Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/04/02 00:00

Clan Úsuga, al estilo de Pablo Escobar

Igual que en las épocas del cartel de Medellín, esta banda criminal ofrece dinero por asesinar policías y ordena paros armados en el país.

Darío Úsuga, alias Otoniel, jefe de la banda los Úsuga, ordenó el asesinato de policías y por medio de panfletos un paro armado en la región de Urabá.

Las imágenes del video fueron impactantes y ocuparon los titulares de medios nacionales y extranjeros. No era para menos. Dos sicarios se acercaron a un grupo de cinco policías que realizaban un control vehicular en Cartagena y sin dudarlo dispararon contra los uniformados. Tres de ellos murieron en el lugar, rematados en el suelo por los asesinos que huyeron en dos motos.

El crimen ocurrió el domingo 27 de marzo, cuando muchos de los colombianos regresaban de las vacaciones de la Semana Santa. Ese múltiple homicidio, a plena luz del día y en las calles de una de las ciudades más turísticas del país, buscaba generar un alto impacto mediático, pero, sobre todo, se trató de una declaración de guerra del que se ha convertido en el principal enemigo del Estado: la banda criminal conocida como los Úsuga o Urabeños.

Según confirmó el propio director de la Policía, general Jorge Nieto, así como diversos informes de inteligencia de agencias del Estado, los asesinatos de los policías en la ciudad amurallada hacen parte de una estrategia diseñada por Darío Úsuga, alias Otoniel, jefe de esa banda criminal. Al mejor estilo de la época de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, los cabecillas de ese grupo han ofrecido, a sicarios propios y externos, 2 millones de pesos por cada efectivo policial asesinado en cualquier lugar del país. Durante la Semana Santa, seis de ellos fueron asesinados con esa modalidad en Bolívar, Santander y Nariño. Dos uniformados más murieron en Cauca el jueves de la semana pasada, y varios automotores resultaron incinerados en carreteras de Antioquia.

La orden mafiosa de los Úsuga de acudir al llamado plan pistola y atacar unidades policiales y militares, como ha ocurrido durante la última semana, se empezó a ejecutar como represalia a uno de los más duros y recientes golpes que ha sufrido ese grupo criminal. El 23 de marzo, cuatro días antes del asesinato de los policías, un operativo de la Dirección de Inteligencia de la Policía –Dipol– terminó con la muerte de Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, en las selvas del Chocó. Se trataba de un jefe militar de esa bacrim y uno de los hombres más cercanos a Otoniel. Estaba solicitado en extradición, pues era el responsable de exportar 10 toneladas mensuales de cocaína por el Pacífico. Por su captura se ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos.

Durante el último año, desde que se inició la operación Agamenón contra esa banda, las autoridades han arrestado más de 3.500 de sus integrantes, les han incautado 160.000 millones de pesos en efectivo y propiedades, al igual que más de 50 toneladas de cocaína. A pesar de esos resultados, el detonante de la ira de Otoniel y sus hombres fue la muerte de su lugarteniente Guagua.

El miércoles de la semana pasada, durante un enfrentamiento con un grupo especial de la Policía, murieron cuatro de los involucrados en los asesinatos de los agentes en Cartagena. Ese mismo día, centenares de panfletos de los Úsuga aparecieron en diferentes municipios del Urabá antioqueño y otras poblaciones de Antioquia. En ellos, esa banda decretaba un paro armado de dos días en toda la región en la cual se ordenaba a la gente no realizar ningún tipo de actividades ni salir a las calles.

No es la primera vez que esos criminales recurren a tal estrategia de intimidación. En enero de 2012, ese grupo paralizó durante varios días el comercio en la costa Atlántica como respuesta a la muerte en una operación policial del entonces jefe de esa bacrim, Juan de Dios Úsuga.

Con cerca de 2.500 integrantes y presencia en 20 departamentos de todo el país, los Úsuga pretenden ahora con el asesinato sistemático de policías, mediante el plan pistola, acorralar al gobierno y bajar la presión sobre la persecución en su contra. Si bien la lucha no es fácil, el desafío de las autoridades es, al igual que ocurrió con Escobar y el cartel de Medellín, impedir que prosperen ese tipo de tácticas mafiosas de abierto desafío al Estado.

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