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| 11/24/2012 12:00:00 AM

Colombia y Nicaragua: un fallo difícil de tragar

El país no tiene otro camino que acatar el fallo de la Corte de La Haya, pero vienen tiempos muy difíciles.

Hay fechas que están grabadas en la memoria de los colombianos: el 20 de julio de 1810, el 7 de agosto de 1819, y el 4 de noviembre de 1903. Por citar tres ejemplos. Ahora, a esa lista se suma el 19 de noviembre de 2012, día en que un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de un solo mordisco le arrancó al mapa de Colombia un pedazo enorme de mar Caribe y dejó en una situación incómoda el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Lo que sucedió es, sin duda, difícil de digerir para el país. De un día para otro los colombianos se enteran de que se han perdido 75.000 kilómetros cuadrados de mar, según cálculos preliminares de la Armada. Es decir, en extensión es como si se hubiera vuelto a perder Panamá. Otro dato, el del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, dice que la pérdida puede ser de 90.350 kilómetros cuadrados. Lo cual sería como perder en el mar un territorio del tamaño de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare juntos. Cualquiera de los dos escenarios es terrible.

Pero más allá del tamaño del tijeretazo, el fallo cayó como una bomba en el ánimo de los colombianos y despertó un particular espíritu patriótico. Eso no es extraño. Los asuntos de soberanía y territorio siempre provocan una reacción instintiva y exacerban sentimientos muy arraigados. Etiopía y Eritrea, hace unos años, se fueron a la guerra porque cada uno reclamaba un pueblo en el que viven 1.500 personas. La guerra duró dos años y dejó 50.000 muertos. Por no hablar de la pelea entre Japón y China por un grupo de ocho cayos y peñascos, que miden siete kilómetros cuadrados. Las dos potencias estuvieron a punto de irse a la guerra hace dos meses cuando Japón le compró a un privado tres de las islas en disputa. Más de la mitad de los ciudadanos chinos, según las encuestas, piensa que en pocos años irán a una disputa militar con Japón.

Y no es que esta sea la primera vez que Colombia pierde un pedazo de su mapa. Desde que el país comenzó su vida como Nación independiente ha perdido poco más de la mitad de su territorio: comenzó con 2.583.000 kilómetros cuadrados y ahora tiene 1.142.000 kilómetros cuadrados. Pero es poco común. La última vez que el país perdió territorio fue hace 110 años (en 1903, con la separación de Panamá), es decir, a ninguno de los 44 millones de colombianos de hoy les tocó vivirlo. El mordisco, cabe anotar, implica también que Colombia ya no tiene frontera con Costa Rica ni con Honduras. Si sirve de consuelo vale decir que México cuando se independizo tenía un área de 6 millones de kilómetros cuadrados, ahora solo tiene 2. Es decir, ha perdido dos terceras partes de tierras, entre otras, los hoy estados de Estados Unidos, Texas, California y Nevada.

Ningún colombiano del común, ni tampoco la opinión pública calificada, tenían claro el riesgo que se estaba corriendo. Esto tiene una explicación y es que el caso con Nicaragua y los mapas de San Andrés en el último medio siglo han sido tratados como temas de ‘seguridad nacional’. En otras palabras, el hermetismo con que se manejó el caso hizo más agudo el sentimiento de derrota.

Cuando el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el eslovaco Peter Tomka, dijo que los cayos eran de Colombia hubo explosión de júbilo. Y cuando comenzó el capítulo de la delimitación la alegría se desvaneció. En el rostro de los líderes sanandresanos, que se reunieron frente al televisor para seguir en vivo y en directo la lectura del fallo, se resumió todo el drama.

La noticia comenzó a crecer como una ola gigante y sacudió al país. El sentimiento de frustración comenzó a transformarse en voces de protesta. El viernes, cuatro días después de la lectura del fallo, el expresidente Uribe fue hasta San Andrés para marchar con los raizales pidiendo desacatar el fallo de la Corte.

El primero en expresar su molestia fue el presidente Juan Manuel Santos. “La Corte cometió errores graves”, dijo en su alocución del lunes. Y la tildó de haber incurrido en “omisiones, errores, excesos e inconsistencias”. En el Congreso de la República el tsunami se expresó con más fuerza. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que el Congreso no va a aprobar ningún tratado que modifique los límites. Y la canciller María Ángela Holguín en un tono inusual en ella espetó: “Esto no se va a quedar así”.

El gobierno está convencido de que la Corte se equivocó. Le reprocha, entre otras cosas, haber roto la unidad del archipiélago de San Andrés y Providencia al enclavar dos de los cayos. Y el trazar una línea limítrofe tan irregular que, según el gobierno, no tiene antecedentes en la jurisprudencia y provoca grandes dificultades en su aplicación.

Esas reacciones airadas son comprensibles. Es parte del derecho a pataleo que tienen todas las partes en un juicio, y en el caso de la CIJ ha sido tradicional que los países se demoran en digerir la derrota. En este caso, el peor escenario que esperaban los negociadores de Colombia era que se perdiera Quitasueño, que es un conjunto de peñascos que nadie puede habitar.

Por eso cuando el magistrado Tomka dijo que los cayos eran de Colombia, James Crawford, uno de los abogados, le pasó un papelito a Julio Londoño, el jefe de la misión, en el que decía: “Colombia wins”. Pero el optimismo se transformó rápidamente en tragedia.

Colombia, en teoría, tiene dos cartas: acatar o desacatar el fallo. Si bien, mientras los ánimos sigan caldeados, se seguirá hablando de desacato, en realidad la única salida sensata es aceptar el fallo. No solo porque es lo más práctico –desacatar es mucho más grave que acatar–, sino porque la tradición del país ha sido el respeto por las leyes. El mismo presidente Santos, en su alocución del día del fallo, prácticamente descartó el desacato. “Pueden tener la seguridad de que obraremos respetando las normas jurídicas –como ha sido la tradición de nuestro país–”, fue su última frase esa noche.

El hecho de que se vaya a respetar el fallo no quiere decir que el gobierno no vaya a recurrir a toda suerte de recursos para tragarse este sapo. En la Corte tiene dos cartas jurídicas. Una es el recurso de aclaración o interpretación para interponer, el cual tiene un plazo de seis meses. Ya el ministro del Interior, Fernando Carrillo, confirmó que se va a interponer. Con este recurso Colombia lo que hace es decirle a la Corte “no entendí, explíqueme” algunos puntos concretos. Por ejemplo, Colombia querría que la Corte deje claro cómo los pesqueros artesanales de San Andrés pueden utilizar el mar que hasta ahora les pertenecía.

La segunda carta es que Colombia puede pedirle revisión del fallo a la Corte, y para ello tiene un plazo de diez años. Sin embargo, esta revisión se puede pedir siempre y cuando surja un nuevo hecho o información que no se había tenido en cuenta durante el litigio. Y por ahora no parece existir esa novedad. En la historia de la Corte se han interpuesto tres recursos de revisión, negó dos porque no mediaba un hecho nuevo y aceptó uno aunque finalmente el país interesado, Guinea Bisseau, terminó por desistir.

También la canciller anunció el envío de una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en la que expresará, según pudo establecer SEMANA, que el fallo, en vez de solucionar el conflicto con Nicaragua puede crear una situación aún más compleja en la zona. Así mismo, planteará lo que Colombia considera errores de la Corte y le dejará claro los problemas que deja abiertos el fallo: uno de ellos es el manejo de Seaflower, la reserva de biósfera marina más grande del planeta, de la cual Colombia perdió el 52 por ciento que tenía debido al fallo. Y el atropello con los raizales, para quienes ese mar extendido, donde pescaban langosta y caracol pala, era su territorio ancestral. En otras palabras, el hecho de que lo acate no quiere decir que no tenga reparos.

El solo hecho de que el gobierno diga que va a acudir a la Corte para pedirle un recurso de aclaración lleva implícito el mensaje de que va a respetar el fallo. En últimas todos estas terminan siendo válvulas de tiempo para que el país se vaya haciendo a la idea. De hecho, es común que los países dilaten la aceptación. El antecedente más recordado por su tardanza es el de Albania contra Gran Bretaña y la disputa por los estrechos de Corfú, que separan las costas de Albania con Grecia. A pesar de que la Corte resolvió a favor de los albaneses en 1949, Gran Bretaña acató la orden en 1992. Un caso más reciente es el de Nigeria, que se demoró diez años para cumplir una sentencia favorable a Chad, y evitó así ser llevada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por ahora tanto el gobierno como el Congreso parecen estar respondiendo a sus agudos instintos políticos –sintonizándose con el malestar de la gente– y menos a la cabeza fría que amerita el manejo de un caso de estos. El anuncio de que Colombia se retira del Pacto de Bogotá, que parece estar prácticamente cocinado, es una estrategia para “evitar que nos quiten más territorio”, pero también es una manera de comunicarle a la opinión pública que el gobierno también responde con ‘fuerza’.

Este nuevo capítulo con Nicaragua apenas comienza y los tiempos que se avecinan no van a ser fáciles. Más allá del pedazo perdido –que los colombianos consideraban propio– la nueva delimitación marítima tiene varias consecuencias. La primera, que abre la posibilidad para que otros países como Panamá revisen los tratados con Colombia y aspiren a ampliar sus fronteras. La segunda, apunta a la nueva convivencia con Nicaragua con los nuevos corredores que delimitó la Corte. Si bien en el papel se dice que se respetará la pesca artesanal y que los barcos colombianos podrán transitar sin restricción, la realidad siempre es más compleja. La tercera es qué va a pasar con la nueva área geográfica delimitada mientras Colombia pide aclaración y revisión del fallo. Y la cuarta, y quizá la más sensible, tiene que ver con los efectos políticos del fallo en el interior del país. No solo por los sentimientos nacionalistas que se exacerban en estas coyunturas, sino porque según la Constitución las nuevas fronteras tienen que ser ratificadas por el Congreso, y los políticos son bastante sensibles a oír los clamores populares.

La semana que acaba de pasar es, sin duda, una de las más tristes de la historia de Colombia.
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