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| 7/9/2017 12:20:00 PM

Pequeñas causas: el otro revolcón de la justicia

Este lunes entra en vigencia la llamada ley de ‘pequeñas causas’ que busca que los conflictos entre particulares puedan resolverse rápidamente sin congestionar más el ya colapsado sistema.

El pasado jueves, en la celebración de los 25 años de la Fiscalía, Néstor Humberto Martinez dijo una frase demoledora pero que muchos colombianos comparten: “el sistema penal acusatorio comienza a colapsar”. El jefe del ente acusador entregó cifras impresionantes que confirman que la justicia es incapaz hoy de tramitar todos los conflictos que le llegan.

Por ejemplo, a la fecha hay 112.000 audiencias represadas en todo el país lo que hace que en miles de casos se programen a más de un año. Ni siquiera las personas que aceptan cargos pueden salir rápido de un proceso penal. Hoy hay 15.598 sindicados esperando a que un juez ratifique su condena, a pesar de que ya confesaron.

Como explicó Martínez, a esa realidad se llega por cuenta de múltiples factores. Sin embargo, hay uno que tiene un peso preponderante. En Colombia cientos de miles de procesos tienen un largo trámite sin necesitarlo. El robo de un caldo de gallina, causar lesiones a un vecino o las riñas callejeras merecen ser resueltos por la justicia pues son el germen de delitos mayores, pero no necesariamente ameritan un proceso igual al que tendría el descalabro de Interbolsa o el escándalo de Odebrecht como sucede hoy.

El origen de que todos los problemas que llegan al sistema judicial se echen en la misma bolsa se creó en el año 2000 cuando la expedición del Código de Procedimiento Penal derogó de la Ley de contravenciones especiales, que era la forma como hasta entonces se trataban esos temas. Con esto decenas de miles de procesos por estos delitos pasaron a ser tramitados a través de un proceso ordinario, congestionando la justicia con audiencias que tardaban meses por delitos que podrían juzgarse rápidamente.

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Desde el comienzo fue evidente que tratar todos los delitos de la misma manera llevaría a un colapso del sistema. Por eso, en el año 2004 cuando se cambió nuevamente el Código de Procedimiento Penal para introducir el sistema acusatorio se dejó claro que la vía sería el llamado principio de oportunidad. A través de este mecanismo es posible renunciar a la persecución penal en delitos de menor entidad siempre y cuando exista indemnización, con lo cual se pensaba[CC1] que se iba a descongestionar el sistema.

Sin embargo, en Colombia la aplicación de esta figura ha sido muy limitada, pues muchos jueces y fiscales consideraban que por leves que sean éstas conductas siguen siendo delitos y por ello merecen tener un proceso y una pena. Y porque en la opinión pública se asocia la utilización de este principio a la impunidad.

Luego de 10 años de proyectos fallidos este año, el Congreso aprobó una nueva ley de delitos menores. Su aplicación podría revolucionar la justicia en el país. Desde este lunes, existirá un procedimiento más corto para el juzgamiento de ciertos delitos como hostigamiento, discriminación, hurto, estafa, lesiones personales menores, abuso de confianza, corrupción privada, administración desleal, abuso de condiciones de inferioridad, utilización indebida de información privilegiada en particulares, delitos informáticos, violación de derechos de autor y contra la propiedad industrial, falsedad en documento privado y el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y los delitos que requieren querella de parte. La ley contempla que solo habrá una audiencia concentrada en la cual se surtirán todas las etapas del proceso.

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Por otro lado, se crea la figura del acusador particular. Así las víctimas podrán solicitar que en casos que no sean de interés público, la acusación la realice directamente su representante para descongestionar a la Fiscalía. En todo caso, las decisiones sobre la libertad o los bienes solo las podrá tomar un juez penal, por lo que en estos eventos simplemente se ahorra la fase que se tramita en la Fiscalía. Con estas reformas se espera hacer una descongestión de la justicia penal en la cual existen varios millones de procesos, la mayoría de ellos por este tipo de delitos que deben ser sancionados pero a través de un sistema más corto que permita que la Fiscalía se centre en casos más graves como la criminalidad organizada, el narcotráfico y la corrupción.

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