El punto candente de la JEP en el que coinciden Claudia López y Álvaro Uribe

El tema de la participación en política de los desmovilizados de las Farc es uno de los que más ha creado controversia desde el inicio de las negociaciones de paz. La idea de que Timochenko y otros líderes de las Farc puedan ir al Congreso o aspirar a la Presidencia ha generado resistencia en muchos sectores de la sociedad opositores al proceso con la guerrilla. La controversia no es solamente ese cambio de balas por votos, que en esencia es el eje de cualquier negociación de paz, sino cuándo se debe permitir ese tránsito, es decir antes o después de que sus miembros rindan cuentas ante la Justicia. 

Esta semana, durante los debates de la ley estatutaria de la JEP, el tema se reavivó y tuvo su ingrediente más picante por cuenta de una idea liderada por Claudia López. La senadora propuso al Congreso fijar una cláusula para condicionar la participación en política del partido surgido tras la desmovilización de las Farc. Ninguno de sus principales jefes, que hayan cometido los más graves crímenes, podría llegar a ser congresista sin haberse sometido a la JEP.

En criterio de López, primero se deben cumplir las penas que imponga la justicia transicional a los responsables de los más graves delitos, antes de ocupar cargos de elección popular. “Seguramente, como en las elecciones de 2018 la JEP no habrá tomado decisiones sobre juzgamiento o condena, los responsables de los crímenes más graves no podrán ser candidatos, pero sí miembros de su organización”, señaló.

La propuesta de López, quien ha sido una de las abanderadas del proceso de paz, coincide con las peticiones que durante meses han hecho los contradictores de lo que se firmó en La Habana. Y el entuerto jurídico que hay detrás anticipa que el debate puede ser de grueso calibre. En efecto, el Acuerdo de Paz permite que los miembros de las Farc comiencen a hacer política antes de que la JEP resuelva su situación.   

Hay un antecedente histórico que juega a favor de la idea de López. En el año 2009 el Congreso aprobó un acto legislativo en el cual se señalaba que no se podía avalar a candidatos condenados por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Para que esa norma no tuviera un impacto negativo en el proceso con las Farc, en el año 2012 el Gobierno incluyó dentro del Marco Jurídico para la Paz un artículo especial que permitía de manera transitoria que quienes hayan cometido delitos políticos o conexos participaran en política.

Sin embargo, en los debates en el Congreso se incluyó en el Marco Jurídico para la Paz por la que no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática. El efecto de la norma se aumentó cuando la Corte Constitucional la revisó en una sentencia de 2014  y dijo que "en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena impuesta en el marco del proceso de justicia transicional y de las demás obligaciones que se impongan a quienes aspiren a esa participación".

Las restricciones a la participación política no estaban en armonía con lo que se negociaba en La Habana, en donde finalmente se descartó la aplicación de ese Marco Jurídico para la Paz. Así, una nueva reforma constitucional, el Acto Legislativo para la Paz, tumbó esos condicionamientos. 

Con su propuesta, López revive uno de los puntos más díficiles en la discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz que se adelanta en el Congreso. La propuesta no cayó bien en el Gobierno, por considerarla en contravía del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. En pocas palabras, de aprobarse la idea de la senadora de la Alianza Verde significaría que antiguos miembros del secretariado de esa guerrilla como Timoleón Jiménez, Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, o Carlos Antonio Losada, no podrían ocupar las 10 curules que, con base en el Acuerdo de Paz, tienen garantizadas para las elecciones de marzo de 2018. “Solo después de haber sido sancionados y establecida la pena, podrá progresivamente recuperar sus derechos”, explicó López.

Las preocupaciones del Gobierno no son infundadas. Al paso que va el trámite de la aprobación de la JEP en el Congreso y faltando además que posteriormente se discuta una ley que reglamente el procedimiento de este organismo, está muy claro que será casi imposible que los líderes de las Farc se alcancen a someter a la JEP antes de marzo. Además será totalmente inviable que se logre proferir una sentencia que defina la situación jurídica de estas personas, pues los magistrados de la JEP en este momento ni siquiera tienen una sede en dónde funcionar.

El efecto que tiene esta propuesta se agrava si se tiene en cuenta que varios de los antiguos miembros del secretariado han expresado su idea de ocupar estas curules, por lo cual crear esta limitación tendría efectos profundos en ese movimiento. Otro riesgo, es que son ellos quienes lideraron el proceso de paz en La Habana, por lo cual tienen una representatividad e importancia política que no tendrían otros desmovilizados.  

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue el más sorprendido con la salida de López, pues en su criterio podría poner en peligro la palabra empeñada. Además no se esperaba que una congresista que ha venido apoyando la implementación de los acuerdos de paz, le pudiera generar un traumatismo a la aprobación de la JEP, y en uno de los puntos que más de un dolor de cabeza le ha sacado al Gobierno.

“Si bien las sanciones emanadas de la JEP no podrán afectar el derecho político a ser elegido, lo que sí podría ocurrir es que quienes comparezcan y no ofrezcan verdad ni reparen corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias”, explicó Rivera. “Además, si dichas sanciones son impuestas, podría incluir pena privativa de la libertad, lo que implicaría la afectación de los derechos políticos de quienes sean condenados”, agregó.

Los primeros en apoyar la propuesta de Claudia López fueron los parlamentarios de Cambio Radical. Ese partido, a pesar de hacer parte del Gobierno, anunció que votaría No a la ley estatutaria, un desarrollo del proyecto más crucial de la implementación de lo pactado en La Habana y firmado en el Teatro Colón.

“Para la opinión pública no va a ser sencillo encontrar a sus victimarios recorriendo los mismos sectores sobre los cuales tuvieron injerencia, haciendo proselitismo, sin haberse sometido a la JEP”, dijo Germán Varón. “Si quieren participar en política bienvenidos, pero tienen que hacerlo una vez se sometan a la JEP”, agregó.

Eso sí, su idea guarda sintonía con el discurso del senador Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) quien se ha opuesto a que las Farc ocupen curules en el Congreso. De hecho, el pasado lunes, en la Comuna 13 de Medellín, donde el expresidente se despachó contra Sergio Fajardo y Claudia López, cuestionó al Gobierno de Juan Manuel Santos por “darles curules a las Farc” sin que cumplan las penas de la JEP.

Sin embargo Claudia López y Álvaro Uribe no coincidirán en la votación de esta proposición, pues el Centro Democrático no ha participado de ninguna votación de los artículos de la ley de la JEP. Este miércoles las comisiones primeras de Senado y Cámara resolverán este dilema.