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| 11/23/2013 12:00:00 AM

Comisión de Acusación: el rey de burlas

¿Qué hacer con este organismo que acumula miles de investigaciones abiertas que no van para ninguna parte?

En el quinto piso de la Cámara, una oficina alberga la prueba palpable de la inutilidad de la Comisión de Investigación y Acusación. Allí, en el suelo, reposan cientos de cajas amontonadas en desorden y repletas de folios. Son los documentos que hacen parte de los 4.058 procesos (de los cuales hay más de 1.200 activos) contra los más altos funcionarios del Estado. Esta comisión es la que debe investigar a los presidentes, los fiscales y los magistrados de las altas cortes. 

A esta célula legislativa llegó la semana pasada, por ejemplo, el expediente que remitió el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia en el que sugiere investigar al expresidente Álvaro Uribe y al exfiscal Luis Camilo Osorio por sus presuntas relaciones con grupos paramilitares. Al mismo tiempo, la contralora Sandra Morelli envió nuevos documentos del proceso contra el fiscal Eduardo Montealegre por sus presuntos nexos contractuales con la intervenida EPS Saludcoop. 

También llegó una denuncia anónima contra el cuestionado exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, quien renunció cuando se destapó el escándalo que lo involucró en un posible tráfico de influencias. Todos los días llegan una o más denuncias contra un alto dignatario. Sin embargo, la posibilidad de que alguna de estas investigaciones prospere es nula.

Según un informe de la secretaría de esa comisión, de los procesos contra los funcionarios que investiga, un 95 por ciento está en etapa preliminar. “La Comisión de Acusación está estructuralmente constituida para no dar resultados. Los altos dignatarios de la Justicia gozarán de total impunidad”, dice un congresista que prefiere el anonimato. Desde julio, cuando el representante Hernán Penagos renunció para asumir la presidencia de la Cámara, ninguno de sus colegas congresistas ha querido ocupar su lugar.
 
Por todas estas razones, a la comisión, a la que pertenecen 14 representantes a la Cámara, la llaman el “rey de burlas”. Desde que fue creada hace 192 años, con el nacimiento de la República, solo dos altos funcionarios han sido juzgados: uno en el siglo XIX, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, y otro en el siglo pasado, el general Gustavo Rojas Pinilla. 

El caso más sonado y polémico de los últimos años fue el fallo inhibitorio que dictó en 1996 (cuando Heyne Mogollón presidía la comisión) durante el proceso 8.000 contra el entonces presidente Ernesto Samper. Lo insólito es que 17 años después la célula legislativa no se ha intervenido ni reformado.

Es cierto que el presupuesto para esa comisión es pequeño, que los congresistas investigadores tienen otras funciones, que solo la mitad son abogados y que el despelote, la burocracia y la ineficiencia contribuyen a la impunidad. Pero la verdadera raíz del problema de la Comisión de Acusaciones es que, teniendo un origen político, cumple una función penal y por lo tanto está condenada a sepultar en la impunidad cualquier investigación. 

El hecho de que los congresistas (a través de la comisión) sean quienes investiguen a los magistrados y que a la vez los congresistas sean investigados por la Corte Suprema de Justicia impide que haya independencia. A esto se suma que la comisión no cuenta con un sistema de reparto regulado y objetivo de las investigaciones. 

¿Qué hacer con la Comisión de Acusación? En el Congreso se escuchan varias voces. Algunos, como su presidente, Carlos Edward Osorio, piden fortalecerla con más recursos y apoyo logístico, lo cual equivaldría a cambiar el sofá. Otros, como el representante Alfonso Prada, piden que se acabe y que se cree un tribunal nuevo adscrito al Congreso pero con total independencia. Y otros, como el representante Germán Navas, regular su conformación para que entren abogados expertos. 

Lo cierto es que el próximo Congreso deberá coger el toro por los cuernos, porque este monumento a la impunidad manda un mensaje nefasto para la transparencia de la democracia: que los altos dignatarios del Estado pueden actuar con total tranquilidad porque no tienen quién los investigue.
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