Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/06/03 11:07

Qué trae el que sería el nuevo Código de Policía

A un solo debate quedó el proyecto que pretende modernizar las normas de convivencia. La Policía podrá suspender fiestas, sellar establecimientos por ruido alto, y aplicar castigos por graffitis en bienes culturales.  

El Código de Policía pretende, entre otras, mejorar la convivencia en sistemas de trasnporte masivo, como el Transmilenio de Bogotá Foto: SEMANA

Si al pleno del Senado le ocupó tres semanas la aprobación del voluminoso proyecto de ley que busca modernizar el actual Código de Policía, a la Comisión Primera de la Cámara le bastaron cinco horas para su aprobación. Es cierto que la columna vertebral ya había sido definida en el Senado, pero los afanes surgen porque si el 20 de junio no se aprueba, el proyecto muere.

El actual Código de Policía, vigente desde hace más de 40 años, se quedó corto para los actuales desafíos del país en materia de convivencia, pues deja fuera de órbita conductas problemáticas que afectan la convivencia entre los ciudadanos, y que seguramente nadie se las imaginaría en 1970, cuando se expidió la norma.

El nuevo Código de Policía, promovido por el senador Germán Varón (Cambio Radical), contiene más de 300 artículos y precisamente busca responder a las actuales necesidades de ciudadanos y autoridades no sólo para combatir delitos que atormentan a las grandes ciudades, sino para, por la vía de las sanciones, evitar cierto tipo de conductas que alteran la sana convivencia. 

Tal como fue aprobado en su tercer debate, el nuevo Código tiene disposiciones que se aprecian adecuadas, otras generan polémica por los posibles excesos o restricciones de libertades individuales. Así va el proyecto.

La Policía tendrá la facultad de suspender las fiestas o sellar temporalmente los establecimientos que excedan niveles de ruido. No se permitirán grafitis en bienes culturales o zonas que no se encuentren habilitadas para ello. En caso de que una persona pinte un grafiti en estos lugares, deberá limpiarlo y dejarlo como antes.

Sólo podrán comercializar equipos celulares quienes tengan la autorización expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información. Los establecimientos que revendan equipos hurtados serán sellados definitivamente. No se podrán abrir establecimientos sin que antes la Policía verifique las normas sobre uso del suelo. Con ello, por ejemplo, se podrá evitar la apertura de clubes nocturnos en zonas residenciales.

Para no incomodar a los pasajeros, se prohíbe el alto volumen en los equipos de sonido en vehículos de servicio público. A quienes manipulen, deterioren, destruyan o bloqueen las puertas de las estaciones u ocasionen daño a los buses articulados del sistema masivo de transporte se les impondrán altas multas y se obligarán a reparar los daños.

Se establecen medidas para evitar que se agreda a las personas por redes sociales o se afecte la intimidad. Se aplicarán multas a quienes publiquen material fotográfico de otra persona tomado en lugares privados.

La Policía podrá multar a dueños de mascotas que, por ejemplo, no recojan las necesidades de estas en el espacio público. También se sancionará a quienes lleven sus perros sin collar.

Se multará a quienes boten la basura en lugares indebidos o a quienes la saquen de sus casas o establecimientos el día equivocado. Se impondrán medidas correctivas ejemplarizantes a quienes maltraten a la autoridad de Policía. Se sancionarán con multas respuestas del tipo “usted no sabe quién soy yo”.

Las polémicas

La facultad de la Policía de “penetrar en los domicilios” sin una orden judicial, cuando fuere de “imperiosa necesidad”, no deja de generar controversia.  Pese a que el propósito final sería socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio, lo cierto es que la decisión final quedará en manos de cada uniformado que acuda al inmueble.

Se dispone el traslado a una persona que “deambule bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas” a una estación o unidad policial.

Se estableció una limitación al derecho a la protesta así: “Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia y el orden público podrán ser disueltas”. La controversia de estas disposiciones pasa por el criterio de los agentes de Policía a la hora de aplicar estas normas. Quedan dos semanas de legislatura, tiempo suficiente para la aprobación del proyecto. Corresponderá a la plenaria de la Cámara. El Gobierno le ha pedido al Congreso esta herramienta.  

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