Pocos gobernadores y alcaldes duran los cuatro años

Hace dos semanas, el Consejo de Estado sancionó al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado: lo inhabilitó de por vida para desempeñarse como concejal pues comprobó que había participado en 2002 en la aprobación de primas y bonificaciones a funcionarios de Cúcuta, haciendo uso de recursos públicos. Aunque esta sanción no afecta su continuidad en el cargo actual, su caso se suma al de muchos otros mandatarios que a la fecha tienen abiertas investigaciones disciplinarias en su contra.

La destitución o inhabilidad de alcaldes y gobernadores alrededor del país parece un tema de todos los días. Muchos de ellos no llegan a cumplir el periodo para el que los votantes los han elegido. Se podría decir que –al contrario de lo que establecen las normas– los términos de los gobernadores no son de cuatro años y así lo anuncian los protagonistas del juego político regional. Los periodos recortados y los mecanismos de sucesión forman parte de los cálculos estratégicos. En la práctica, la elección popular de mandatarios locales solo rige en forma parcial. El fenómeno se explica por el alto grado de corrupción en la política, pero también porque en la competencia por el poder se está borrando la frontera entre política y justicia.

Según la Mesa de Observación Electoral (MOE), al momento de las elecciones de octubre de 2015, la Fiscalía había capturado a más de 50 candidatos con pruebas en su contra por haber cometido delitos electorales. Según el exvicefiscal Jorge Perdomo, en la semana anterior a las elecciones la Fiscalía tenía abiertas 103.000 investigaciones contra candidatos inscritos.

De acuerdo con esta misma entidad, a finales de enero de 2016 había 1.259 investigaciones abiertas contra 1.015 funcionarios de elección popular que se acaban de posesionar, lo que representa casi el 6 por ciento de los 17.701 electos en octubre. De estos 1.015 funcionarios, 8 son gobernadores, 39 diputados, 154 alcaldes, 159 ediles y más de 600 son concejales. Se les acusa por delitos que van desde irregularidades administrativas y contractuales hasta lesiones personales. El uso indebido de bienes y el mal manejo de regalías y recursos públicos son los dos más frecuentes.

Un informe reciente de la Procuraduría sobre sanciones disciplinarias expedidas por esta entidad entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de mayo de 2016 reportó que Santander, Cundinamarca y Boyacá tienen el mayor número de sanciones contra alcaldes, cada uno con 194, 178 y 156, respectivamente. En el caso de los gobernadores se destacan Caquetá y Casanare con seis funcionarios sancionados en siete años y La Guajira con cinco en el mismo periodo. Aunque cada uno de estos departamentos ha tenido que sufrir las consecuencias negativas del constante tránsito de funcionarios en su territorio, el caso más llamativo es el de Casanare.

En esta región se dice que “gobernador que sube, gobernador que tumban”. El departamento ha tenido 12 gobernadores en menos de 9 años, sin contar con los que han quedado encargados cuando los titulares se han ausentado. Los problemas de Casanare vienen desde 1992, con el primer gobernador elegido por voto popular, Óscar Leonidas Wilches quien al igual que William Pérez Espinel –gobernador entre 2001-2003– fue condenado por parapolítica.

Después de Wilches, estuvo Emiro Sossa Pacheco, quien debía terminar su periodo en diciembre de 1997, pero fue destituido disciplinariamente por haber participado en política cuando fue alcalde de Yopal. A este le siguió Pérez Espinel y luego Miguel Ángel Pérez Suárez (2004-2007), condenado por la Corte Suprema de Justicia por recibir 500 millones de pesos del jefe paramilitar Martín Llanos para financiar su campaña. Tras la salida de Pérez hubo tres gobernadores encargados y luego vino Raúl Flórez (2008-2011), suspendido tres veces y luego destituido e inhabilitado por 11 años por contratar sin requisitos legales. El último caso fue el de Nelson Mariño (2012-2015), quien no terminó su periodo debido a que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por irregularidades en un contrato por 1.200 millones de pesos.

Son tan frecuentes las sanciones contra los mandatarios, que las elecciones en muchos casos no son la vía normal para acceder a los cargos. Y esa realidad tiene efectos sobre la confianza en el voto popular, la gran fuente de legitimidad de la democracia. Con esa idea la Constituyente de 1991 creó la figura de los gobernadores elegidos popularmente y dejó atrás el método tradicional, por el cual los nombraba directamente el presidente de la república.

La inestabilidad de funcionarios no solo es nociva desde el punto de vista político. También complica la ejecución de los planes de desarrollo de los departamentos. Y tiene otros defectos institucionales como el de limitar la comunicación entre las regiones y el gobierno central, en la medida en que los municipios y departamentos no cuentan con un interlocutor estable. Como si esto no fuera poco, elegir nuevos funcionarios en comicios atípicos le cuesta al erario en promedio 750 millones de pesos cada uno.

El problema no es solo de corrupción y judicialización de la política. También está relacionado con el régimen de inhabilidades y destituciones de la legislación colombiana que, según Armando Novoa –magistrado del Consejo Nacional Electoral–, es disperso y tiene muchos vacíos. “Un gobernador o alcalde a quien se le declara la nulidad de su elección porque se encuentra inhabilitado no es necesariamente porque haya incurrido en corrupción. A veces esas situaciones ocurren por la deficiente redacción de normas que refieren a inhabilidades”, asegura Novoa.

Este es el caso del actual gobernador de Caldas, Guido Echeverry, quien se encuentra en un limbo jurídico ante el Consejo de Estado, por el que podría salir del cargo. Desde que se posesionó para el periodo 2015-2019, un abogado demandó su elección ante el Tribunal Administrativo de Caldas por considerar que estaba inhabilitado. El abogado argumentó que ya había sido elegido gobernador para el periodo 2012-2015, por lo que se trataría de una reelección inmediata, que no está permitida. Pero Echeverry argumenta que solo ejerció el cargo hasta 2013, cuando el Consejo de Estado lo destituyó por otra inhabilidad relacionada con su esposa. Pero el mismo Consejo definió el año pasado que un gobernador o alcalde destituido podía presentarse a ese mismo cargo si de por medio había elecciones atípicas –y este es el caso de Echeverry–, por lo que no habría ninguna irregularidad. Esta ambigüedad normativa tiene enfrentados a importantes juristas del país, y ha dejado al Consejo de Estado con fallos totalmente opuestos sobre un mismo tema.

Novoa aclara que si bien la incertidumbre es parte del problema, la corrupción también lo es, y correspondería a los partidos políticos asumir la responsabilidad al entregar avales a diestra y siniestra. La MOE encontró que entre los gobernadores y alcaldes electos en 2011 que fueron destituidos y los de 2015 que se encuentran investigados, cinco pertenecen a Cambio Radical y cuatro al Partido de la U. Le siguen el Partido Liberal, Conservador y Opción Ciudadana con tres funcionarios cada uno. Y en un panorama de esa naturaleza no es claro que a alguien le interese asumir en serio la tarea de acabar el problema. Por el contrario, se asume que las reglas del juego para el acceso al poder regional son mucho más complejas que votar cada cuatro años para elegir gobernador.