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| 11/11/2017 10:15:00 PM

Coca: ¿pelea de tigre con burro amarrado?

La hoja de coca le da al cultivador una ganancia por hectárea de 1.300.000 pesos en promedio cada dos meses , con un producto cuyo servicio es ‘puerta a puerta’ y tiene una enorme demanda. Una hectárea de cacao le da al campesino 160.000 pesos cada mes, y aunque es un negocio familiar, se las tiene que ingeniar para buscar el comprador y sacar el grano.

"Uno como campesino cómo va a erradicar su cultivo en una semana pensando en vivir luego de la ayuda del gobierno, que puede que llegue o que no llegue”. Esta frase de José García*, labriego del corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia (norte de Antioquia), muestra lo simple y lo complejo que resulta, a la vez, desatar el nudo de uno de los conflictos más desafiantes que hoy tiene Colombia: la sustitución de cultivos de uso ilícito, “si es que no le quedó grande este problema del narcotráfico al gobierno”, agrega Arnulfo Mina Garcés, vicario general de la Diócesis de Tumaco (Nariño), el municipio con más mata de coca sembrada en el país. José, cuyo nombre real le pide a Semana Rural que se lo reserve, pasó de tener 12 a 4 hectáreas de coca, después de que una plaga acabó con buena parte de este cultivo, por el que Colombia tiene un deshonroso reconocimiento mundial (¡188.000 hectáreas sembradas!, según la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas – ONDCP, por su sigla en inglés– de Estados Unidos). Este campesino saca entre 6 y 8 kilos de base que trabaja con un socio, el que también se encarga de recoger el producto y venderlo. “Yo le aseguro que en esta zona llega una erradicación y a los 5 o 6 meses se vuelve a ver coca por todas partes. Lo primero que hace uno es recoger la semilla”, explica basado en su experiencia.

Mientras tanto, el gobierno promueve la erradicación voluntaria de cultivos de coca, y hasta ahora, según las más recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, han logrado que 35.000 familias firmen el acuerdo de sustitución voluntaria y 19.000 de estas hayan recibido el primero de 12 subsidios y la posterior ayuda para el establecimiento de un proyecto productivo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), contrario a lo que pasaba hasta hace algunos años, hoy el campesino no solo se dedica a sembrar. En departamentos como Nariño y Cauca y zonas como el Catatumbo (Norte de Santander), la relación de los cultivadores con la transformación y la comercialización ha creado mayores niveles de dependencia económica y social, lo que hace más difícil la labor estatal. VOLUNTARIA VERSUS FORZADA Según el último informe de seguimiento a la erradicación de la coca de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta el 5 de octubre, UNODC había verificado la erradicación voluntaria de 1.136 hectáreas en 5 municipios, a las cuales se sumarían 1.214 hectáreas en las zonas donde ya se realizó el primer pago de subsidios para las familias, para un total de 2.350 hectáreas.

La FIP señala que, hasta septiembre, la labor desarrollada por el Plan Integral de Sustitución llegó al 5 por ciento de la meta anual establecida y se espera que para finales de este año alcance el 20 por ciento de la meta anual. Mientras este plan podría alcanzar a sustituir 10.000 hectáreas este año, la erradicación forzada supera las 40.000 hectáreas “de forma acelerada y descoordinada”, apunta el informe de la fundación. El presidente Santos en su visita a Apartadó, este miércoles 8, dijo que se trata de 44.000 hectáreas, lo que representa el “88 por ciento de la meta”.

En territorios donde incluso se ha llegado a acuerdos colectivos de sustitución, la agenda antinarcóticos se ha impuesto con la erradicación forzada, lo que ha generado tensiones y conflictos entre las comunidades y la fuerza pública, como la reconocida masacre en Tumaco. Las quejas de los campesinos frente al incumplimiento de cronogramas para el pago de subsidios se sienten cada vez más. A esto se suma el flagelo de los homicidios que, en estas zonas especialmente, va en aumento. Según el informe ‘¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?’, de la Fundación Ideas para la Paz, entre enero y agosto de 2017 se ha presentado un aumento del 12 por ciento en el número de homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2016. “Los pequeños cultivadores no son los que se enriquecen, y mientras el Estado llega, vamos poniendo los muertos”, añade el vicario general de Tumaco.

¿POR DÓNDE ES EL CAMINO?

El profesor e investigador de cultivos ilícitos Gabriel Tobón Quintero asegura que esta problemática no solo se agudiza por la incapacidad institucional, la ausencia de continuidad (lo que se traduce en improvisación) y la falta de presupuesto, sino por un profundo e histórico problema asociado a la crisis agraria de los pequeños campesinos, la débil infraestructura rural y la formalización de la tierra, asuntos abordados en el punto uno del acuerdo de paz con las Farc, con la reforma rural integral. El acuerdo final vincula la reforma rural integral con el de la solución al problema de las drogas ilícitas (punto cuatro). Y los hace interdependientes: asegura que “el fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas”. Pero situaciones recientes como las de Tumaco crean duda sobre si esta es la consecuencia lógica del final de la guerra con las Farc. Básicamente, lo firmado en La Habana cambia el modelo de la lucha contra las drogas al considerarlo como un problema de salud pública, en el que un tratamiento punitivo contra los campesinos y/o colonos no es el adecuado, pues no se puede tratar de la misma manera al cultivador o al raspachín que al narcotraficante. Al considerar este problema como un asunto de salud pública, el mercado de la droga entra a jugar también un papel protagónico y atacarlo es parte fundamental de la solución, pues es este el que presiona y genera la oferta. “Si el consumo no se controla, a Colombia le quedará muy difícil resolver este problema por su propia cuenta”, explica el profesor Tobón.

Al mismo tiempo, acuerdos con las comunidades y las condiciones de subsistencia con otros cultivos son fundamentales de cara a regular la producción. La pregunta es cómo va a enfrentar el Estado este tema con la tramitomanía y burocracia, por un lado, y, por otro, la corrupción. “Todas las comunidades quieren la sustitución porque están cansadas de la zozobra y de la guerra. Esto es un polvorín y los funcionarios vienen con buena voluntad, pero no vemos medidas contundentes”, asegura el sacerdote Mina.

SÍ HAY CASOS DE ÉXITO

En el mismo corregimiento donde vive José se encuentra un punto de acopio de cacao, uno de los productos que está en auge por cuenta de la sustitución de cultivos ilícitos. Allí y en otras regiones como el sur de Bolívar o en Landázuri, Cimitarra y San Vicente de Chucurí (Santander) y El Carmen (Norte de Santander), los cultivos alternativos han sido una apuesta de cientos de familias por una vida más tranquila. Con apoyo de la cooperación internacional se han estimulado durante los últimos años la siembra del cacao, el café y el caucho, que, tras un largo proceso de construcción de confianza y acompañamiento técnico, ha logrado que cientos de familias pasen a la legalidad. Sin embargo, la desconfianza que actualmente sienten José y miles de cultivadores de coca seguirá siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano, que hoy, con los acuerdos de paz, tiene una oportunidad histórica de atenuar problemáticas rurales con décadas de existencia. Municipios como el de Tumaco permitirán tomarle el termómetro a este problema de marca mayor. 

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