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| 11/15/2012 12:00:00 AM

Colombia: última advertencia de la Corte Penal Internacional

Un informe publicado por la Oficina de la Fiscal de la CPI expresa que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana procederá a actuar. Advierte sobre los riesgos de ampliar el fuero militar.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, presentó este jueves un informe de la Corte Penal Internacional, CPI, en el que da a entender que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana, abrirá una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en el país.
 
En el informe de 93 páginas se destacan los temas de mayor preocupación para la competencia de la CPI y se documentan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia desde el 2002. La Oficina de la Fiscal asegura que monitoreará "muy de cerca la implementación de las medidas previstas en el marco jurídico para la paz y estar atenta a que los responsables de crímenes de su competencia sean juzgados".
 
Esta oficina también destaca el riesgo que representa la reforma constitucional impulsada por el gobierno colombiano, que apunta a ampliar el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
 
Desde la FIDH aseguraron que recogen esta publicación con "satisfacción por el hecho de que se tenga previsto concentrar su examen preliminar sobre las responsabilidades penales de los más altos mandos, sean militares, paramilitares, civiles y de la guerrilla, en el desplazamiento forzado, los falsos positivos, los crímenes sexuales, y la promoción y expansión del paramilitarismo".
 
Su presidenta, Souhayr Belhassen, expresó que "el tono del informe anuncia claramente que esto constituye una última advertencia al Estado colombiano pues si no hace lo necesario para impedir la impunidad de los más altos responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una investigación".
 
La FIDH hace un llamado a las autoridades colombianas a tomar muy en serio esta advertencia y a demostrar una voluntad política real de juzgar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos diez años y hasta el día de hoy en Colombia.
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