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| Foto: Guillermo Torres

CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA

Magistrado Malo tendrá diez días para rendir descargos

La Comisión de Acusaciones cerró la investigación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuyas actuaciones son materia de indagación por cinco presuntos delitos. Tras los alegatos se definirá su suerte.  

9 de noviembre de 2017

Tres meses después de haber asumido el conocimiento de los presuntos actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cerró la investigación contra Gustavo Malo, el primer magistrado en ejercicio en ser llamado a indagatoria.

Malo Fernández fue vinculado a la investigación porque  llevaba en su despacho el proceso que por parapolítica comprometía al senador Musa Besaile, quien admitió haber pagado 2.000 millones de pesos a cambio de no ser detenido. El senador de la U hoy está en prisión.

Según la declaración que rindió Gustavo Moreno a la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gustavo Malo sería el destinatario de 1.300 millones de pesos que Musa Besaile pagó para frenar su orden de captura. Esa, por lo menos, fue la solicitud que habría hecho de manera directa el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien indicó que el dinero le tenía que ser entregado en efectivo.

Durante tres meses los representantes investigadores Fabio Arroyave (P. Liberal) y Edward Rodríguez (Centro Democrático) practicaron un sinnúmero de pruebas a solicitud de la Procuraduría y la defensa del propio magistrado. Este jueves tomaron la determinación de cerrar la fase de instrucción, a la espera de resolver el caso.

Desde este jueves el magistrado Gustavo Malo tendrá diez días para presentar sus alegatos finales. A partir de ese momento la Comisión de Acusaciones entrará a discutir una ponencia para definir su situación. De un lado, la Comisión podría pedirle a la plenaria de la Cámara que se acuse al magistrado, o pedir el archivo de la causa en caso de no encontrar evidencias que lo comprometan con el llamado cartel de la toga.

La comisión investigó al magistrado Malo por su presunta responsabilidad en cinco delitos: concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Sin embargo, el concierto para delinquir sugiere que los parlamentarios consideran que Malo podría ser responsable de más de un hecho delictivo y que actuó en concertación con otras personas. En la imputación del exmagistrado Ricaurte (detenido), la Fiscalía asegura al respecto que existió una organización criminal liderada por dos exmagistrados, en la que Malo, Moreno y Camilo Tarquino tenían participación.

Gustavo Malo también fue el magistrado titular que tuvo a su cargo la investigación en el caso del exparlamentario Julio Manzur, quien está respondiendo en juicio por parapolítica. En sus declaraciones públicas y ante la Justicia, el excongresista ha dicho que no pagó para ser beneficiado por fallos en el alto tribunal. Precisó que Moreno intentó ofrecerle sus servicios como abogado, sin embargo, no los aceptó.

Por el despacho de Malo también pasó el caso de Álvaro Ashton, que aparece mencionado en las grabaciones de la DEA. Aunque en los audios, el abogado Leonardo Pinilla asegura que el parlamentario pagó 300 millones de pesos para torcer su proceso en la corte por parapolítica, esta información es investigada por las autoridades. Aunque el caso estuvo en el despacho de Malo, rotó de magistrado cuando la Corte Suprema de Justicia implementó una política de regionalización para dar celeridad a los procesos.

Pese a que sus compañeros de la Corte Suprema le pidieron dar un paso al costado, Malo se negó asegurando que defenderá su inocencia. Por ello pidió una licencia para acudir a los requerimientos judiciales.

La Comisión de Acusaciones también adelanta una investigación contra el exmagistrado Leonidas Bustos, y dentro de ese expediente recibió el testimonio de Gustavo Moreno el pasado miércoles. La del magistrado Malo es la primera instrucción que concluye por el caso de los presuntos sobornos en la Corte Suprema de Justicia.