Colombia posible

Que las cosas vayan bien en un país normal es lo rutinario y jamás sería noticia, pero en el caso de Colombia, tras décadas de violencia, miseria e inequidad, que las cosas marchen se vuelve algo para destacar. Y eso es justamente lo que está pasando en algunos municipios de Colombia.

En lo que va de este año, por ejemplo, 351 municipios en 29 departamentos no han tenido ningún homicidio, según cifras del Ministerio de Defensa. El lugar más destacado es Toca en Boyacá, que lleva 20 años sin tener ningún asesinato, como lo contó esta revista hace algunas ediciones.

Aún es más notorio cuando esto tiene lugar en zonas conflictivas, a diferencia del entorno tranquilo del singular poblado boyacense. Es el caso de Versalles, el único municipio de Valle del Cauca sin asesinatos. Con 7.635 habitantes y ubicado en la ruta de los narcos del Pacífico, esta población en los últimos 13 meses no ha registrado ni una sola muerte violenta. De acuerdo con Medicina Legal, ni siquiera tiene heridos por accidente de tránsito desde 2011.

Para su alcalde, Darío Rodríguez, el logro es resultado de una estrategia de prevención, de un conocimiento muy detallado de los residentes y de mucha comunicación con ellos. Quienes miran con desconfianza aducen que los resultados pueden ser más una estrategia, por parte de los poderes locales, de "hagámonos pasito". Aun si algo de eso hubiera, lo cierto es que Versalles presenta un reconocido trabajo de la comunidad que incluso, organizada en cooperativas, administra sus servicios públicos.

Uno de los mayores flagelos en la Colombia rural son las minas antipersona, que cobran cientos de víctimas cada año. San Carlos, en el oriente antioqueño, con 702 kilómetros cuadrados, 23.000 habitantes y con 78 civiles muertos en los últimos años por causa de estos artefactos, logró este año convertirse en el primer municipio libre de minas. Esto implicó el trabajo de un pelotón de desminado por cuatro años. Estos explosivos, muchos de ellos enterrados al lado de colegios en medio de las confrontaciones entre guerrilla y paramilitares, eran motivo de zozobra para sus habitantes, que han protagonizado un ejemplar proceso de retorno a los terruños que abandonaron por la guerra.

En regiones menos agitadas por el orden público, empiezan a arrojar resultados las alianzas entre los gobiernos nacional y local con los empresarios para mejorar las condiciones sociales. Es el caso de Sopó en Cundinamarca, a 40 minutos al norte de Bogotá, que acaba de ser presentado como el primer municipio libre de pobreza extrema. Allí el programa de la Red Juntos del gobierno nacional, puso el acelerador a fondo destinando recursos para mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Además, Sopó tiene una vasta economía lechera liderada por la compañía Alpina, que con políticas de precios y trato justo de sus proveedores, permite oportunidades para la gente de la región.

Paradójicamente, en zonas donde persisten el conflicto armado, la violencia o la pobreza, hay también valiosos esfuerzos que se reflejan en algunos indicadores. Riosucio, a orillas del Atrato en el Chocó, es el único lugar del país que ha logrado una atención del ciento por ciento de los niños que tienen entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nechí, en Antioquia, se cuenta entre los municipios de Colombia donde más se ha reducido el trabajo infantil, gracias a la coordinación entre las comisarías de familia, la Policía local y el programa departamental Antioquia, la más educada.

En los últimos años se ha documentado de forma extensa las transformaciones positivas que han tenido capitales como Bogotá y Medellín. Pero los esfuerzos no vienen solo de esas capitales o de algunos municipios específicos. A nivel departamental resalta, por ejemplo, el esfuerzo que en los últimos años han hecho Cauca y Guajira para reducir sus tasas de analfabetismo. De acuerdo con el censo de 2005, estos dos departamentos sumaban 115.000 iletrados, y según el Ministerio de Educación, de esa fecha a hoy los programas locales llegaron a 100.000 de estas personas. Algo similar sucede en materia de servicios públicos. Antioquia tiene el 98 por ciento de cobertura en servicio eléctrico, las principales poblaciones de Caldas, Risaralda y Quindío están cercanas al total de atención en la red de gas. Y lo mismo sucede con el suministro de agua potable en capitales como Barranquilla y Bucaramanga.

Apenas algunos ejemplos que muestran que el cambio, aun en condiciones adversas como las que han enfrentado muchos de estos municipios, sí es posible. Por ahora, son la excepción a la regla. Y un ejemplo por seguir.