Home

Nación

Artículo

NACIÓN

Coalición de gobierno, lista para tramitar en el Congreso el acuerdo militar con EE.UU.

El presidente del Partido de la U, el senador Juan Lozano, anunció que la 'unidad nacional' hará el trámite para que el acuerdo sea ratificado. En la oposición, el senador Jorge Enrique Robledo insistió en la inconstitucionalidad del convenio.

17 de agosto de 2010

El principal motivo por el que la Corte Constitucional le devolvió al Gobierno el convenio militar de Colombia con Estados Unidos fue que, al considerarse un tratado internacional, este debió ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Por eso, al poco tiempo de conocerse la decisión de la Corte Constitucional, el partido de la U, quien lidera la coalición del gobierno en el Legislativo, anunció que buscará el trámite de este tratado para que sea aprobado por el Congreso.

Así lo expresó el senador Juan Lozano, presidente de la U, al señalar que el fallo de la Corte “merece todo el respeto” pero que el Gobierno tiene la obligación de buscar acuerdos de cooperación para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y del Estado en general.

“Si el sentido del fallo indica que el Congreso debe conocer y debatir ese acuerdo, los partidos que hacen parte de la ‘unidad nacional’ haremos el trámite para que el tratado sea ratificado”, explicó en la plenaria del Senado.

Sin embargo, por las orillas de la oposición, el senador Jorge Enrique Robledo, dijo que el fallo de la Corte Constitucional defendió la soberanía colombiana y advirtió al oficialismo que así se haga un trámite en el Congreso, y que por obvias mayorías sea aprobado por la coalición, un acuerdo en ese sentido es inconstitucional.

“No hay ningún artículo en la Constitución de 1991 que permita la construcción de bases militares ni el uso de bases colombianas por parte de tropas extranjeras para que operen desde el interior del país. Si el Congreso aprueba ese tratado, la Corte Constitucional deberá fallar su ilegalidad”, aseguró Robledo.

La Corte Constitucional falló este martes una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que contemplaba la presencia de personal uniformado estadounidense en siete bases militares en Colombia. En una decisión anunciada por el presidente del alto tribunal, Mauricio González, se determinó que dicho tratado debe ser devuelto al Gobierno, para que el ahora jefe del Estado, Juan Manuel Santos, lo lleve al Congreso para su respectivo trámite.

"La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", explicó González este martes, y agregó que dicho acuerdo, firmado el 30 de octubre de 2009 en Bogotá, también supone la extensión de obligaciones adquiridas con anterioridad por Colombia.

Por todo ello "debió ser tramitado como tratado internacional”, es decir, “sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional", explicó el magistrado.

González advirtió que este acuerdo bilateral queda sin vigencia y "no puede surtir efectos en el ordenamiento interno" hasta tanto no sea puesto a consideración del Congreso y sea aprobado por el mismo. No obstante, el Presidente de la Corte resaltó que sólo este acuerdo queda sin efecto y que los convenios anteriores se mantienen vigentes.

El acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 2009 contemplaba que personal estadounidense se instalara en las bases de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá. Por ahora, de acuerdo con la decisión de la Corte, nada de esto podrá ser.

El Gobierno, por su parte, emitió un comunicado en el que acata el fallo, pero anunció que estudiará "en detalle esta decisión a la luz de las normas del Derecho Internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables".

El Ejecutivo resaltó que la decisión de la Corte Constitucional no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

“El Gobierno Nacional reitera la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos, que se ha desarrollado durante décadas, en asuntos de seguridad y defensa, y particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, añadió el Ejecutivo.