Colombianos detenidos en Venezuela, el problema que le falta resolver al Gobierno

La crisis que vive Venezuela ha golpeado a Colombia más de lo que se tenía previsto, tanto así que el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, anunció un plan multidimensional para atender la migración de venezolanos. Esto ayudará a controlar la situación dentro de Colombia, pero en Venezuela la casa se les está cayendo a pedazos. Lo más importante que ocurrirá en los próximos meses son las elecciones presidenciales que se programaron para el 22 de abril tienen el propósito de perpetuar a Nicolás Maduro en el poder y dejar por fuera del juego a la oposición fragmentada.

En pocas palabras lo que se teme es que la crisis se agudice a los dos lados de la frontera. Colombia ha tenido que manejar la situación con pinzas: hay 2.200 kilómetros de frontera porosa por la que no solo entra gente, sino contrabando y criminalidad. Sumado a esto están los colombianos que viven en Venezuela, los empresarios a los cuales les deben dinero y los presos colombianos.

Las relaciones diplomáticas han sido vitales, pero actualmente y después de muchos ires y venires, están fracturadas. Ricardo Lozano, embajador de Colombia en Venezuela, fue trasladado a Costa Rica. El consulado, sin embargo, sigue funcionando. Necesita abogar por los colombianos, sobre todo por los más vulnerables.

Precisamente uno de los temas más sensibles a los que no se le ha dado solución es el de los presos colombianos en Venezuela. Human Rights Watch envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, a la canciller María Ángela Holguín y al vicepresidente Óscar Naranjo, para decirles, fundamentalmente, que aboguen por los colombianos que se encuentran detenidos arbitrariamente, con la celeridad, así como lo están haciendo con los venezolanos que están en Colombia.

“Lamentamos profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación, S.E. no parece haber priorizado adoptar medidas para lograr la liberación de sus connacionales y del ciudadano venezolano Lorent Saleh. Human Rights Watch tiene presente que su gobierno ha promovido algunas medidas diplomáticas en los casos relativos a los ciudadanos colombianos, y valoramos que, recientemente, S.E. haya formulado críticas fuertes sobre la degradación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela y comenzado ha adoptar medidas humanitarias para acoger a los venezolanos que están ingresando a Colombia”, aseguró la organización de derechos humanos en la misiva.

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Los 59 colombianos fueron detenidos en la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, una serie de redadas policiales y militares que se llevó a cabo en agosto de 2016 en Venezuela, y en la que se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos. Según anunció Maduro en su momento en la OLP fueron detenidas 92 personas en un “campamento de paramilitares colombianos”, algunas lograron escapar, pero la mayoría todavía siguen presos y a muchos de ellos no se les ha respetado el debido proceso, no están judicializados.

“Con el tiempo algunos lograron escapar, otros terminaron deportados por graves problemas de salud y, el ciudadano José Hernández murió en su celda. En noviembre pasado, una jueza venezolana aceptó que había sido un error encarcelarlos y confirmó su inocencia, sin embargo 59 de ellos siguen tras las rejas porque Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, no ha autorizado su liberación”, asegura Dejusticia, organización que ha advertido en repetidas ocasiones lo que está ocurriendo con los colombianos en Venezuela. De hecho en un video publicado por ellos, los presos colombianos cuentan que están pasando penurias y piden ayuda:"Todos estamos decaídos y demacrados".

Además, de quienes fueron detenidos en las protestas, está el caso del colombo-venezolano Juan Pedro Lares. Lleva seis meses detenido en la cárcel El Helicoide (Caracas). El Sebin intentaba capturar a su padre Omar Lares, opositor de Maduro, y Pedro no logró escapar. Según HRW, un empleado de la familia Lares que estaba allí cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda señaló que los agentes los obligaron a él y a Juan Pedro a arrodillarse en el suelo, los esposaron y les dijeron que podían dispararles en cualquier momento “porque nadie nos estaba viendo”.

Lo que se preguntan las organizaciones de derechos humanos como Dejusticia, es “¿por qué si las estrategias de la Cancillería no arrojan resultados, la ministra Holguín no ha asumido públicamente la vocería de un asunto tan delicado?”.

Tras conocer la carta de HRW, la Cancillería aseguró que ha enviado 40 notas verbales y oficios, ha realizado 24 reuniones, 60 visitas consulares, tres brigadas de salud y 19 actividades con los familiares. Acciones respaldadas por la canciller María Ángela Holguín. "Se ha solicitado su concurso para lograr la pronta resolución de la situación jurídica a los connacionales, que en la actualidad no ha sido definida", explicó el ministerio.

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También abogan por el caso de Lorent Saleh, líder estudiantil venezolano, detenido en Bogotá por agentes migratorios colombianos en el 2014. Fue llevado a la frontera y entregado al Sebin. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que fue expulsado por participar en proselitismo, estar en el país ilegalmente y tener antecedentes penales en Venezuela.

“Independientemente de si su gobierno sabía o sospechaba que el proceso contra Saleh en Venezuela podía responder a motivaciones políticas, al enviar a Saleh de regreso a Venezuela el gobierno colombiano puede haber violado su obligación jurídica internacional de no enviar a personas a países donde podrían ser torturadas”, asegura HWR.

Dentro de las medidas que anunció el Gobierno para atender la crisis migratoria no está contemplada ninguna para los presos colombianos en Venezuela. Por tanto, HRW pide medidas adicionales: iniciar una campaña internacional denunciando la detención arbitraria de los 60 ciudadanos colombianos; apoyar la solicitud de la familia Lares para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares a su favor; transmitir oficialmente y con urgencia la información obtenida y denunciar estas detenciones arbitrarias en las reuniones multilaterales en las cuales se aborde la crisis en Venezuela.