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| 4/26/2013 12:00:00 AM

Colombia toma nota sobre fuero militar

Además, se comprometió a estudiar el reconocimiento del matrimonio gay.

De las 160 recomendaciones que recibió el Estado colombiano para avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos, el Gobierno rechazó 26, por considerar que “transgreden la dignidad del país y desconocen los avances logrados hasta la fecha”.
 
La principal recomendación que Colombia no consideró fue ratificar el denominado Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, que les daría facultad a delegados de las Naciones Unidas a realizar visitas sorpresivas, o sin previo anuncio, a las cárceles colombianas.
 
Las razones que Colombia expuso para rechazar tal recomendación es que en Colombia existen leyes vigentes que prohíben la tortura y penas crueles, inhumanas o degradantes, empezando por la Constitución Política, y que ya se están adelantando medidas para garantizar de manera integral los derechos de las personas privadas de la libertad.

En la ONU Colombia mencionó que un proyecto cursa en el Congreso para reformar el actual sistema penitenciario, que, entre otras, tiene como objetivo reducir los elevados índices de hacinamiento carcelario, que, según ha admitido el actual Gobierno, ha superado el 50%.
 
El gobierno colombiano, sin rechazarlas del todo, decidió ‘tomar nota’ de las recomendaciones que se han realizado sobre el fuero militar. El principal pedido es que la legislación en la materia ‘sea coherente’ con el objetivo de la lucha contra la impunidad.
 
El vicepresidente Angelino Garzón, jefe de la delegación de alto nivel del Gobierno que participó en el examen periódico sobre derechos humanos, aseguró que "cualquier reforma que se haga a la justicia colombiana no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de derechos humanos".  
 
Eso sí, Colombia no aceptó, como lo propusieron algunas naciones como Rusia, limitar la competencia de la justicia penal militar para conocer casos que conciernen a la justicia civil. La respuesta concreta es que los tribunales militares no tienen competencia en casos que son asumidos por la justicia ordinaria.
 
El término diplomático de 'tomar nota' significa que el gobierno colombiano no se puede comprometer con esas recomendaciones, pero que las llevará al análisis respectivo con los tres poderes del Estado. En el lenguaje de Naciones Unidas, ese término es entendido como una especie de rechazo diplomático.
 
El gobierno colombiano, de forma voluntaria, hizo seis compromisos que incluyen la adopción de una política para combatir la trata de personas y la atención de las víctimas, y sobre todo a reforzar la lucha para combatir la impunidad contra los delitos de violencia sexual en el conflicto, una de las observaciones más reiteradas recibidas por el Estado colombiano.

Eso sí, Colombia no aceptó la recomendación de Australia para que las víctimas de violencia sexual cometida por grupos al margen del conflicto puedan acceder a la reparación. Tampoco asumió el pedido de Tailandia para que las víctimas de las bandas criminales puedan ser objeto de reparación.
 
Entre los asuntos de los que tomó nota la delegación nacional, y que consultará con los tres poderes del Estado, se destaca el compromiso para garantizar el derecho a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio e incluso a conformar familia, como se lo propuso Islandia. En este sentido, rechazó de forma directa la recomendación del embajador de la Santa Sede de ‘mantener la institución de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento’. Colombia respondió que el concepto de familia, trazado por la Corte Constitucional, es mucho más amplio.
 
Colombia volverá a ser examinada por la ONU en materia de derechos humanos, dentro de cuatro años y seis meses.
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