Colombia firma acuerdo que protege a trabajadores en el TLC con EE.UU.

El presidente Juan Manuel Santos fue este lunes el anfitrión de la firma de este convenio que contó con la presencia de representantes de la OIT y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
 
"Es la ratificación de una serie de leyes, de normas que nosotros hemos adoptado, de acuerdos que hemos firmado: acuerdos con la OIT, acuerdos con Estados Unidos para el Plan de Acción del Tratado de Libre Comercio", explicó el mandatario.
 
Este acuerdo contempla una serie de compromisos en derechos laborales, así como en la defensa del derecho a la asociación y a hacer parte de un sindicato.
 
Santos destacó que el vicepresidente del país, Angelino Garzón, ha sido "uno de los grandes abanderados de esta política".
 
La firma de este acuerdo "es una ratificación del compromiso del Gobierno y el compromiso de los colombianos de proteger cada vez más y cada vez con más efectividad los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, que son una parte importantísima de nuestra sociedad", aseguró el presidente.
 
Bajo la lupa en garantías a trabajadores
 
Precisamente fueron las débiles garantías del Estado colombiano a los trabajadores y sindicalistas los obstáculos que frenaron durante años la negociación del TLC en el Congreso estadounidense.
 
De hecho, federaciones sindicales de Estados Unidos, como AFL-CIO, miran todavía con recelo el compromiso de Colombia con los derechos laborales y sindicales. Así lo denunció ese grupo en un informe presentado en Washington el pasado 24 de julio, en el que consideraba que el "Plan de Acción Laboral" no ha tomado "medidas enérgicas contra las cooperativas ilegales y otras formas de subcontratación para que así los trabajadores puedan ser contratados directamente por los empleadores y puedan ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva".
 
Sin embargo, Santos enumeró en su discurso los avances de Colombia en la prevención de abusos por parte de las cooperativas de trabajo asociado, el aumento de las sanciones a empresarios que castigan a los trabajadores asociados y la disminución de asesinatos de líderes sindicales.
 
"Sabemos que en periodos de nuestra historia, los líderes sindicales fueron identificados como objetivos por organizaciones al margen de la ley, nunca por el Gobierno, pero es el deber del Gobierno protegerlos", reconoció.