Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1995/05/01 00:00

¿COMANDOS A LA VISTA?

Un documento de la Universidad de Washington conocido por SEMANA les da al Congreso y al gobierno estadounidenses los argumentos legales para justificar una intervención militar en Colombia.

¿COMANDOS A LA VISTA?

CUANDO EN 1989 EL ALcalde de Nueva York, Edward Coch, propuso bombardear a Medellín para acabar con el poder de Pablo Escobar y su organización, muy pocos lo tomaron en serio y más de una autoridad de Estados Unidos dijo que se trataba de una opinión aislada que no comprometía las políticas del gobierno estadounidense.
Pero ahora, seis años después, la escalada de publicaciones de prensa y las explosivas declaraciones de altos funcionarios norteamericanos sobre el tema del narcotráfico, hacen pensar que con respecto a Colombia el asunto es verdaderamente serio. Así parece haber quedado en evidencia la semana pasada tras lo expresado por el congresista Dan Burton, en el sentido de que "si Estados Unidos estuviera flanqueando una verdadera guerra contra las drogas iría a Colombia, sacaría a los narcotraficantes y los traería a la justicia norteamericana". A esta afirmación de Burton -quien es representante por Indiana y se desempeña como presidente del subcomité sobre el Hemisferio Occidental- no le ocurrió lo mismo que a la propuesta de Coch, porque de tiempo atrás en algunos sectores de Estados Unidos la intervención militar en Colombia ha sido planteada como una necesidad.
El buen ambiente que tuvo la iniciativa de Burton hoy preocupa a altos funcionarios del gobierno colombiano que reconocen en ella un gran peligro, aunque públicamente lo desconozcan. La participación de agentes extranjeros en Colombia es un hecho desde hace varios años. Quedó demostrada con la muerte de Pablo Escobar y ahora es mucho más evidente con la masiva presencia de expertos de la CIA, el FBI y la DEA en las operaciones que el Comando Especial Conjunto adelanta en el Valle del Cauca contra la cúpula del cartel de Cali.
En Estados Unidos el tema no ha sido ajeno, incluso, a los medios académicos. Los congresistas del comité sectorial, que esta semana analizará el tema de Colombia, acaban de recibir un documento elaborado hace algún tiempo por la escuela de derecho de la Universidad de Washington.

CONSENTIMIENTO IMPOSIBLE
De acuerdo con el documento de 40 páginas conocido por SEMANA, Estados Unidos tiene tres opciones para involucrarse o no en una operación armada contra el narcotráfico en Colombia. La primera, es no intervenir militarmente. La segunda, presionar para que el gobierno colombiano solicite la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, y la tercera, alterar la política exterior americana y ocupar algunas regiones de Colombia, sin el consentimiento del gobierno.
El documento se detiene especialmente en el tercer punto y lo analiza bajo los parámetros de la carta de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, que regula el uso de la fuerza entre países.
En el análisis de este punto, la escuela de derecho de Washington asegura que Estados Unidos está afectado gravemente por el tráfico de drogas. Pero también advierte que Colombia está perturbada, entre otras cosas, por la acción de la guerrilla, que controla territorios completos; porque la corrupción es tan grande que el sistema judicial prácticamente ha dejado de funcionar, y porque el gobierno está virtualmente paralizado por la violencia y la corrupción.
Para sustentar sus argumentos, el documento afirma que el gobierno de Estados Unidos ha hecho grandes esfuerzos por disminuir la demanda, pero reconoce que el país está perdiendo la guerra.
"Obtener el consentimiento del gobierno colombiano para el envío de tropas es virtualmente imposible -dice el documento-. Sin embargo, existe evidencia de que los responsables de la polìtica internacional contemplan una intervención militar no consentida en Colombia como una alternativa posible".
Los analistas acudieron al artículo segundo, parágrafo cuarto de la carta de la ONU, que dice: "Todos los miembros deben abstenerse en sus relacion es internacionales de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia polìtica de cualquier Estado ".
La única excepción que contempla la norma es la que está contenida en el artículo 51 de la carta: "Nada en la presente carta debe impedir el derecho inherente, individual o colectivo a la defensa propia, si un ataque armado ocurriera contra un miembro de la ONU".
Estos dos conceptos son materia de amplia interpretación en el documento, que le plantea al gobierno de Estados Unidos numerosas alternativas para justificar el uso de la fuerza contra Colombia. Una de ellas es que un acto de fuerza en un Estado a cuyo gobierno le falta control de la situación interna no puede ser considerado como una violación a su integridad territorial. Y para sustentar esta tesis el documento dice que Estados Unidos ha desarrollado una teoría según la cual es posible usar la fuerza cuando son atacados intereses vitales del pueblo norteamericano. Un argumento en este sentido -dice el documento- podría ser que la entrada de drogas a través de la frontera necesita una acción defensiva muy clara. "Todos los Estados deben cumplir con sus obligaciones y como toda la comunidad internacional está afectada por la droga es muy posible que una acción armada despierte simpatía en el concierto internacional", concluye el análisis.
El contenido del documento que hoy tienen en sus manos los congresistas norteamericanos no riñe con recientes afirmaciones de altos mandos militares de ese país. A comienzos de febrero pasado el general Barry McCafrey, comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, dijo que "los narcóticos son un problema de seguridad nacional". Esta afirmación se convirtió en abrebocas de un tema que cada día involucra a más sectores estadounidenses interesados en poner a Colombia contra la espada y la pared.

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