Colombia y Venezuela: un matrimonio complicado

El decreto que el gobierno de Nicolás Maduro dictó en relación con su diferendo limítrofe con Guyana ha sido el tema de la semana. Aunque pocos colombianos muestran interés por ese incidente, los conocedores de la historia de los dos países son conscientes de que tiene efectos colaterales en Colombia, particularmente en lo que se refiere a la soberanía sobre sus aguas. Sin embargo, vale la pena recordar la última vez que hubo tensiones entre los dos países por diferencias de interpretación sobre la delimitación marítima de sus territorios.

El domingo 9 de agosto de 1987 la corbeta "Caldas" de la Armada Colombiana estaba haciendo un patrullaje rutinario cerca a Castilletes, en la península de La Guajira. Lo único que su comandante y sus tripulantes estaban esperando era encontrarse con alguna lancha de narcotraficantes o traficantes de armas, pero lo que divisaron fue un pesquero venezolano que navegaba en aguas que los marineros del ARC ‘Caldas’ consideraban colombianas. Aunque no es muy inusual el cruce de barcos en esa zona, le llamaron la atención a la embarcación venezolana sobre el hecho de que estaba navegando en aguas colombianas.

De acuerdo con la versión del comandante de la Base Naval del Atlántico, el pesquero venezolano se retiró de la zona, pero informó del encuentro a las autoridades de su país. Horas después una fragata venezolana, con el nombre de ‘Libertad’, repetía la ruta del pesquero hasta tropezarse con el ‘Caldas’. En esta ocasión el llamado de atención no fue de Colombia a Venezuela sino al revés, aunque el contenido era el mismo. "Se encuentran ustedes en aguas venezolanas", exclamó el comandante del ‘Libertad’ a su sorprendida contraparte. Mientras se gritaban argumentos de un barco a otro, discutiendo de quién eran las aguas, llegaron tres "señoras" embarcaciones de guerra venezolanas -llamadas Lupus-, rodearon al ‘Caldas’ y lo obligaron a retroceder.

Este episodio había producido al final de la semana una reunión del presidente colombiano con el embajador de Venezuela; una reunión de Barco con el canciller Julio Londoño y los altos mandos militares; una reunión simultánea del presidente Jaime Lusinchi con su canciller y la cúpula militar en Caracas; un comunicado del Palacio de Miraflores e infinidad de declaraciones de prensa. Todas estas reacciones reiteraban, desde los escritorios, con mayor o menor grado de lenguaje diplomático, lo que los comandantes del "Caldas" y de "Libertad" se habían gritado en la mitad del mar: que cada una consideraba las aguas territoriales propias y que el otro las estaba invadiendo. Como siempre, el tono venezolano fue más subido que el colombiano. Incluso el gobierno vecino llegó a calificar los hechos como una "provocación".

Simultáneamente con estos incidentes, el gobierno venezolano estaba contestando una propuesta hecha por el colombiano tres meses atrás. Hábilmente, el canciller Londoño había descubierto que se podía recurrir al tratado de Conciliación y Arbitraje de 1939 previsto para dirimir desacuerdos entre los dos países. Ese tratado estipulaba la creación de una comisión de cinco personas, dos nombradas por cada país y una neutral de común acuerdo. El espíritu de esa iniciativa, al proponer la integración de una comisión similar, Colombia buscaba reconocer que el diálogo directo durante años no había conducido a nada y que podía ser más fructífero recurrir a un instrumento de mediación suscrito por ambos gobiernos. Concretamente, Colombia proponía como delegados a López Michelsen y al expresidente de Costa Rica Daniel Oduber. Y para el quinto nombre, que debía ser acordado por ambas partes, sugería al vicepresidente peruano, Luis Alberto Sánchez.

La fórmula colombiana fue, desde el principio, mal vista por Venezuela. La primera reacción del presidente Lusinchi fue prácticamente descartarla en una improvisada rueda de prensa el 16 de mayo. Con palabras poco diplomáticas manifestó que la propuesta estaba "fuera de tiesto y fuera de tiempo". La posición oficial del gobierno venezolano era que la integridad territorial o "los intereses vitales" no podían ser objeto de discusión. Esto en lenguaje raso lo que quería decir era: "No estamos dispuestos a discutir el diferendo sobre aguas marinas y submarinas en esa comisión". La posición colombiana era: "Nosotros no hemos propuesto eso. Simplemente proponemos la utilización del instrumento existente para dirimir cualquier desacuerdo". Detrás del discurso colombiano estaba la idea de que el concepto de integridad territorial no es aplicable sino a lo que está definido y aceptado.

Estas posiciones enfrentadas, a su turno, reflejaban dos realidades: Venezuela quería evitar cualquier mediación internacional. Y Colombia estaba dispuesta a someterse al veredicto de cualquier árbitro internacional legalmente constituido.

La carta entregada por el gobierno venezolano al colombiano en respuesta a la propuesta del canciller Londoño tenía como trasfondo la negativa a pasar del diálogo directo a la mediación. No estaba dicho en esos términos, pues el tono de la misiva era el de registrar como una descortesía la nominación de personas con nombre propio, y sobre todo haber incluido hasta el quinto comisionado, que debía ser de común acuerdo. La constitución de la comisión tenía que ser objeto de consultas previas antes de nominaciones unilaterales de sus miembros.

Algo de razón tenía Venezuela con esta argumentación. Dada la sensibilidad del tema, las filtraciones e infidencias que antecedieron al envío de la carta-protesta al canciller venezolano y la nominación del quinto miembro, le dieron en Venezuela una apariencia más de "jugada colombiana" que de "búsqueda de acuerdo". No obstante, en esta metida de pata, la propuesta colombiana era básicamente razonable y se limitaba a la aplicación de un tratado vigente firmado por los dos países.

A pesar de la gaffe diplomática, la verdad del asunto es que Colombia no aspiraba a nada diferente que a recurrir a las vías de derecho, mientras que Venezuela parecería estar sacándole el cuerpo a esta alternativa. Lo malo de sacarles el cuerpo a las vías de derecho es que se acaba, queriendo o sin querer, recurriendo gradualmente a las vías de hecho. De ahí que fueran preocupantes hechos como el de las fragatas en alta mar, que constituyó un show de fuerza del gobierno venezolano.

El tema ha sido siempre de más sensibilidad en Venezuela que en Colombia, sin embargo, en ese momento existió por ambas partes el temor de que la situación se saliera de las manos. Así se lo expresó el presidente Lusinchi a López Michelsen y Betancur en septiembre de 1987 en un gesto inusual de contactar expresidentes que ilustra la gravedad a que iban llegando estos incidentes.

Lo que es indiscutible es que las relaciones entre los dos países han tenido muchos altibajos desde el incidente de la corbeta. Los últimos capítulos han sido la dura confrontación que hubo entre los dos países durante el gobierno del presidente Uribe y la frágil reconciliación que ha tenido lugar desde que el presidente Santos llegó al poder. Hay que esperar que el episodio de la semana pasada relativo a la zona de defensa estratégica decretada por Maduro tenga un desenlace razonable.