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| 1/3/2012 12:00:00 AM

Colombia: ¿espacio libre de armas?

El anuncio realizado por un grupo de senadores de presentar al Congreso un proyecto de ley que prohíba el porte de armas en Colombia, va en sintonía con los esfuerzos que desde hace meses adelanta el gobierno. ¿Son estas iniciativas el inicio para la creación del marco jurídico necesario para el desarme en el país?

La iniciativa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de buscar la prohibición del porte de armas en la capital del país está cobrando una dimensión nacional por coincidir con iniciativas similares que adelanta tanto el gobierno como un grupo de congresistas cercanos a él.

Los senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara (Polo Democrático), anunciaron este martes que presentarían al Congreso, a su vuelta de vacaciones, un proyecto de ley para prohibir el porte de armas en todo el país. La idea busca que la potestad de prohibir o no el porte de armas sea una decisión de los alcaldes y no de los comandantes de Brigada como sucede actualmente. Según Romero, lo que buscan es “hacer cumplir la Constitución ya que son los Alcaldes y los Comandantes de la Policía, los encargados de la seguridad en cada ciudad”.
 
El grupo de senadores que, aunque legalmente pertenecen al Polo, son muy cercanos a Petro y su movimiento ‘Progresistas’, asegura que esto “no se trata de hacer cumplir un capricho de un Alcalde sino de mirar qué clase de sociedad queremos para Colombia”.

Para Camilo Romero, el debate va más allá, ya que no son los instrumentos quienes matan si no son las personas. "Podemos buscar un territorio libre de armas y dispuesto a la paz", dice.

En sintonía con esta propuesta, la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana lleva meses elaborando un decreto que incremente los requisitos para la tenencia y el porte de armas en todo el país. Según el alto consejero, Franciso Lloreda, “desde el gobierno partimos de una premisa y es que la tenencia del porte de armas por parte de particulares debe ser excepcional y hoy en día no lo es. En Colombia tenemos un número muy importante de armas en manos de particulares, cerca de un millón y medio, y es importante reducir esta situación”.

Desde hace seis meses, la consejería empezó a trabajar con el Ministerio de Defensa para incrementar los requisitos para la tenencia y el porte de armas, y en un marco jurídico que recoja toda la normatividad al respecto.

Entre las principales medidas están las de incrementar los requisitos para la tenencia del porte de armas y cambiar para que sean los gobernadores y alcaldes quienes tengan más autoridad sobre la decisión de prohibir o no el porte. “Nosotros proponemos que sean los concejos de seguridad, donde tiene un asiento el alcalde, el órgano encargado de tomar la decisión, para que de esta forma sea algo colectivo”, explica Lloreda.

También proponen la identificación balística para todas las armas, tanto de los particulares como de las fuerzas armadas.

Lloreda reconoce que aunque la iniciativa de los senadores y la de Petro no son las primeras, sí resulta “muy provechoso que concurran otras medidas en este mismo sentido para que podamos hacer una revisión integral de toda la normatividad”.

En busca de un marco jurídico

Camilo Reyes Rodríguez, experto en desarme y uno de los autores del informe, ‘La amenaza de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos’, realizado por el observatorio de Drogas ilícitas y armas de la Universidad del Rosario, asegura que en Colombia no existe un marco jurídico formal e institucional para el desarme. “Ha habido episodios de entrega de armas, voluntaria u obligatoria, para los que se han diseñado marcos jurídicos específicos con algunos resultados de importancia, pero sin un marco nacional para su legislación”.

Según el análisis, las iniciativas deben ir encaminadas en dos sentidos: por un lado está la de generar procedimientos para la recolección y almacenamiento de las armas, y la creación de una autoridad competente que maneje la entrega de armas. Pero también debe ir acompañado de acciones que reduzcan la posibilidad de tener armas por parte de los civiles.

Los ejemplos del pasado


En 1993, el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, quien repite mandato es este periodo estableció restricciones temporales al porte de armas y entrega voluntarias de armamento. Los resultados fueron históricos. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de homicidios descendió de un nivel máximo nunca visto: pasó de 124 por cada 100.000 habitantes a 86 por cada 100.000 habitantes, entre 1994 y 1997, una reducción del 30 por ciento que significó 600 homicidios menos en esos tres años.

En Bogotá, durante las dos administraciones de Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003), se desarrollaron programas de seguridad basados en cambios culturales en la ciudad y en la construcción de institucionalidad para la seguridad, control de armas y desarme. La medida tuvo un impacto notorio y duradero sobre la violencia armada

En el 2005 se registraron en Pereira 488 homicidios, lo que la llevó a ocupar el primer lugar de muertes violentas en el país con una tasa per cápita de 97 asesinatos por cada cien mil habitantes, el doble de la media nacional. En el 2006, una consulta popular medía si los habitantes de la ciudad querían que los civiles portaran armas o no. La iniciativa concluyó con el 91 por ciento de votos de apoyo al desarme.

En Medellín durante el 2007, bajo la administración de Sergio Fajardo, el ‘Plan desarme’ también se encaminó a desarrollar políticas para desestimular al porte y tenencias de armas. El programa logró la recolección de 4.049 armas en el 2007.

Sin embargo, para Reyes las medidas tomadas en el país son planes locales que han logrado cumplir sus objetivos, pero han fallado por la falta de una acción coordinada entre los ámbitos local y nacional para desincentivar la tenencia y porte de armas y sus efectos en la población del país.

Las armas en cifras

La Policía Nacional reportó que el 2011 terminó con 14.746 homicidios de los que el 81 por ciento fueron causados por armas de fuego.
 
Según las cifras entregadas por el informe de la Universidad del Rosario, en Colombia hay aproximadamente 1.800.000 armas legalmente adquiridas, de las que aproximadamente 700 mil tienen permisos vencidos.
 
La Fundación Ideas para la Paz estima que en el país hay por cada arma legal cuatro ilegales.

Durante el 2011, la Policía incautó 37.965 armas, de las cuales 27.117 eran ilegales

La senadora Gilma Jiménez aseguró este martes que en el 2011 murieron 117 menores de 14 años, de los cuales 65 fallecieron por arma de fuego.






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