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| 10/12/2017 10:57:00 AM

"El Gobierno no va a solucionar el problema de los cultivos ilícitos a punta de erradicación"

La masacre de Tumaco marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. A propósito del lanzamiento del libro Coca, instituciones y desarrollo, SEMANA habló con su autor, Felipe Cruz, sobre los errores que se han cometido, el papel del Estado y la presión internacional que pide prontos resultados.

Los virajes que ha dado la política de drogas en Colombia nada que empiezan a arrojar resultados. Las alarmas permanecen encendidas por el incremento de los cultivos ilícitos, que rondan las 150.000 hectáreas sembradas. Los esfuerzos del Estado se han quedado cortos para frenar un negocio que se da en medio de un complejo panorama: la presión de Estados Unidos por resultados y la delicada situación en la que están sumidos miles de campesinos. 

La estrategia de garrote y zanahoria de la que echó mano el Gobierno para bajar los indicadores la semana pasada marcó un punto de inflexión cuando se conoció que seis civiles que se oponían a la erradicación forzada fueron masacrados en confusos hechos. La defensoría del Pueblo emitió un informe en el que  asegura que hombres de la Policía Antinarcóticos serían los responsables del asesinato múltiple.  

Ante los difíciles escenarios que se dibujan con el posconflicto y las elecciones del 2018, Dejusticia presenta una colección de libros que diagnostican y proponen salidas para consolidar la paz en el país. Se trata de ocho documentos que abordan temas como: la reforma del sistema judicial en los territorios, la construcción del Estado local, la política ambiental del posconflicto, la reforma agraria y la participación de las mujeres de la paz*.

A propósito del lanzamiento del libro Coca, instituciones y desarrollo, SEMANA habló con el investigador Felipe Cruz sobre las lecciones que le ha dejado al país la lucha contra el narcotráfico.

SEMANA: ¿Cuál es la primera lectura que usted hace de lo que pasó en Tumaco?

Felipe Cruz.: La política de drogas tiene como objetivo reducir las hectáreas de coca en municipios que como Tumaco, donde hay mucha. De hecho, en Nariño hay la misma cantidad cultivada que en Bolivia. Este contexto indica que es una economía de la que dependen profundamente las comunidades. Adicionalmente, existe una cantidad de factores legales e ilegales disputándose los territorios tras la salida de las Farc.

SEMANA: ¿Sirve o no el acuerdo de paz?

F. C.: Si bien el acuerdo de paz es un primer paso -una oportunidad para los territorios cocaleros- hay que complementar el enfoque con medidas más ambiciosas y que están estrechamente relacionadas con la política social y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones sociales. El acuerdo es importante pero, como dice Rodrigo Uprimny, titularse como la solución al problema de las drogas ilícitas sería una audacia limitada.

SEMANA: ¿La estrategia ha sido buena o mala?

F. C.: La política de drogas basada sólo en la reducción de la economía cocalera puede llegar a ser un palo en la rueda de la implementación porque mientras los territorios necesitan vías e instituciones de justicia que solucionen los problemas; el Estado responde con la erradicación. Hay una desconexión de la política y el Estado con la que se desaprovecha la oportunidad que abre el acuerdo la paz.

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SEMANA: Explíquese...

F. C.: La erradicación es propia de una política de prohibición. Se dirige simplemente a la desaparición del fenómeno de las drogas y no es posible vivir en un mundo libre de drogas. Lo que está pasando en Tumaco con la erradicación forzada es justamente eso: el Estado atiende un problema con una medida que no sólo es ineficiente, sino que además genera profundas tensiones en las comunidades. Además, de que deteriora la oportunidad que abre el acuerdo.

SEMANA.: ¿La erradicación no es el camino?

F. C.: El Gobierno no va a solucionar el problema de los cultivos ilícitos a punta de erradicación. Está aplicando pañitos de agua tibia que sólo mejoran los indicadores de políticas de drogas. Quizás reduce las hectáreas pero en el fondo lo que hace es agravar el problema. Lo plantemos en este libro: la política de drogas, con los indicadores que hoy tiene, no permite avanzar en las soluciones que requieren los territorios. 

SEMANA.: Y... ¿la sustitución?

F. C.: Este también lleva a que la gente abandone momentáneamente la coca. Sin embargo, no se puede ser cortoplacista y sólo enfocarse en mejorar el problema político que amortigua las presiones internacionales. Con esta política se deja a las comunidades en la eterna privación de derechos.

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SEMANA.: ¿Fracasó la política del garrote y zanahoria que le aplican a los cocaleros?

F. C.: Lo que pasa con estas dos políticas es que se genera una serie de incentivos perversos tanto para la policía que se encarga de hacer las erradicaciones, como para la Dirección de Sustitución que está al frente de la negociación de los acuerdos con las familias y comunidades.

SEMANA.: ¿A qué se refiere?

F. C.: Estas dos políticas entran en contravía. Una cosa es negociar un acuerdo de sustitución integral y otra negociar con los agentes antinarcóticos ahí en la puerta. La gente se asusta. Ellos dicen que ‘no quieren que les quiten los cultivos y quedarse sin nada‘. Por eso, muchos deciden acogerse aunque no se resuelva el problema: la dependencia económica que tienen de la coca muchas familias en las regiones. 

SEMANA.: El giro que dio el Gobierno en la lucha contra las drogas no ha sido suficiente y la presión internacional en esta cruzada es un factor determinante...

F. C.: La presión de Estados Unidos para que Colombia reduzca las hectáreas sembradas no sólo lleva al Gobierno a forzar a la Policía para que entre a cualquier parte, sino que con ello se deja de lado la importancia de entender que el problema de la coca es de economía, derechos y sustento.

SEMANA.: Por ejemplo...

F. C.: El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se propuso funcionar por 10 años. Es muy difícil cambiar la estructura económica de una región que depende de la coca. Es una economía incrustada en los territorios, es un monocultivo que crece porque la gente no tiene otra cosa que sembrar. Ese ha sido lo único que les ha permitido habitar los territorios y sustentar el proceso colonizador.

SEMANA.: ¿Fracasó la Dirección de Sustitución?

F. C.: Lo que pasa es que ellos no tienen la capacidad de llegar a todos los territorios y esa incapacidad condiciona las respuestas que dan a la gente. Ellos se han dedicado a negociar los acuerdos colectivos y dinamizar el proceso de negociación. Sin embargo, están centrados en el pago mensual de dos millones de pesos a las familias que entran al programa. No pueden hacer más. Mientras tanto, la Policía y el Ejército sí tienen muchas capacidades para llegar a los territorios a erradicar.

SEMANA.: El Ministerio del Posconflicto lidera una parte, MinDefensa asume otra igual que MinJusticia; ¿esa desarticulación tampoco ayuda? ¿Se debería crear una institución que dirija todo?

F. C.: En el gobierno de Juan Manuel Santos hay una falta de liderazgo en la política de drogas. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe fue garrote puro. Era una política direccionada desde la presidencia y tenía criterios claros: erradicación, criminalización, persecución e incautación. Pero acá, no hay una alineación de ese tipo. De hecho, se ha visto una tensión permanente desde el 2013. Por un lado, las autoridades civiles hablan de una reforma a la política de drogas, del otro el sector defensa se opone a muchas de esas propuestas.

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SEMANA.: ¿Las consecuencias de esa delineación se sintieron hace ocho días en Tumaco?

F. C.: Sí, esa tensión se hizo evidente en ese municipio. Allí cayó la gota que rebasó la copa de toda una política que funciona mal. Hay una Fuerza Pública que tiene unas metas y la capacidad para cumplirlas pasando por encima de los otros intentos que hace el Estado. Es una descoordinación muy grande que mina la confianza de las comunidades. Eso muy grave.

SEMANA.: ¿Qué efectos ha llevado la economía cocalera a los territorios?

F. C.: De un lado está el sustento que se tiene de la coca que en muchos casos es suficiente para habitar el territorio, construir caminos veredales, acueductos y escuelas. En muchos municipios los excedentes de la coca permitieron una organización comunitaria que pagaba maestros. Es decir, en algunos casos llevó a un mejoramiento de las condiciones de vida y una cierta provisión de bienes públicos y servicio de derechos.

SEMANA.: Y, ¿en la otra orilla?

F. C.: La gente abandonó los cultivos de comida. Terminó siendo una economía de monocultivo y extractivismo donde las ganancias de la coca no quedaba en los campesinos sino en el resto de la cadena. A ellos les quedaba apenas el 2 % de las utilidades. Como dejaron de cultivar, los precios incrementaron y aunque llegó efectivo a los territorios el costo de vida aumentó y las familias ganaban y gastaban a la par. A eso hay que sumarle que los paramilitares, la guerrilla y bandas criminales llegaron detrás de la coca aunque en muchos casos fueron ellos los que la llevaron.

SEMANA.: Por ejemplo...

F. C.: A Putumayo los cultivos ilícitos llegaron porque Gacha decidió irse para allá y montar una hacienda donde comenzó a generar la cultura de cultivo ilícito. Con eso fue que se industrializó y se abrió camino al fenómeno de la violencia y el paramilitarismo. Cada uno de los actores armados se fue metiendo al negocio.

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SEMANA.: ¿Dónde estaba el Estado?

F. C.: Con los cultivos llegó la atención del Estado. Antes, estos territorios eran vacíos. La gente iba y colonizaba y las instituciones desentendidas. Con el problema de la coca, el Estado le puso atención a estas regiones y eso fue lo peor que les pudo haber pasado.

En ese instante llegaron las campañas de erradicación y el Ejército, con lo que agravó la guerra. Apareció el Plan Colombia y toda una estigmatización. Los excluidos de los excluidos del campo y los pobres, ahora eran criminales. Con esta política de drogas se legitimó el discurso del Estado de retirarles a estas personas su condición de víctima, de pobres rurales y excluidos, para etiquetarlos como criminales.

*La colección de libros Ideas para construir la paz se lanzará este 13 de octubre, a las 8:30 a.m., en el Hotel Suite Jones, de Bogotá (Call. 61 No. 5-39). Aquí puede encontrar más información.

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