Colectivo de Abogados, dispuesto a explicar denuncias de falsas víctimas de Mapiripán

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo manifestó este viernes su disposición a dar las explicaciones necesarias ante la Fiscalía General sobre una denuncia de que clientes suyos mintieron al asegurar que sus familiares habían muerto en la masacre de Mapiripán, por la que el Estado fue condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones.

La Fiscalía llamó a interrogatorio a seis personas que reportaron de dos a tres parientes asesinados en la masacre, ocurrida en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento de Meta.

Parte de esos parientes fueron representados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", que admitieron que fueron engañados por esas personas al igual que el Estado colombiano y la propia Fiscalía, que acreditó la condición de víctimas de esos familiares.

"Estamos abiertos para cualquier investigación, para cualquier declaración, y así se lo hicimos saber a la señora fiscal general" Viviane Morales, dijo a The Associated Press vía telefónica Eduardo Carreño, integrante del grupo de abogados.

Según Carreño, la organización fue engañada por una mujer llamada Mariela Contreras, quien aseguró que su esposo y dos de sus hijos murieron en Mapiripán a manos de paramilitares.

Pero en octubre, ante nuevos testimonios de paramilitares desmovilizados ante la Fiscalía, y al cruzar datos sobre las víctimas, Contreras reveló que su esposo murió antes de ocurrida la masacre y que uno de sus hijos está vivo.

Carreño insistió en que "la masacre sí existió", no obstante, la cifra de muertos pudo haber sido alterada. "Además no se pueden desconocer los vínculos de algunos militares con paramilitares en esa zona del país para la época de la masacre", dijo el jurista.

El fiscal Martín Moreno, quien tiene a cargo la investigación de las presuntas falsas víctimas, dijo en entrevista telefónica con la AP que no descartaba llamar también a rendir explicaciones a los abogados.

Pero primero, agregó, hay que investigar "cuáles fueron los procedimientos y quiénes actuaron" como representantes legales de las víctimas en instancias como la CorteIDH, que en 2005 condenó al Estado colombiano porque, según el texto del fallo, en el caso de la masacre se "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como 'aproximadamente 49'... los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida".

A esos seis parientes les "vamos a preguntar sobre el trámite como tal, quién fue el abogado que contactaron, quién presentó las víctimas, quién las buscó... y qué pasó, con base en los documentos que nosotros tenemos", añadió Moreno.

En su fallo, la Corte IDH ordenó entre otras compensaciones "para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas, ya sea individualizadas o por individualizar" el pago de 80.000 dólares.

Las indemnizaciones fueron pagadas, como en el caso de Contreras, según han dicho abogados de las víctimas y la propia mujer.

A inicios de mes, la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables, anunció que realizará en su sede en Costa Rica el 23 de noviembre una audiencia con los representantes del Estado colombiano, de las víctimas, sus familias y de la Comisión Interamericana para tratar de esclarecer el caso.

La delegación colombiana, en representación del Estado, será encabezada por la canciller María Angela Holguín.

AP