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| 1/16/1995 12:00:00 AM

COJEA Y NO LLEGA

Una justicia eficiente y confiable parece lejana en Colombia. La impunidad es casi total y los procesos se siguen acumulando. Un informe del Ministerio de Justicia analiza esta problemática.

A FINALES DE NOVIEMBRE EL MINISTERIO de Justicia puso a consideración del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, el denominado 'Plan de desarrollo para la justicia, 1995-1998', programa que tiene entre sus objetivos alcanzar una garantía efectiva de los derechos individuales, la vigencia de un verdadero estado de Derecho y el logro de mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio judicial. SEMANA presenta algunos apartes de este documento, el cual está siendo analizado por el Gobierno colombiano.

La sociedad colombiana ha experimentado profundas transformaciones durante la presente década. Si bien como parte de este proceso la administración de justicia ha sido objeto de numerosas reformas e innovaciones, aún no ha alcanzado niveles satisfactorios de armonía con esa sociedad cambiante, fenómeno que se expresa en la falta de capacidad del Estado para satisfacer la demanda de justicia. Esto es causa de múltiples perturbaciones que afectan en forma importante el desarrollo social, político y económico del país y originan pérdidas de legitimidad del sistema, lo cual conduce al menoscabo de la adhesión a las instituciones.
Las consecuencias de esta situación son múltiples, e inciden en el incremento de los hechos punibles y de las conductas violentas, como también en la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente originan, por la incertidumbre y la inseguridad en el cumplimiento de las obligaciones, un incremento importante en los costos económicos y sociales en la ciudadanía.
Lo señalado hace necesaria una acción prioritaria del Estado que, con el concurso de la sociedad civil, se encamine a mejorar este servicio público.

CONGESTION DEL SISTEMA JUDICIAL
La administración de justicia en Colombia presenta altos niveles de congestión, lo cual se evidencia por el número de procesos acumulados, que para 1993 era superior a los cuatro millones en todas las jurisdicciones.
En la jurisdicción ordinaria la que evidencia mayores problemas es la justicia penal. Existe congestión y atraso en los despachos judiciales. La duración promedio de un juicio penal en primera instancia es de dos años y la acumulación anual, o sea el número de procesos pendientes al finalizar el año frente a los que ingresan, es del 41 por ciento. Además se observa ausencia de coordinación en las labores de investigación criminal. Es así como en la etapa de investigación el 55 por ciento de los 748.310 procesos pendientes a junio de 1994 se encontraban en preliminares, etapa previa a la investigación propiamente dicha.
La Constitución Política introdujo cambios sustanciales en el sistema penal colombiano con la introducción del sistema mixto acusatorio, encaminado a obtener una mayor eficiencia y eficacia en el proceso investigativo y en especial en la recolección, valoración y análisis de las pruebas técnicas.
Sin embargo se observan problemas de organización, coordinación, comunicación y aplicación de criterios y procedimientos por parte de los organismos que apoyan la labor de investigación criminal, lo cual afecta los niveles de eficiencia. En síntesis, la justicia penal requeriría de nueve a 10 años para evacuar los procesos pendientes, sin ingresar ningún proceso nuevo.
Las dificultades no son menos importantes en la problemática de la justicia civil, lo cual pone de presente la necesidad de incorporarla en la agenda de las autoridades. La duración promedio de un proceso ordinario en esta justicia en una instancia es de tres años, y de uno ejecutivo es de dos años. Su capacidad de respuesta en este caso es baja si se tiene en cuenta que finaliza sólo el 52 por ciento de los procesos que entran cada año, y por tanto existe un promedio de acumulación anual del 48 por ciento.
La duración promedio de un proceso en la justicia de familia es de 2 años en la primera instancia y la acumulación varía entre 22 y 50 por ciento anualmente.
La jurisdicción contencioso-administrativa, inicialmente considerada como la de mayor rendimiento, ha venido sufriendo congestión especialmente en los asuntos laborales y contractuales. La duración promedio de un proceso en esta jurisdicción es de tres años.


ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA JUDICIAL:
EL RECURSO TECNICO Y HUMANO
El principal problema que enfrenta la administración de justicia se localiza en su gestión y organización, y no necesariamente en el número de juzgados, equipos o recursos, si se tiene en cuenta que los resultados obtenidos son estables a pesar del aumento de recursos humanos y financieros.
Los principales problemas administrativos están relacionados con su estructura gerencial, el manejo del recurso humano, la existencia de zonas grises en materia de competencias, la debilidad en los mecanismos de planeación, la carencia de medios tecnológicos y la inadecuada distribución regional de los recursos.
Respecto de la estructura gerencial, la Constitución Política creó el Consejo Superior de la Judicatura para dotar a la rama judicial de organización administrativa autónoma. Sin embargo se encuentran limitaciones propias de la transición y posiblemente algunas estructurales que afectan la eficiencia gerencial.
Para el adecuado desarrollo de los mecanismos de planeación se requiere contar con sistemas de información que aglutinen los datos dispersos de diferentes entidades del Estado y el desarrollo de indicadores que permitan medir los resultados, con unos objetivos y metas previamete identificados.
La carencia de medios tecnólogicos se expresa en la desorganización de la información que manejan los juzgados y tribunales, que no responde a sistemas apropiados para su función.
La gran mayoría de ellos no cuenta aún con archivos organizados de los expedientes y los flujos de información operan en forma dispersa.
La carencia de un mapa judicial que responda a las necesidades es la principal causa dela inadecuada distribución de los recursos. La ubicación de los despachos judiciales a nivel regional, por ejemplo, parece hoy no responder a criterios relacionados con la demanda del servicio.
En cuanto a los recursos humanos, se han presentado avances en el régimen salarial: el personal recibió en 1993 incrementos importantes y el número de cargos ha aumentado sustancialmente. Sin embargo es necesario mejorar el perfil profesional requerido por la carrera judicial debido a que persisten algunas deficiencias en la capacidad profesional del personal seleccionado, lo cual ocasiona una débil gestión . A lo anterior contribuye la formación legal, formalista y dogmática que imparten las facultades de derecho, que prefieren la vía judicial en la solución de los conflictos y descuida la formación para el ejercicio de la judicatura.

ACCESO: LOS SERVICIOS JUDICIALES, LA ADMINISTRARON DE JUSTICIA Y EL DERECHO
Se presentan inconvenientes en el sistema normativo, que se manifiestan en un distanciamiento entre las normas legales y los fenómenos sociales, la continuidad de la casuística, la proliferación normativa ante fenómenos coyunturales, la persistencia del formalismo y el ritualismo en la gestión judicial y la ausencia de un mecanismo institucional de seguimiento de las leyes.
Hasta hace poco se tenía como principio que todo conflicto entre los ciudadanos, o entre éstos y el Estado, debía ser resuelto a través de la vía judicial. Esto hizo que se judicializara la solución de las diferencias y conflictos sin que se contemplaran otras posibilidades de resolución alternativa. Bajo ese escenario, un número importante de la población no tiene acceso a la justicia, al percibir como distantes los mecanismos formales, a punto tal que esto ha terminado por convertirse en un factor de exclusión y marginalidad social.
La falta de acceso a la justicia también es atribuible a la existencia de barreras tales como el desconocimiento ciudadano de sus derechos y de la ley; la deficiente asistencia legal, especialmente para los sectores menos favorecidos; los aspectos culturales; las restricciones de lenguaje; barreras geográficas y costos de abogados.

PREVENCION DEL DELITO Y ATENCION A LAS VICTIMAS
Se observa una precariedad en el compromiso de la ciudadanía con sus instituciones judiciales, lo cual abre el camino para la agudización del conflicto, la violencia y la impunidad.
Además hay ausencia de información sobre los tipos de delitos, lo que pone de presente la necesidad de hacer investigaciones que sirvan de base a la adopción de políticas de prevención.
Asimismo, la situación de las víctimas de delitos ha sido objeto de poca atención, lo cual agrava la agravación de su situación individual y la colectiva.


SISTEMA DE DETECCION Y CUMPIIMIENTO DE PENAS
Varios problemas enfrenta el sistema carcelario, y están relacionados con las condiciones y capacidad de la infraestructura física de las cárceles, la falta de definición de la situación jurídica de los sindicados y la ausencia de adecuados programas de rehabilitación y tratamiento.

Las construcciones carcelarias presentan un alto índice de envejecimiento y deterioro; más del 50 por ciento de los establecimientos están ubicados en edificaciones de más de 40 años de construidas. Sin embargo la situación puede ser menos grave de lo que parece por la baja capacidad de los establecimientos más antiguos.
La preferencia por la reclusión frente a otras alternativas diferentes de tratamiento y la inadecuada distribución de los establecimientos a nivel regional son las principales causas del hacinamiento que se presenta en algunos de ellos, principalmente en las cárceles de distrito y en prácticamente todas las penitenciarías (sobrecupo del 32 por ciento y del 14 por ciento, respectivamente).
La situación jurídica de los reclusos indica que más de la mitad (57 por ciento) son sindicados, y solo el 43 por ciento son condenados. Esto tiene relación con las demoras en los procesos judiciales y con la estructura del sistema jurídico, que da preferencia a la detención preventiva.
En cuanto a la rehabilitación, se observa que hasta ahora los programas no han sido efectivos si se tiene en cuenta la tasa de reincidencia (86 por ciento). No existen suficientes servicios básicos y de asistencia legal, faltan programas de bienestar para la población carcelaria y desarrollo de instrumentos para el trabajo y la resocialización del recluso.


GASTO EN JUSTICIA
En los últimos años se aprecia un mayor esfuerzo e interés por los asuntos propios de la administración de justicia, pues ha cobrado más importancia en la sociedad colombiana y en el presupuesto nacional. Los gastos del sector, en términos reales, pasaron de representar el 0.5 por ciento del PIB en los años 70, al 0.7 por ciento en los años 80 y apropiaciones superiores al 1 por ciento en 1993 y 1994, con un crecimiento de más de seis veces en ese período. La distribución en 1994 de esta participación es 1.18 por ciento para gastos de funcionamiento y 0.10 por ciento para inversión.
Por esta razón Colombia es uno de los países, que a nivel latinoamericano, dedica una mayor proporción de recursos fiscales y una mayor inversión por habitante al servicio de justicia.


APOYO TÉCNICO Y HUMANO AL SISTEMA JUDICIAL
Este programa busca mejorar la gestión administrativa de la rama judicial con el fin de contribuir a la efectividad del sistema, para lo cual se buscará la adopción de una organización gerencial de la rama mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación. Las entidades del sector adoptarán mecanismos de planeación sectorial e interna y desarrollarán procedimientos de evaluación y seguimiento, tanto para la gestión como para las decisiones judiciales. Asimismo se crearán sistemas de indicadores y de estadísticas judiciales para apoyar esos procesos.
Como parte del proceso de planeación se realizará un mapa judicial que redistribuya los despachos judiciales de acuerdo con criterios de racionalidad administrativa, económica y judicial, con características que permitan economías de escala y un ajuste ágil cuando las circunstancias lo requieran.
Con el fin de lograr el desarrollo del recurso humano se reestructurará la carrera judicial de tal manera que se logre la profesionalización del personal. Para ello se necesita la aprobación del Congreso al proyecto de ley que contempla las condiciones del ingreso al servicio, la evaluación del rendimiento, la capacitación y la promoción.
La capacitación se basará en un proyecto permanente de educación continuada, con el apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que se integrará al Consejo Superior de la Judicatura en 1998. Como base para la capacitación se realizará una revisión de la formación legal del abogado y su desempeño profesional.
Asimismo, este programa contempla inversiones en técnicas para el manejo de archivos y de la información de los despachos judiciales, así como proyectos de mejoramiento de la infraestructura física de los mismos.
Con el propósito de buscar mayor coercibilidad al sistema penal se busca mejora la investigación criminal y agilizar este servicio. Para ello se integrará la información con fines judiciales que existe en las diferentes instituciones que cumplen esta función.
Con el mismo propósito la Fiscalía General de la Nación realizará el programa de capacitación técnica del personal de investigación judicial, apoyará una estrategia para mejorar la coordinación de los organismos que cumplen esta labor y realizará un diagnóstico sobre los recursos existentes en los laboratorios de investigación criminal que sirva de base para fortalecer su infraestructura y dotación, readecuarlos a las necesidades y lograr su especialización y eficiencia.
El servicio médico forense, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desarrollará proyectos de fortalecimiento de la infraestructura locativa, estandarización y mejoramiento de los servicios que ofrece, desarrollo de actividades científicas y mejoramiento del recurso humano.
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