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| 3/6/2015 5:20:00 PM

El escrutinio de la Procuraduría en caso de colombiano preso en Catar

El Ministerio Público investiga qué tan efectiva fue la asistencia consular prestada a Juan Pablo Iragorri y a cuatro connacionales más.

El drama de Juan Pablo Iragorri, un colombiano detenido y procesado en Catar por hacer parte de una supuesta red asociada al narcotráfico, copó las primeras planas de los medios nacionales después de que SEMANA publicara su historia el pasado domingo.

Muchos colombianos se quejan del trato que reciben en el exterior, e incluso algunos hablan de un creciente fenómeno de ‘anticolombianismo’. Pero la historia de Juan Pablo Iragorri Medina, un bogotano de 40 años que vive en Catar, pasó de ser un tema de discriminación por su nacionalidad a convertirse en un verdadero infierno terrenal. Hoy está condenado a cadena perpetua.

En 2011 Iragorri fue capturado por varios policías vestidos de civiles sin ningún tipo de orden judicial, lo sometieron a torturas durante tres meses, le negaron el derecho un abogado, al igual que el acceso a un traductor del árabe.

Según cuenta, lo obligaron a firmar una declaración en ese idioma donde, después se enteró, se le estaba inculpando de los delitos de narcotráfico y falsedad en documento. A finales de 2012 lo condenaron en primera instancia a cadena perpetua y actualmente está tras las rejas en Doha, la capital de este país.

Iragorri es miembro de una reconocida familia de Popayán y es primo tercero del ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri. Se graduó con honores de Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y es paracaidista profesional. Su experticia en ese deporte lo llevó a recorrer el mundo y participar con éxito en innumerables competencias.

Su familia ha dicho que es inocente de todos los cargos. Y esta semana el entonces excónsul de Colombia en Catar Roberto Vélez, quien hizo acompañamiento al caso, dijo que había asistido al colombiano y a los otros cuatro connacionales que cayeron en esa redada.

Sin embargo, y por cuenta de algunas opiniones en los medios de comunicación, se abrió el debate de si los funcionarios consulares estaban haciendo un acompañamiento efectivo a los nacionales que terminan en las cárceles de otros países.
Por esa razón, el procurador general Alejandro Ordóñez, solicitó a la cancillería información detallada sobre las actuaciones de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a este delicado caso de Catar.

“En la actualidad, los señores Juan Pablo Iragorri, Francisco Vergara, Yesid Herrera, Manuel Ramírez y Marta Castellanos se encuentran privados de la libertad en este estado asiático. A través de medios de comunicación, los familiares del primero de ellos han denunciado negligencia y olvido estatal frente a su detención y condena a cadena perpetua por el delito de narcotráfico”, dice la Procuraduría.

El Ministerio Público pide además información sobre las gestiones de la División de Asuntos Migratorios y Consulares en este caso. No se trata de un asunto menor, pus la Procuraduría quiere conocer de primera mano, si en este sonado caso, los colombianos detenidos fueron asistidos de manera efectiva por los funcionarios de la Cancillería.

La petición se hace, quizá, por la publicidad que ha tenido este caso. Pero muchos se preguntan si el Ministerio Público se muestra igual de interesado por las actuaciones de los funcionarios consulares, en los miles de casos de otros colombianos que sufren en el exterior y cuyos casos no alcanzan a tener la misma cobertura noticiosa.
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