Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/04/09 00:00

¡Sí, acepto!: el largo camino para llegar al matrimonio igualitario

A pesar de ser un país conservador, con la decisión de la Corte Constitucional, Colombia queda como una de las naciones más vanguardistas del mundo.

La exalcaldesa de Chapinero Blanca Durán y su pareja Catalina Villa tienen una unión marital de hecho pero con el fallo de la corte pronto contraerán matrimonio. Foto: Juan Carlos Sierra

No hace mucho era impensable que el matrimonio gay pudiera ser aprobado en Colombia. Hasta 1980, el Código Penal castigaba con cárcel a la pareja de hombres que tuvieran relaciones sexuales entre sí. En la calle los llamaban sodomitas en alusión a la historia bíblica de Sodoma, esa ciudad arrasada por orden de Dios, a punta de fuego y azufre, por haberse rendido al ‘pecado’. Ser homosexual era uno de los mayores secretos que podía tener un ser humano. Era tan grave salir del clóset que quienes tenían una orientación sexual diferente se vieron obligados a construir un mundo paralelo y subterráneo: sus propias discotecas, cafés, cines... Sin embargo, desde hace más de un año, todo el mundo sabía que a esa decisión hace tiempo improbable, en la Corte Constitucional lo único que le faltaba era tiempo.  

Y ese tiempo se cumplió la semana pasada. En un histórico fallo de seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal reconoció que las parejas del mismo sexo tenían derecho a celebrar su amor por medio del matrimonio, como las heterosexuales. Quizás en la Corte Constitucional ningún fallo había sido más esperado por una comunidad. Desde que se conformó ese organismo, hace ya cerca de 25 años, la población LGBTI ha dado una lucha persistente para lograr la igualdad. Han construido una historia de pequeñas y grandes batallas, llena de victorias, derrotas y frustraciones. Quienes crecieron en la Colombia anterior a la Constitución de 1991 aprendieron que nada para ellos estaba dado y que todo lo que definía su identidad había que ganarlo poco a poco.

La Corte Constitucional abrió ese camino. En 1993, un ciudadano de Cali logró la primera tutela para cambiar su nombre de Carlos a Pamela. En 1996, una profesora también acudió al alto tribunal escondida en una máscara para evitar ser despedida por tener otra preferencia sexual. En 2001, se reconoció por primera vez que las parejas del mismo sexo tenían derecho a la seguridad social; en 2003, a visitarse en la cárcel; en 2007, a heredar; en 2012, a donar sangre; en 2015, a adoptar. El matrimonio era la última batalla.

Estos fallos significaron todo para decenas de colombianos anónimos que expusieron su intimidad y llevaron aspectos esenciales de su vida y su dignidad a los tribunales. El fallo del pasado jueves no fue la excepción. Paradójicamente, nadie conoce a la pareja que permitió que Colombia llegara a ser el país número 23 del mundo que reconoce el matrimonio igualitario. Son Juan y Pedro*, dos vendedores ambulantes de Bogotá que llevan casi 30 años de amor infinito.

Decidieron casarse cuando se cumplió el plazo que la corte le había dado al Congreso para regular el matrimonio de parejas del mismo sexo, y buena parte de la población entendió que, como no lo había hecho, el derecho a casarse era una realidad. Se fueron nerviosos pero felices a un juzgado, vestidos de pantalón formal y buzo, y celebraron su boda en medio de la más completa sencillez. Cuando recogieron el acta de matrimonio se enteraron de que la Procuraduría los había demandado. Su caso fue el primero que llegó al alto tribunal que al final recogió las tutelas de otras cuatro parejas que motivaron la histórica decisión del jueves pasado.

En septiembre de 2015, estos dos hombres asistieron a la Corte Constitucional a la audiencia de matrimonio igualitario. A diferencia de las otras parejas citadas, decidieron hablar desde un cuarto adjunto y pidieron la reserva de su nombre por temor a que “unos minutos de exposición pública derrumbara toda nuestra vida”. Aseguraron que asistieron porque quieren vivir en un país en donde se pueda ser gay sin máscaras.  “Hoy nos dirigimos a ustedes para contarles nuestra historia de amor. La de dos hombres que siendo pobres hemos luchado por la vida de la mano como uno solo”, dijeron al comenzar. Muchos lloraron en su intervención.  El jueves, cuando salió la noticia, sintieron por primera vez que podían dar la cara.

El matrimonio igualitario se ha convertido en una de las causas más sentidas de Occidente. El año pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos derogó la posibilidad que tenían los estados de prohibir esas uniones, hubo júbilo nacional. Miles de personas se volcaron a las calles a celebrar el fallo. La Casa Blanca se vistió con el arcoiris y el presidente Obama dio uno de los discursos más emotivos de su gobierno. “Si de verdad somos creados iguales, entonces con certeza el amor que prometemos unos a otros debe ser igual también… hoy podemos decir que hemos hecho que nuestra nación sea un poco más perfecta”, dijo emocionado.

Más de 20 países habían tomado esa decisión hasta ese momento. El primero fue Holanda en 2000. En 2003, Bélgica; en 2005, España y Canadá; en 2006, Sudáfrica; en 2009, Noruega y Suecia; en 2010, Argentina, Islandia y Portugal; en 2012, Dinamarca; en 2013, Brasil, Francia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Uruguay; en 2014, Escocia y Luxemburgo; en 2015, México, Irlanda y Finlandia (ver mapa). Como muchas de las grandes transformaciones sociales, se necesita solo que alguien se anime a dar el primer paso para generar una reacción en cadena que difícilmente tendrá reversa.

En el pasado, las discusiones sobre el color y la raza tocaron las fibras más sensibles de la sociedad y la cambiaron casi completamente. Algo similar se vive ahora en Occidente frente a los múltiples debates sobre el reconocimiento de la identidad sexual. En muchos escenarios, este no solamente ya no es un tema escondido, sino aplaudido. No podría explicarse de otra forma que el cambio de sexo de Caytlin Jenner, el controvertido padre adoptivo de las hermanas Kardashian, fuera uno de los principales temas de la agenda informativa de los Estados Unidos. O que en Colombia, cada vez más, los miembros de esta comunidad adquieran más presencia y peso en el poder y la política.

El matrimonio gay simboliza por excelencia el respeto por esa identidad. A diferencia de muchas otras banderas progresistas, su realización no le hace daño a nadie. En el aborto, por ejemplo, siempre existirá la compleja pregunta de cuál es el momento en que comienza la vida y quién tiene la autoridad para acabarla. En la eutanasia pasa algo similar. En la legalización de las drogas el debate es aún más complejo, no solo por los incontrovertibles daños que produce en los consumidores sino por la cadena de crimen y sangre que deja a su paso.

El matrimonio de parejas del mismo sexo no tiene ninguna víctima real y palpable.  Todo lo contrario. Como dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, en su intervención en la Corte Constitucional, estar por fuera de ese espacio sí genera humillaciones sociales, personales y avergüenza a miles de parejas del mismo sexo. Los priva de los beneficios cotidianos que tiene esta figura como acceder a una visa, a un seguro o a la posibilidad de tomar decisiones médicas en caso de enfermedad. “¿Por qué siquiera se atrevían a preguntarnos si queríamos casarnos? La pregunta nunca fue por qué queríamos ser iguales sino por qué nos querían seguir discriminando”, explica. Paradójicamente, a quienes más les hacía daño esa restricción no era a las parejas, sino a sus hijos, que además de la desprotección legal tenían que crecer bajo el estigma de tener dos papás o dos mamás a los que el Estado no les reconocía su voluntad de estar juntos.

Quienes critican la decisión suelen argumentar que esta lesiona una de las instituciones más sagradas y tradicionales de la sociedad. La Corte Suprema de Estados Unidos respondió muy bien a ese prejuicio: “Al casarse, dos personas se vuelven más grandes de lo que alguna vez fueron. Decir que estos hombres y mujeres no respetan la idea del matrimonio sería equivocado. Su petición es precisamente que lo respetan, lo respetan tanto que lo quieren para ellos”.  Agregó que no pretendía desdibujar el matrimonio sino reconocer que históricamente esta no ha sido una figura pétrea, sino que se ha adaptado a los tiempos. Falta recordar que hace décadas era igualmente impensable la posibilidad de que un negro pudiera casarse con una blanca o que un español pudiera hacer lo mismo con una indígena.

A diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, en Colombia esta decisión no cuenta con el apoyo de las masas. La mayoría de las personas considera que el matrimonio solo se puede aplicar a la unión de un hombre y una mujer, y ven en la decisión de la corte una profunda afrenta al concepto de familia. Millones de colombianos tienen ese sentimiento (el 62 por ciento, según una encuesta de Gallup, no está de acuerdo con esa figura y el 72 por ciento rechaza la adopción) basados en creencias religiosas profundas y respetables.

Muchos de ellos se sienten representados en las palabras del procurador Alejandro Ordóñez, quien salió a decir que “se terminó de sepultar la Constitución. Familia no es familia. Matrimonio no es matrimonio. Y la vida no es inviolable”. El magistrado Jorge Pretelt, quien fue el ponente del tema, dijo que “la corte ha traicionado al constituyente aprobando temas como el aborto y el matrimonio del mismo sexo a sabiendas de que no serán aprobados en el Congreso porque son rechazados por la mayoría de colombianos”. Esa visión radical no es necesariamente negativa. El éxito de la transición que debe dar la sociedad para aceptar estos temas en su cotidianidad tendrá que comenzar por respetar esas diferencias. Como dijo monseñor  José Vicente Córdoba en un foro sobre el tema, “a los que no estamos de acuerdo no nos digan recalcitrantes, dinosaurios, cavernícolas, retardatarios, porque también tenemos derecho a presentar nuestras ideas y emociones con respeto”.

Esa pugna ha motivado en parte los multitudinarios movimientos ciudadanos que buscan que esa decisión resulte de las urnas. El referendo para rechazar la adopción por parejas del mismo sexo, liderado por la senadora Viviane Morales, recogió más de dos millones de firmas. Su principal argumento es que nueve personas no pueden decidir algo tan trascendental. Esta discusión refleja uno de los grandes debates políticos de la actualidad: la necesidad de evitar la tiranía de las mayorías que, denunciaba el pensador francés Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, atropelle las minorías, y cómo garantizar que la protección de estas últimas no termine por desconocer la democracia.

Lo que vive Colombia no es ajeno a la tendencia mundial, y algo similar pasa en México y en Brasil, países profundamente católicos. Pero la aceptación social también es un asunto de tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1996 solo el 20 por ciento estaba de acuerdo con el matrimonio gay, pero hoy esa cifra supera el 60 por ciento. Como dijo el exdirector de Colombia Diversa Mauricio Albarracín, “a mí no me preocupa el 70 por ciento que todavía no nos cree, me alegra profundamente el 30 por ciento que sí. Desde que recibí por primera vez el apoyo de mis papás a esta causa, siento que el mundo entero nos respalda”. 

La sentencia de la corte, sin embargo, puede no ser la última batalla, sino la primera de una nueva era. El hecho de que las personas LGBTI se puedan casar no significa de ninguna manera que no tengan que vivir en un país profundamente desigual y discriminatorio. Tan es así que entre 2005 y 2015, la Fiscalía calcula que 337 homicidios fueron motivados por la orientación sexual diferente. “La lucha por la igualdad social, real, continúa: en la familia, en la escuela, en el trabajo. La discriminación allí no la puede arreglar ninguna sentencia, pero sí la educación, la justicia y la paciencia”, sostiene la congresista Angélica Lozano, abiertamente bisexual. Precisamente para esa tarea, el gobierno promulgó hace unos meses una política pública dedicada exclusivamente a luchar contra ese estigma.

El año pasado Sergio Urrego, un estudiante de 16 años, se suicidó por cuenta del rechazo que vivió en su colegio. “Mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso…Estoy un poco cansado de responder esa pregunta (si soy bisexual)… No creo que el amor tenga etiquetas, realmente”, dejó escrito en una carta. Su caso evidenció lo mucho que puede herir ese rechazo y la deuda histórica que el país ha tenido con esta comunidad. La sentencia de la Corte Constitucional seguramente comenzará a sanar esas heridas.

Un largo camino

Estos son los derechos que la comunidad LGBTI ha ganado en la Corte Constitucional:

1993: Cambiarse el nombre.

1998: No ser expulsados del colegio.

2001: Poder ser afiliados al sistema de seguridad social como beneficiarios.

2003: Tener visitas íntimas en la cárcel.

2008: Ser beneficiarios de la pensión de su pareja cuando esta muere.

2011: Ser considerados como una familia.

2012: Poder donar sangre.

2012: Adoptar como solteros.

2013: No ser discriminados en los manuales de convivencia.

2013: Acceder a la cirugía de cambio de sexo por la EPS.

2014: No exigirle libreta militar a las personas transgénero para trabajar.

2014: Adoptar al hijo biológico de la pareja.

2015: Caso Sergio Urrego. Prohibición de discriminación por orientación sexual en instituciones educativas.

2015: Adoptar sin ninguna restricción.

2015: Registrar como padres biológicos al hijo de la pareja.

2016: Matrimonio igualitario.

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