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| 2/28/2015 10:00:00 PM

Este es el colombiano que vive un infierno árabe

La increíble historia de Juan Pablo Iragorri, revelada por SEMANA, que terminó siendo víctima de la Policía de Catar y está condenado a cadena perpetua en ese país.

Muchos colombianos se quejan del trato que reciben en el exterior, e incluso algunos hablan de un creciente fenómeno de ‘anticolombianismo’. Pero la historia de Juan Pablo Iragorri Medina, un bogotano de 40 años que vive en Catar, pasó de ser un tema de discriminación por su nacionalidad a convertirse en un verdadero infierno terrenal. Hoy está condenado a cadena perpetua.

Desde 2011, Juan Pablo Iragorri ha padecido lo indecible en Catar. Ese año, varios policías vestidos de civiles lo capturaron sin ningún tipo de orden judicial, lo sometieron a torturas durante tres meses, le negaron el derecho un abogado, al igual que el derecho a un traductor del árabe. Según cuenta, lo obligaron a firmar una declaración en ese idioma donde, después se enteró, se le estaba inculpando de los delitos de narcotráfico y falsedad en documento. A finales de 2012 lo condenaron en primera instancia a cadena perpetua y actualmente está tras las rejas en Doha, la capital de este país.

Iragorri es miembro de una reconocida familia de Popayán y es primo tercero del ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri. Se graduó con honores de Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y es paracaidista profesional. Su experticia en ese deporte lo llevó a recorrer el mundo participando con éxito en innumerables competencias. Habla inglés, francés y alemán, y su trabajo le permitió ser contratado para realizar capacitaciones en paracaidismo a las Fuerzas Militares de varios países como España, Túnez, Chile, Venezuela y Colombia, entre otros.

Gracias a esos entrenamientos fue empleado para organizar la exhibición de salto en paracaídas de las Fuerzas Armadas de Catar en 2008 y 2009. A partir de 2010 comenzó a trabajar como entrenador de los programas de búsqueda y rescate de la Fuerza de Seguridad Interna de ese país.

Trabajaba directamente con el Ministerio del Interior y su éxito profesional estaba en la cúspide. Sin embargo, el 30 de junio de 2011 su vida tuvo un giro dramático. Esa noche varios policías vestidos de civil y sin identificación lo arrestaron cuando llegaba a su casa, y desde ese día pasó a ser considerado uno de los tantos narcotraficantes colombianos que hacen negocios en Asia. Los oficiales le apuntaron con armas de fuego, requisaron su carro, lo esposaron, lo montaron a un automóvil y lo llevaron a un hotel de la ciudad donde lo hicieron arrodillar en frente de una incautación de cocaína, y le tomaron fotografías junto a otros dos colombianos que no conocía.

Iragorri solicitó un abogado pero se lo negaron, las autoridades le dijeron que si colaboraba no lo ejecutarían. Durante el primer mes de detención lo mantuvieron aislado. Los tres primeros días lo encerraron en una celda de un metro de ancho por dos de largo, sin ventanas, sin cama y sin baño. Un mes más tarde lo trasladaron a una celda con baño, pero seguía incomunicado. Las autoridades árabes no entregaban ningún tipo de información a sus familiares y amigos cuando intentaban averiguar por su suerte. Siempre bajo amenaza de ser ejecutado si no accedía a las exigencias de sus captores, Iragorri era sacado de su celda en las noches para trabajar con la Policía en la captura de presuntos delincuentes que hablaran español.

La pesadilla parecía no tener fin. El 1 de julio y ya frente a un fiscal pidió un intérprete, ya que el juicio se realizaba en árabe, pero le dijeron que no había nadie disponible. Dos días después le asignaron uno durante el interrogatorio, pero este traducía en un mal inglés y misteriosamente desapareció al momento en que Juan Pablo Iragorri debía firmar la declaración escrita en árabe, idioma que no domina. Aun así fue obligado a hacerlo.

Durante los tres meses que estuvo retenido solicitó, sin éxito, comunicarse con su familia y con el consulado de Colombia. “Todos los días pedí un abogado en la corte y en la Policía, hasta que en una audiencia, ante mi insistencia, logré comunicarme con uno, y fue este el que consiguió que saliera bajo fianza a mediados de octubre”, relató en una de las cartas que desde 2012 ha enviado a la Cancillería colombiana.

Solo en marzo de 2012 descubrió que en la supuesta confesión que realizó se declaraba culpable de narcotráfico y falsedad de documentos, por conseguir visas que supuestamente él entregó a los otros dos colombianos que vio el día que lo arrestaron. Iragorri no podía abandonar Catar por disposición de las autoridades. Tampoco podía trabajar. Con la ayuda de un abogado amigo lentamente comenzó a conseguir las supuestas pruebas que había en su contra y a documentar su caso. Las inconsistencias eran tan evidentes que era claro que se trataba de lo que en Colombia se conoce como un falso positivo.

En el expediente hay cuatro declaraciones de los policías que lo arrestaron, en las cuales todos dieron versiones distintas sobre el lugar en que fue detenido. Según la acusación de la Fiscalía, Iragorri supuestamente ofreció drogas a un policía encubierto. Sin embargo, el agente lo negó en el primer juicio. Lo señalaban de pertenecer a una red de narcos pero en los documentos se probó que Iragorri no conocía a sus dos supuestos socios colombianos, e incluso a uno de ellos solo lo vino a ver por primera vez cuando fue llevado por la Policía a un hotel en donde lo hicieron arrodillarse para tomarle fotos junto a un alijo de cocaína y a su compatriota. Esa fotos son parte de las ‘pruebas reina’ en su contra.

Otro de los cargos dice que Iragorri consiguió y entregó visas a unos supuestos socios colombianos. En el primer juicio los propios policías catarís dijeron que no tenían certeza de que Iragorri hubiese conseguido esos documentos. Pero, adicionalmente, se logró comprobar no solo que Iragorri no conocía a esos colombianos sino que incluso las fechas de esas visas corresponden a dos bogotanos que entraron a Catar varias semanas después del arresto de Iragorri. Para completar la cadena de irregularidades, en la acusación la Policía catarí habla de varias horas de grabaciones entre Iragorri y sus dos supuestos socios. Sin embargo, los audios nunca se conocieron en el juicio, entre otras razones, porque no existen y esas conversaciones jamás ocurrieron.

Durante el tiempo que Iragorri permaneció en libertad condicional fue acosado y amenazado permanentemente por los policías que realizaron el montaje en su contra. En 2013, nuevamente fue detenido para enfrentar un segundo juicio pues su abogado había apelado la decisión del primero. Sin un traductor y en audiencias que duraban pocos minutos, el segundo juez sencillamente ratificó la condena a cadena perpetua basándose en la fotografía que le tomaron junto al alijo de droga y en la supuesta confesión en árabe que Iragorri firmó bajo tortura. A pasar de todas las irregularidades, en diciembre de 2013 la Corte Suprema de ese país dejó en firme la decisión de los dos jueces.

El caso de Iragorri llamó la atención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En febrero del año pasado enviaron un extenso documento a las autoridades de Catar en el que solicitaban estudiar el tema. En el escrito hacen especial énfasis en las torturas a las que fue sometido el colombiano, así como en las graves irregularidades, entre ellas el hecho de haber sido obligado a firmar una confesión en un idioma que desconocía.

“La Cancillería a través de la Dirección de Asuntos Consulares y del Consulado de Colombia en Emiratos Árabes Unidos acompañó al señor Juan Pablo Irragori Medina, en todas las etapas y audiencias del proceso judicial que se adelantó en su contra, para lo cual contó con la presencia del señor cónsul de Colombia en Abu Dhabi (con circunscripción para el Estado de Catar) y el soporte, en cada una de las audiencias, de un traductor simultáneo del árabe al español”, afirmó la Cancillería colombiana cuando SEMANA consultó sobre el caso. “Los oficiales consulares no pueden actuar como representantes judiciales y/o apoderados de ninguna persona connacional ante los jueces y tribunales, dentro del Estado donde se esté llevando a cabo un proceso de juzgamiento”, concluye.

Si bien es cierto que un cónsul acompañó a Iragorri cuando el juicio ya iba bastante avanzado, fue muy poco lo que la representación diplomática pudo hacer en la etapa inicial del caso, como por ejemplo, cuando el colombiano estuvo prácticamente desaparecido tres meses y fue obligado a firmar una confesión. Lo cierto del caso es que hoy Iragorri es uno de los cinco colombianos detenidos en Catar, y su familia y él mismo guardan la esperanza de que en algún momento este falso positivo de la Policía catarí se aclare y termine la caída libre en la que se convirtió la vida de este paracaidista.
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