¿Cómo así que se les llenó la copa?

M.I.R.: Cortico y claro, doctor Yesid, ¿podría explicarles a los lectores de esta entrevista qué es el famoso 'choque de trenes' de nuestro sistema judicial?

Y.R.: Consiste en el ejercicio desbordado de las funciones de la Corte Constitucional, que se ha convertido en una especie de alma en pena que deambula por todos los despachos judiciales, el Parlamento y las oficinas del ejecutivo.

M.I.R.: ¿Deambula para qué?

Y.R.: Para entrometerse en las funciones de los otros.

M.I.R.: ¿O sea que usted considera que la Corte Constitucional, como está funcionando hoy por hoy, está desbordada?

Y.R.: Absolutamente. Confunde la guarda de la Constitución con saltarse la Constitución, y ahí entra a invadir terrenos, vía tutela, que son de otras corporaciones. La Corte Suprema de Justicia, cuando dio el visto bueno para la creación de la Corte Constitucional, lo hizo porque consideró que cada Corte tendría delimitadas sus funciones y su competencia.

M.I.R.: ¿Y cree que la Corte Constitucional se ha saltado esas delimitaciones?

Y.R.: Sí, y con una estrategia publicitaria perversa, según la cual la única Corte que protege derechos fundamentales en el país es la Constitucional, y que la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por el contrario, no lo hacen. Con esa disculpa se saltan la Constitución.

M.I.R.: ¿Lo que significa que cualquier sentencia de la Corte Suprema o del Consejo de Estado no es sentencia hasta que la Corte Constitucional resuelva dejarla en firme?

Y.R.: Eso es.

M.I.R.: ¿O sea que la Corte se volvió una especie de segunda instancia oficiosa de ustedes?

Y.R.: Sí. Se inventó vía tutela una segunda instancia para el recurso de casación que la Constitución no prevé, pervirtiendo un mecanismo de gran raigambre democrática. Ayer pusimos un denuncio por prevaricato contra el Consejo Superior de la Judicatura, que siguiendo el mal ejemplo de la Corte Constitucional le dio por ordenar inaplicar una norma de la Constitución que le permite a la Corte Suprema en el artículo 236-6 darse su propio reglamento. El Consejo Superior, en el caso del nombramiento de un magistrado de tribunal, pretende que nosotros inapliquemos nuestro reglamento, que es norma constitucional, y acatemos las instrucciones de sus miembros. Nos quieren obligar a elegir a un candidato, el primero de una larga lista en la que todos son elegibles, y que no sacó la votación requerida, que son 16 votos.

M.I.R.: ¿Este fue el florero de Llorente de este problema?

Y.R.: No. El lunes o martes pasado, el Consejo de Estado le tuteló una providencia a la Corte Constitucional, dándole la misma medicina.

M.I.R.: ¿O sea que concedieron una tutela contra una sentencia de la Corte Constitucional?

Y.R.: Sí, igual a como habríamos hecho nosotros cuando 50 ciudadanos nos solicitaron tutelar la sentencia de la Corte Constitucional que le dio vía libre a la reelección presidencial. Nosotros no la aceptamos, porque la Corte Constitucional es también órgano límite en lo de su competencia natural.

M.I.R.: Pero ustedes habrían podido hacerlo… ¡Requete choque de trenes!

Y.R.: Claro. Es lo que está haciendo el Consejo de Estado, porque se jartó de que le invadan sus competencias.

M.I.R.: Entonces, esto es lo que lleva al Presidente a llamar el jueves pasado desde Nueva York al ministro del Interior Carlos Holguín para resolver de una vez por todas este nuevo choque de trenes. ¿En qué consiste la medida?

Y.R.: El Presidente alega que es una medida en pro de la seguridad jurídica, cuando la que la atropella es la Corte Constitucional. El Presidente propone un acto legislativo que diga definitivamente que el órgano de cierre de todas las cortes es la Corte Constitucional. Eso es consagrar constitucionalmente la tiranía, el absolutismo y el despotismo.

M.I.R.: ¿Qué van a hacer ustedes, los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, ante esa posibilidad?

Y.R.: El lunes nos vamos a reunir las dos comisiones legislativas para sacar un proyecto consolidado y vamos a acudir al Parlamento para que tomen la decisión patriótica de impedir que en este país se vuelva a consagrar una monarquía absoluta por la Corte Constitucional, avalada por el presidente Uribe.

M.I.R.: ¿Eso qué implica?

Y.R.: Estamos bregando para volver por los fueros de la Constitución, la ley y la decencia. La tutela se ha estado utilizando de manera perversa para saltarse la ley y la Constitución para seguramente cumplir con compromisos que no los tiene la Corte Suprema, porque tiene un origen bien distinto. No somos Corte de bolsillo de ninguno de los otros poderes.

M.I.R.: ¿Está insinuando aquí que la Corte Constitucional es corte de bolsillo del Presidente?

Y.R.: Todo indica que vamos para allá. Una vez que la Corte Constitucional avala la reelección presidencial con una votación dividida, y que avala la Ley de Justicia y Paz, se nos dice inclusive de parte del ministro Sabas en una reunión de cinco horas que algún consejero presidencial es del criterio de que se debe acabar de fortalecer la Corte Constitucional, que "está trabajando tan bien". Eso lo corrobora el nombramiento de embajador en Francia del papá del magistrado Manuel José Cepeda. Y ahora viene una segunda cuota de ese propósito, que es el acto legislativo para acabar de fortalecer esa Corte.

M.I.R.: ¿Usted cree realmente que el presidente Uribe planea 'tomarse' la Corte Constitucional?

Y.R.: El senador Juan Fernando Cristo ha planteado esa posibilidad, y pretende impedir que el Presidente se tome estas corporaciones. Hay un proyecto en el Congreso en este sentido.

M.I.R.: ¿Cómo resolvería entonces usted este choque de trenes, si no le gusta la fórmula del Presidente, que convertiría a la Corte Constitucional en la 'corte de cortes'?

Y.R.: La filosofía de su creación de esa Corte era que controlara la guarda de la Constitución. Pero no para que a través de tutelas se metiera en todos los despachos judiciales, en el Parlamento y en el ejecutivo, como lo hemos venido denunciando a través de casos como el del reversazo de la sentencia del 'miti-miti' y la del caso del médico que dejó morir a un muchacho de 19 años que se mandó a operar de la mandíbula. Treinta y cuatro funcionarios entre fiscales, jueces y magistrados, procuradores, Consejo de la Judicatura, encontraron que ese médico había incurrido en homicidio culposo. Y ahora a estas alturas en una sala de tres, cuyas especializaciones el país desconoce, y con el salvamento de voto de uno, tumbaron la decisión nuestra con el pretexto ridículo de que no se pudo recibir el testimonio de dos personas que el juez nunca pudo encontrar.

M.I.R.: O sea que la Corte Constitucional reversó todo el proceso…

Y.R.: Sí, dizque porque hubo violación al derecho de defensa. El magistrado Manuel José Cepeda incluso tiene la teoría de que los procedimientos ordinarios deberían ser como los de la tutela. Como lo dijo Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, en una intervención pública en Pereira, hay algunos magistrados que llegan a hacer la judicatura en la Corte Constitucional. Un homicidio no se puede investigar y decidir en 10 días, menos un proceso reivindicatorio. A través de la celeridad extrema se pueden violar muchos derechos. La celeridad tiene que ser adecuada, razonable, para plantear, discutir, y para que el juez, de una manera serena, entre a discutir el caso de una manera razonable.

M.I.R.: Le da duro al doctor Cepeda…

Y.R.: Tengo por él gran admiración y respeto desde el punto de vista académico. Es un señor decente. Desafortunadamente, planteamientos como ese, y especialmente el nombramiento de su padre en la embajada en Francia, le restan credibilidad porque el juez, según la frase antigua, debe actuar como la mujer del Cesar. Él seguramente no tiene nada que ver con eso. Pero esa circunstancia se presta para la maledicencia, y para que corporaciones que deben estar por encima del bien y del mal pierdan credibilidad ante la opinión pública, porque no puede ser el mismo el manejo que se les dé a las bancadas partidistas a través de cuotas burocráticas y del servicio exterior, que el que se les debe dar a un magistrado y a una corporación.

M.I.R.: ¿Todos los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado piensan como usted?

Y.R.: Parodiando a un escritor uruguayo, yo diría que la Corte Suprema ha venido guardando un silencio parecido a la estupidez, y ya nos cansamos de eso. Se nos rebosó la copa. Toda la Corte Suprema de Justicia, como un solo hombre, me está respaldando en una batalla por la dignidad, por la decencia de la sociedad y por la protección del Estado Social de Derecho.

M.I.R.: ¿Esta pelea podría llegar hasta una renuncia colectiva?

Y.R.: La pelea hay que darla, y la vamos a dar a fondo. Sé que en el Parlamento ya hay disidencias sobre lo que les ordena el príncipe. Ahí vamos a tener acogida. Un Parlamento serio y respetuoso de la democracia del país no debe seguir avalando estos asaltos a la Constitución y al Estado de Derecho.