme hacia algo que, sin juego de palabras, podría llamarse la "civilización". O por lo menos la desmilitarización.
El concepto del procurador tiene también, para empezar, un interés inmediato. Se refiere a la política de paz que adelanta el gobierno y que se ha visto seriamente desportillada, si no rota, por la oscura campaña de exterminio físico lanzada por fuerzas innominadas contra la Unión Patriótica, único remanente visible del proceso de pacificación intentado por el gobierno anterior. Doscientos sesenta y ocho asesinados desde las elecciones, entre ellos un senador, dos representantes, dieciocho concejales, dos consejeros intendenciales y un alcalde. Y a nueve meses de posesionado el actual gobierno, todas las investigaciones correspondientes siguen en el aire. La cosa empezaba a presentarse como una verdadera burla, y una burla con consecuencias potencialmente dramáticas: el retorno de las FARC y de la UP a la lucha armada, insinuado la semana pasada en París por el representante Braulio Herrera.
Para el gobierno, el principal cuello de botella de la pacificación estaba identificado en ese punto de la impunidad, garantizada por la inoperancia de la justicia. Dentro del esquema actual, explicado por el consejero presidencial para la paz Carlos Ossa, los jueces de instrucción debían cumplir el papel de lo que en el gobierno anterior se llamó "verificación de la tregua", y nunca funcionó satisfactoriamente. Pero tales jueces tampoco estaban dando los resultados esperados, maniatados entre otras cosas por su incapacidad para llevar las investigaciones al ámbito de las Fuerzas Militares, defendido por su fuero especial. Las denuncias de militares con nombre propio hechas por el ex candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, y la inmediata respuesta del ministro de Defensa, general Rafael Samudio, refutando a medias las acusaciones (ver SEMANA, número 263) y absolviendo globalmente a sus hombres ("Las Fuerzas Armadas no están integradas por asesinos"), dieron al gobierno la oportunidad de entrar a coger el toro por los cuernos.
Al gobierno porque, según pudo confirmar SEMANA, el procurador Carlos Mauro Hoyos no actuó en este caso por iniciativa inconsulta. A diferencia de su predecesor Carlos Jiménez Gómez, que era hombre impulsivo--"pantallero", lo llamaban sus críticos--y que actuaba por cuenta propia en su "procuraduría de opinión", del actual a nadie le cabe duda de que ejerce sus funciones "bajo la suprema dirección del gobierno", ajustándose a la letra de la ley. Es además un "hombre del Presidente", incluso desde antes de que este llegara a serlo, y así lo mostró cuando contra viento y marea ayudó a enterrar desde la Comisión de Acusaciones el delicado tema del Palacio de Justicia. Por lo demás, el concepto del procurador no limita su alcance al caso actualmente en discusión: es obvio que su reconocimiento de la inexistencia de imparcialidad militar en las investigaciones es de fondo, y permanente. Con la necesaria consecuencia de que para remplazar en la Procuraduría Militar al general González Prado, quien renunció declarándose herido en su honor militar, habrá que nombrar en forma definitiva a un civil.
Dentro de las Fuerzas Armadas el episodio ha despertado inevitablemente fuertes tensiones, pero sin llevar a una crisis. El general Samudio aceptó sin rechistar la decisión del Procurador, como había tolerado una semana antes, tomándose el trabajo de responderlas una por una, las acusaciones de la UP --contra la cual, especificó, las Fuerzas Armadas no están en guerra. Por mucho menos, el Procurador anterior había sido violentamente recusado por los militares. Pero es que, como ya se dijo, la actitud del actual no es la posición aislada de un individuo, sino que responde al interés del gobierno por poner coto al saboteo de su política de paz; y por eso el gesto del procurador viene acompañado por otros dos que van en el mismo sentido. Uno es la creación del Tribunal Especial de Instrucción (que al cierre de esta publicación parecía haber quedado definitivamente conformado, después de las peripecias iniciales), con el cual se protocoliza la ineficacia, negada hasta hace unos meses, de los jueces de instrucción corrientes y molientes para verificar la tregua. Y el segundo son las sorprendentes declaraciones concedidas a El Tiempo por el director de Instrucción Criminal Eduardo Lozano Tovar, diciendo que "en algunos delitos la participación de miembros de las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército) es evidente, e igualmente lo es la de algunos miembros del DAS". La declaración produjo protestas y exigencias de "concretar cargos" por parte de los militares; pero desde el gobierno, significativamente, nadie abrió la boca para desautorizar a Lozano Tovar o pedirle aclaraciones.
Más allá de sus consecuencias inmediatas sobre el proceso de paz (era necesario dar alguna respuesta a la UP, antes de que se le agotara la paciencia), los tres episodios tienen un fondo común. El concepto del procurador, la creación del Tribunal y las declaraciones de prensa del director de Instrucción Criminal apuntan hacia un objetivo más ambicioso que el de castigar a un puñado de oficiales descarriados --"descorregidos" los llamaba el procurador anterior. Y es el de iniciar el desmonte del doble poder, civil y militar, que ha conocido el país desde hace décadas, oculto tras la cortina de retórica sobre la "tradición civilista" del Ejército y su condición de "no deliberante"; doble poder que, en opinión de algunos, llegó a su máxima expresión durante los acontecimientos del Palacio de Justicia. Es un toro difícil de tomar por los cuernos porque, al amparo del estado de sitio permanente, ha crecido muchísimo. Ha crecido siempre, claro está, como consecuencia del estado de guerra no declarada que ha vivido el país, pero en los últimos tiempos se estaba convirtiendo, además, en una de las causas del mantenimiento de ese estado de guerra.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1844

PORTADA

Francisco superstar

La esperada visita del papa a Colombia tiene tres dimensiones: una religiosa, una política y otra social. ¿Qué puede esperarse de la peregrinación del sumo pontífice?