Cobro de valorización devaluado

La valorización se convirtió en un problema político cuando comenzaron a llegar, en diciembre pasado, los recibos a las casas de los bogotanos. Los montos correspondían a la segunda fase de un proyecto que arrancó en 2005 y cuyo objetivo era construir 137 obras públicas para mejorarle la cara a la ciudad.

La Fase I concluyó con el cobro de 40 obras, de las cuales cuatro aún están por terminar. El cobro de la Fase II contemplaba 35 proyectos para mejorar la movilidad, distribuidos en toda la ciudad, y 11 de espacio público (parques). No obstante, el desgreño y la corrupción de las administraciones pasadas, el incumplimiento de los cronogramas y el cobro de obras con amplias áreas de influencia despertaron el inconformismo. Muchos propietarios no entendían por qué su recibo era tan costoso si la obra que se construiría quedaba a más de 20 cuadras de su predio. Salieron a las calles y obligaron al gobierno de Petro, que en principio no tenía ninguna responsabilidad porque esos cobros estaban pactados desde hace varios años, a postergarlos unos dos meses. La Alcaldía abrió así una ventana de oportunidad para reformar la norma y corregir las falencias de diseño de la actual valorización. 

Sin embargo, el remedio podría ser más grave que la enfermedad. La propuesta de Petro busca cambiar las 35 obras originales e incluir otras que no estaban contempladas en los proyectos. Eso quiere decir que no se tendrían en cuenta los estudios que ya se cobraron en la fase anterior, lo que podría acarrear un detrimento patrimonial de 128.000 millones de pesos. Esas obras, según varios concejales, solo se construirían si el Concejo aprueba un cupo de endeudamiento adicional.

El otro problema es que el Distrito incluyó 1.446 obras de mantenimiento de la malla vial y la construcción de cinco pasos deprimidos de la avenida Caracas entre la Primero de Mayo y la calle 72. En primer lugar, la valorización no se pensó para hacer reparaciones, pues para eso ya existe un rubro definido en el presupuesto de la ciudad; además, no hay estudios técnicos que avalen los pasos deprimidos en la Caracas. 

En principio, el cobro sería para 1,4 millones de propiedades, pero el alcalde pretende excluir a cerca de 400.000 en los estratos uno, dos y tres. Y en lugar de recolectar 850.000 millones de pesos, pretende cobrar 1,4 billones. Eso quiere decir que se reduce el universo de propietarios que pagan, pero se aumenta el recaudo. 

Por todas estas razones, concejales como Jairo Cardozo, del Mira, consideran que “la propuesta del gobierno va en contra de la filosofía de la valorización”. En lugar de aprovechar el momento para resolver los problemas estructurales que dejó el diseño del cobro en años anteriores y responder al descontento ciudadano, el Distrito buscaría cuadrar su agenda de obras. 

Al final de la semana pasada había cinco ponencias distintas en el Concejo Distrital para debatirse esta semana. Dos de ellas radicalmente opuestas a la propuesta de la Alcaldía y una que pedía sustituirla. Mientras tanto, la confusión de los contribuyentes capitalinos sobre cuándo y qué pagar continúa. 

Queda poco tiempo para corregir el rumbo. Ni el Concejo ni el alcalde Petro pueden darse el lujo de dejar el cobro como está actualmente, ni de que se pierda la confianza en el sistema tributario, ni mucho menos de que la ciudad se paralice.