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| 8/26/2006 12:00:00 AM

Cojea, pero... ¿llega?

Después de 21 años se reconoce que en el Palacio de Justicia hubo crímenes de Estado. Este tiempo ha sido un calvario para los familiares de los desaparecidos.

Cuando el fiscal Mario Iguarán anunció ante las cámaras de televisión que se abriría investigación formal contra Edilberto Sánchez, uno de los militares que tuvieron a cargo el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, los familiares de los 11 desaparecidos volvieron a sentir un rayo de esperanza.

Durante dos décadas le hablaron a la justicia para tratar de convencerla de que sus hijos fueron víctimas de un crimen de Estado. Pero durante esas dos décadas, la versión oficial concluyó siempre que el único verdugo fue el incendio del Palacio, que los convirtió en cenizas. La decisión del Fiscal General de la Nación es un reconocimiento público de que esas personas sobrevivieron a la toma y agentes del Estado decidieron desaparecerlas.

Nunca dudaron de que sus familiares salieron vivos. Cuando Enrique Rodríguez, papá de Carlos Augusto, el administrador de la cafetería, fue hasta el Palacio para encontrar a su hijo entre los vivos o entre los muertos, un agente del DAS le dijo que a los empleados de la cafetería se los habían llevado a la Escuela de Caballería porque eran sospechosos de pertenecer al M-19. En la Escuela nadie les dio razón, tampoco en la Policía ni en el DAS. Pero al día siguiente recibieron una llamada anónima que les recomendaba no desistir porque a sus familiares los estaban torturando y los podían matar.

Entre las personas que desaparecieron estaban también tres visitantes ocasionales: la proveedora de pasteles del restaurante, una joven que tenía cita con el presidente de la Corte Suprema, y Gloria Anzola, una sobrina de la magistrada Aydée Anzola. El 12 de noviembre, los familiares de Gloria se entrevistaron con el general Mejía Henao, procurador delegado para las Fuerzas Militares, y ante la negativa de conocer el caso, le pidieron que certificara por escrito que no había detenidos y que todos los muertos habían pasado por Medicina Legal. La certificación nunca fue expedida.

Aunque Enrique Rodríguez envió una carta al Tribunal Especial -creado a finales de 1985 para aclarar los hechos del Palacio- en la que informó sobre las llamadas y aportó un video de la televisión española en el que se veía salir con vida a Carlos Augusto Rodríguez, nunca lo llamaron a declarar. Seis meses después, el Tribunal dijo que había pruebas suficientes para determinar que los trabajadores de la cafetería habían sido trasladados hacia el cuarto piso en los primeros momentos de la toma y habían muerto allí junto a los magistrados. Lo que faltaba era reconocer los restos calcinados que seguramente estaban entre los 23 cuerpos que, por orden del juez 78 de instrucción penal militar, habían sido inhumados en el cementerio del sur como NN, horas después de la toma.

El argumento no convenció a los familiares y por eso les pidieron a las autoridades que ordenaran la exhumación. Pero sólo 14 años después, el fiscal Alfonso Gómez Méndez accedió y se hicieron las pruebas de ADN. Entre los restos sólo se encontró a Ana Rosa Castiblanco, la auxiliar del chef, pero la identidad genética de cada uno de los demás no correspondió con los otros desaparecidos.

Los portazos de la justicia

Durante años, mientras el gobierno de turno se acomodaba con la versión del Tribunal y descartaba de entrada las pruebas que respaldaban la de los familiares, fueron apareciendo otras declaraciones sobre el crimen. En 1989, Ricardo Gámez Mazuera, ex integrante de la Policía Nacional, presentó una carta ante la Procuraduría General de la Nación alegando que el peso de la conciencia le podía más que el miedo a ser asesinado. En ella relataba, entre otras cosas, el asesinato de Carlos Augusto Rodríguez: "Salió del Palacio y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la Escuela de Caballería por orden del coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe". Rodríguez -según el informe a la Procuraduría- fue sometido a torturas durante cuatro días: "Fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego se las arrancaron".

Plazas negó la acusación y meses después, José Plinio Moreno, procurador delegado para las Fuerzas Militares, resolvió abstenerse de abrir averiguación disciplinaria formal. El asunto quedó archivado.

La justicia penal militar tampoco investigó la denuncia. Aunque el Consejo de Estado declaró en 1993 que la Nación fue responsable administrativamente por la poca protección que tenía el edificio el día de la toma del M-19, nunca aclaró en qué circunstancias desaparecieron las 11 personas.

La indemnización poco les importaba. Lo que querían saber era el paradero de los cuerpos de sus familiares y quién ordenó matarlos. Por eso, el 29 de junio de 2001 insistieron una vez más ante la Fiscalía. Esta vez pusieron una denuncia por desaparición forzada, que desde hacía un año había quedado tipificada como delito en el Código Penal. También llevaron el caso a instancias internacionales. Enrique Rodríguez, quien asumió la dirección de la Asociación de familiares de los desaparecidos del Palacio, viajó a Ginebra y expuso el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En este momento esperan una respuesta.

En noviembre pasado, con el vigésimo aniversario, le entregaron a la Fiscalía, una vez más, las pruebas, y le solicitaron a Luis Camilo Osorio que llamara a indagatoria a varios militares que participaron en el operativo de recuperación del Palacio. Entre ellos al general Rafael Samudio Molina, al general Jesús Armando Arias Cabrales, al coronel Alfonso Plazas Vega y a Edilberto Sánchez Rubiano.

El pasado martes, finalmente, Mario Iguarán decidió abrir investigación formal por secuestro y desaparición forzada de las 11 personas y llamó a indagatoria a Sánchez Rubiano, quien tuvo a su cargo el manejo de las personas rescatadas del Palacio.

Las razones para que haya tenido que pasar tanto tiempo antes de que alguien decidiera investigar son más políticas que judiciales. Una prueba de eso es que el video de la televisión española que los familiares llevan mostrando 20 años es el mismo que Iguarán valoró como meritorio para abrir la investigación.

Hoy las condiciones políticas son distintas. El país celebra la decisión, contrario a lo que pasó en 1990, cuando Alfonso Gómez Méndez, en su calidad de Procurador, sancionó disciplinariamente al general Arias Cabrales y al coronel Sánchez Rubiano por sus excesos en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia. Esa decisión le significó el apodo de 'el enemigo de los militares' y terminó por apresurar su salida del Ministerio Público.

Actualmente la gente tiene una mayor conciencia de los delitos de lesa humanidad y ejerce presión social sobre las autoridades para que tomen medidas. Esa presión se empezó a sentir de manera más fuerte en noviembre pasado, cuando los familiares de las víctimas del Palacio, durante la conmemoración le mostraron al país cómo la impunidad había gobernado durante dos décadas. Esta decisión del Fiscal, así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear una comisión de la verdad que revele lo sucedido durante el 6 y el 7 de noviembre de 1985, son resultado de esa presión de la opinión pública.

Igual que en Argentina y en Chile, en Colombia han tenido que pasar 20 años para que la composición política del país haya cambiado, para que los implicados en los crímenes tengan menos poder para entorpecer las investigaciones y se rompa ese "pacto político de silencio" de los investigados.

Mario Iguarán ha decidido recibir la antorcha. Con el anuncio del martes, reconoció que en el Palacio hubo crímenes de Estado. Aunque no dictó una orden de captura contra Sánchez Rubiano, como suele pasar con los acusados de secuestro y homicidio, se espera que esta sea la primera de una serie de medidas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, al castigo de los responsables y a la recuperación de los cuerpos para que sus familiares puedan volver a dormir en paz. Por el momento, y por primera vez en varios años, los familiares de las víctimas vuelven a tener esperanza de que aparezca la justicia, y las muertes de sus seres queridos no queden en la impunidad.
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