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| 5/14/2001 12:00:00 AM

Colombia bajo Bush

Con el cambio de gobierno en Estados Unidos se abren interrogantes sobre la relación con Colombia. Informe de María Teresa Ronderos, enviada especial a Washington.

Hace unos años, para la mayorIa de

los estadounidenses, Colombia si acaso evocaba imágenes de narcotraficantes de película o, en el mejor de los casos, de Juan Valdez y su café suave. Pero en los últimos meses una efervescencia colombianista ha puesto a este país en la cresta de la ola de la opinión estadounidense. Hoy miles de estudiantes, profesores, activistas, periodistas, sindicalistas, indigenistas y ambientalistas de ese país discuten, estudian, escriben y se movilizan alrededor de cómo Colombia puede salir de sus múltiples guerras, de su tragedia humanitaria, de su democracia hecha jirones y de su recesión. Desde carteles en las universidades de ‘Stop the War in Colombia’, como si fuera Vietnam, foros en los centros de investigación y hasta talleres de estudiantes en Washington simulando la guerra colombiana… por todos lados se debate la enorme ayuda militar y social de Estados Unidos al Plan Colombia para 2000 y 2001, equivalente a la que ese país le dio a El Salvador a lo largo de nueve años en plena guerra fría. Además Estados Unidos anunció que entrenarían 5.086 soldados y policías colombianos en 2000, una cifra superada sólo por Corea del Sur entre los países que no pertenecen a la Otan, según un informe del Center of International Policy.

La decisión de Estados Unidos de involucrarse tanto en Colombia desató la tormenta de opinión, que es comparable con la que tuvo Polonia en los tiempos de Solidaridad o El Salvador y Nicaragua, en lo peor de su conflicto.

El debate público empezó desde que el Congreso estadounidense aprobó la ayuda en julio pasado, pero se ha intensificado por el cambio de gobierno. El presidente George W. Bush y su secretario de Estado, Colin Powell, respaldaron la ayuda al Plan Colombia diseñada por su antecesor Bill Clinton, pero en una versión que incluye a los vecinos llamada Iniciativa Regional Andina.

El presupuesto de la ayuda regional, presentado la semana pasada, no tuvo cambios dramáticos frente a lo que se esperaba desde el anterior gobierno. Se le pidió al Congreso aprobar una ayuda de 731 millones de dólares para los países andinos –excluida Venezuela– de los cuales 399 millones serán para Colombia. No haber incluido a Venezuela parece tener que ver con la negativa de su presidente Hugo Chávez a prestar su espacio aéreo para operaciones de interdicción antodrogas.

La ayuda para Colombia en 2002 es para mantener los helicópteros y seguir apoyando otras labores de interdicción en ríos y aire, y de inteligencia. También incluye el componente social para desarrollo alternativo, mejorar el ambiente en derechos humanos, entre otros. Hasta los más críticos coinciden en que —a diferencia del gran paquete aprobado el año pasado— esta ayuda pasará sin que le tome mucho tiempo a los congresistas ya que no es un año electoral y nadie está muy interesado en lucirse demostrando su interés por combatir las drogas. Todo el presupuesto para ayuda extranjera, en el que está incluida la Iniciativa Andina será debatido a partir de julio y saldrá aprobado a más tardar en octubre.

De todos modos habrá algo de tire y afloje. Del lado demócrata habrá presión para exigirle a Colombia que fortalezca los programas de desarrollo alternativo, que enfrente de manera más vertical el problema paramilitar, y que la judicialización de militares violadores de derechos humanos sea más expedita. También abogan para que haya una mayor participación activa de Estados Unidos en la negociación entre guerrillas y gobierno colombiano.

Del lado republicano, congresistas como Benjamin Gilman y Dan Burton insistirán en que sea una comisión interagencial —y no sólo el Departamento de Estado— la que maneje la ayuda, y que ésta se canalice mayormente a la Policía colombiana, que ya ha probado su eficiencia en la lucha contra las drogas.

En el Ejecutivo aún no es claro con qué prioridad se va a manejar el tema de Colombia. Un ex funcionario del Departamento de Estado que goza de receptividad en el gobierno de Bush es optimista. Sostiene que con la ayuda regional en camino; México jugando un papel primordial en la negociación de paz en Colombia (como sucedió en Centroamérica en el gobierno de Bush padre); el gobierno de Estados Unidos un poco más abierto a apoyar el proceso de paz, y un decidido respaldo a facilitar un acuerdo de libre comercio en las Américas (Alca), las perspectivas para Colombia con Bush son mejores que con Clinton.

Para otros el futuro no resulta tan despejado. En la administración Bush hay síntomas de que la lucha contra las drogas en Colombia no es tan importante y la actividad política asumida por Clinton no es tan deseable. El secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld dijo en su audiencia de confirmación ante el Congreso que el problema de drogas en Estados Unidos es sobre todo de demanda y que no se mejorará con ayuda militar a Colombia. De otra parte, Powell ha sostenido desde hace años que el uso de fuerza militar sólo es exitoso si los objetivos políticos han sido claramente definidos. No es este el caso colombiano.

Si decae el interés del alto gobierno estadounidense por la estrategia del Plan Colombia, se da el peor de los mundos: cada agencia estadounidense, cada institución trata de imponer su propia política, y el Plan —todavía con recursos muy considerables por los qué pelear— corre el riesgo de sucumbir en medio de la lucha burocrática.

Esto puede pasar, coinciden varios analistas. Sobre todo cuando la administración Bush está concentrada en el tema del comercio. Esa es su prioridad. Y aunque, como lo ha señalado el embajador colombiano en Washington, Luis Alberto Moreno, Colombia tienen mucho qué beneficiarse de esta estrategia de liberación comercial en el continente, la evolución del Plan Colombia en los próximos años puede ser crucial para la supervivencia de la democracia colombiana. Y sin seguridad y sin democracia, las posibilidades de comercio e inversión serán muy restringidas.

Pese a que se conocen estas tendencias dentro del gobierno Bush, todavía queda mucho por definir de la estrategia del nuevo gobierno frente a las drogas y frente a Colombia. De ahí que los distintos intereses alrededor del tema busquen influir en la opinión con mayor ímpetu y las críticas a la racionalidad detrás de la política de Clinton arrecien.



Las criticas

Es muy pronto para evaluar la efectividad de la ayuda estadounidense al Plan Colombia porque aún no llega en forma (ver recuadro). Por eso lo que hoy se cuestiona sobre todo es la validez de las estrategias detrás de la ayuda. Para empezar hay serias dudas sobre si en efecto, la erradicación en Putumayo y Caquetá acabará el negocio de la coca y dejará a las Farc con menos ingresos y con más ganas de metérsele en serio al proceso de paz, como era uno de los objetivos tácitos del Plan.

“Dos mil o tres mil hombres en el Putumayo erradicando, no le hace nada al negocio de la coca que controlan allí paras y guerrilleros desde hace años”, dice Adam Isacson, investigador del Center for International Policy, quizás el centro de pensamiento que le ha hecho el seguimiento más cuidadoso a la ejecución del Plan Colombia. Explica que tienen la capacidad de mover los cultivos a otras regiones del país o a Ecuador.

“La fumigación va adelantándose, pero poco se ha hecho para llevarle ayuda económica a los campesinos para que sustituyan la coca por otras cosechas”, dijo Tim Rieser, un miembro del equipo del senador Patrick Leahy, autor de la famosa Ley Leahy que prohíbe la ayuda estadounidense a unidades militares de otros países involucradas en la violación de derechos humanos. “Lo que deja a los campesinos sin alternativas y pone en duda la sostenibilidad del Plan”.

Los funcionarios del gobierno estadounidense se defienden de las variadas críticas. “Este es el primer año que estamos implementando una estrategia social paralela a la fumigación, y aunque sí ha demorado un poco en llegar, no se pueden esperar efectos inmediatos, dijo a SEMANA Phil Chicola, director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado. Quizás es porque la erradicación está resultando tan exitosa es que le hacen tanta propaganda negra”.

Otras críticas van dirigidas a cuestionar que se persiga la droga en los países donde es producida en cambio de controlar la demanda interna. “Dólar por dólar brindarles tratamiento a los consumidores de cocaína en Estados Unidos es 10 veces más efectivo que los esquemas de interdicción de drogas y en la relación costo-beneficio es 23 veces mejor”, afirmó en una conferencia reciente Sanho Tree, del Institute for Policy Studies, al citar un estudio de la conservadora Corporación Rand.

Con una línea ideológica opuesta y con razones diferentes, el representante Gilman denunció a comienzos de marzo en una audiencia sobre el caso colombiano ante el Congreso que debido a la concentración del Plan Colombia en erradicar la coca, se había bajado la guardia en la fumigación de la amapola —de la cual sale la heroína— y que se estimaba que para este año se va a terminar fumigando un tercio menos de amapola que el año pasado. Colombia provee hoy el 70 por ciento de la heroína que se consume en Estados Unidos.

¿Guerra contra quien?

El hecho de que la política de Estados Unidos de apoyar el Plan Colombia termine siendo cuestionado más por su presunta ineficiencia en la lucha contra el flagelo de las drogas en ese país, que por la eficacia que pueda tener en ayudarle a Colombia a fortalecer su democracia amenazada es esperable. Es esa guerra la que le interesa a la sociedad estadounidense, a nombre de ésta fue que le ‘vendieron’ al Congreso la extraordinaria ayuda a Colombia.

Pero que la discusión derive hacia allá también se origina en la ambigüedad de la estrategia estadounidense. “Como política de Estado no apoyaremos la lucha contraguerrillas de Colombia”, dijo un reporte de la Casa Blanca de octubre de 2000. No obstante, Rand Beers, el hombre a cargo de la Sección de Asuntos sobre Narcóticos, la división del Departamento de Estado que controla el grueso de las actividades norteamericanas en el Plan Colombia, dijo en entrevista a El Espectador a comienzos de abril que debido a que las Farc, el ELN y otros grupos se han metido en el negocio del narcotráfico y sacan provecho de él, “el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos no discriminan entre lo que es narcotráfico y lo que es insurgencia. Son la misma cosa”.

Y esta ambigüedad es quizá la crítica más de fondo a la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Leahy ha dicho, por ejemplo, que Estados Unidos debe ser más transparente y frentero con respecto a su ayuda a Colombia. “El senador Leahy cree que Estados Unidos debe ayudar a Colombia, pero con la estrategia actual no es claro qué podremos lograr en un período específico, ni a qué costo”, explicó Rieser, su asesor en el tema .

Para otros, el riesgo de seguridad en Colombia es tan grande que es casi absurdo que el gobierno de Estados Unidos no esté claramente apoyando a las Fuerzas Armadas colombianas en el que sí es su objetivo principal: asegurar el monopolio de la fuerza frente a los diversos grupos armados ilegales.

“Con los batallones antinarcóticos, creamos un ‘ejército gringo’ dentro del Ejército colombiano, dice un ex militar especialista en el tema en Washington. Ese ejército está mejor equipado, entrenado y menos cuestionado en materia de derechos humanos que el otro, pero sólo puede encargarse de la misión antidrogas, que no es la prioritaria para el Ejército colombiano. Eso crea rivalidades”.

Por el contrario, para Gabriel Marcella, investigador del War College, un think tank influyente en las políticas de defensa estadounidenses, la creación de una brigada (conformada por los tres batallones antinarcóticos) eficaz y bien dotada puede ser muy beneficiosa para el Ejército. “Estos profesionales serán reinyectados al Ejército en general y esto ayudará a su necesaria transformación”, dijo a SEMANA.

La discusión entre si se lucha contra las guerrillas o contra las drogas no es sólo una disquisición teórica, sino que tiene efectos prácticos graves. El incidente de febrero relatado por la revista Jane, especializada en defensa, en el cual contratistas del Departamento de Estado de la empresa DynCorp para la fumigación de los cultivos ilícitos se vieron envueltos en un cruce de fuego con las Farc, cuando rescataron a un helicóptero que había sido baleado por las guerrillas desde tierra, pone de manifiesto los riesgos que el personal estadounidense corre de terminar involucrado en la guerra, cuando se está luchando contra las drogas.

Es necesario aclarar que ningún soldado estadounidense está combatiendo, que tampoco juegan un papel de asesores en terreno, sino sólo se han limitado a pilotear aviones, entrenar personal y prestar ayuda técnica en las bases de Tres Esquinas o Larandia. Pero no los exime de que puedan ser atacados por la insurgencia o por los paramilitares que buscan proteger su negocio.



Colombia, la clave

De ahí que lo que más preocupe a los analistas y funcionarios estadounidenses del futuro del Plan Colombia, es la capacidad del país de movilizar los recursos necesarios para poner fin a su conflicto.

“Es cierto que debemos ayudarle a Colombia, pero de nada servirá todo este esfuerzo si el gobierno colombiano no enfrenta los problemas de fondo: no tiene una estrategia propia para atender regiones enteras que están olvidadas y ésta no puede ser sólo represiva; no ha enfrentado el problema de la corrupción, ni de la marginalidad”, dijo un asesor demócrata del Congreso.

“Hay incertidumbre sobre la capacidad de Colombia de movilizar los recursos que requiere en las distintas áreas para enfrentar la enorme y compleja tarea de pelear tres guerras a la vez”, dice desde la otra orilla, Marcella.

Otro analista sostiene, por ejemplo, que aun si el Plan Colombia logra su fin y deja a la guerrilla sin recursos, no es clara la estrategia colombiana para evitar que los insurgentes busquen otras fuentes de financiación y hagan aún más insoportable el problema de seguridad para empresas y ciudadanos. Otro observador completa el ejemplo preguntándose si Colombia tiene planes para capitalizar las enseñanzas del Plan Colombia en el Putumayo para aplicar un modelo perfeccionado de acción conjunta entre Fuerzas Militares y civiles para fortalecer el Estado en tantas otras regiones donde está débil.

De otra parte, un especialista en temas militares no ve firme “la voluntad política colombiana para darles a sus Fuerzas Armadas ni los recursos ni el vuelco que necesita para cambiar el equilibrio de la guerra a su favor”. Y un alto funcionario del gobierno estadounidense que prefirió no dar su nombre dijo que si las Fuerzas Armadas no asumen como fundamental que su legitimidad y fortaleza dependen de su capacidad de autocrítica, y de su decisión de romper vínculos definitivamente con el paramilitarismo, no podrán ganarse al pueblo en su causa para la guerra.

Las dudas sobre la voluntad política de Colombia para cambiar se repite en casi todas las fuentes que consultó SEMANA en Washington. Quizá con la excepción del ex funcionario del Departamento de Estado que ve que “el período de negación de su propia realidad de la dirigencia colombiana ya pasó y ahora hay conciencia de la urgencia de lograr la paz”.

Lo que sí queda claro de todos modos es que en la política del nuevo gobierno de Bush frente a Colombia en materia de seguridad mucho tendrá que ver la misma Colombia. Si sabe definir sus propias prioridades, cómo y qué recursos debe movilizar para salvar su propia democracia, entonces mayor éxito tendrá en aprovechar la alta sensibilidad que hay sobre el tema en Estados Unidos y el cambio de gobierno para cosechar beneficios.

Como dijo el alto funcionario del gobierno estadounidense “los recursos donados a Colombia buscaron inspirar a su dirigencia para que asumiera el gran desafío de modernizar y fortalecer su Estado. Pero si en lugar de ello, los colombianos esperan que la ayuda estadounidense reemplace su propia voluntad política para cambiar, entonces esa ayuda es la peor idea que hemos tenido”.
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