Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2013/03/23 19:00

Cómo aterrizarán las Farc en la política

Se asume que revivir la UP serviría para que las Farc entren al Congreso. Pero hay otras pistas de aterrizaje.

El senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1994, es un símbolo del exterminio de ese movimiento político,cuya personería jurídica hoy se busca revivir. Foto: Lope Medina / Guillermo Torres - Semana

Desde hace meses se especula cuál será el aeropuerto de llegada de las Farc a la vida política. Por un tiempo, se dio por hecho que era la Marcha Patriótica, y ahora, que será la Unión Patriótica. La verdad, como a menudo ocurre, no es tan simple: las Farc tienen varios aeropuertos para aterrizar en la vida política. Y, quizá, no aspiran a participar en ella como casi todo el mundo espera.

El viaje de seis congresistas a La Habana para reunirse con las Farc, hace dos semanas, alborotó el avispero del aún distante segundo punto de la agenda de La Habana, el de participación en política. El jefe de esa delegación, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, lo ha alborotado aún más, promoviendo otras posibilidades. Si embargo, la que más ha cobrado actualidad es la de la UP (que no es de él).

No poco se ha hablado de que los comandantes guerrilleros querrían llegar al Congreso en marzo de 2014 y de los mecanismos para que, eventualmente, puedan hacerlo. Se considera que la fórmula podría ser darles unas curules por un número determinado de periodos. Para ello, sin embargo, necesitarían una personería jurídica. Después de considerar que la Marcha Patriótica era no solo una vía de llegada a la legalidad para las Farc, sino hasta su propia creación, ahora las miradas se concentran en la idea de revivir la Unión Patriótica (UP). 

La UP es importante para las Farc. Producto de los acuerdos de paz, a mediados de los años ochenta llegó a reunir una respetable fuerza electoral, diezmada luego por narcotraficantes y paramilitares en medio de la guerra sucia en la que se sumió Colombia. Perdió su personería al no presentarse a las elecciones de 2002, pero sobrevive no solo en la memoria colectiva como un caso de genocidio político sino, como lo recordó por estos días la senadora Alexandra Moreno Piraquive, en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronta a fallarse, que podría obligar al Estado, pese a la oposición de la Procuraduría, expresada también por estos días, a restituirle no solo la personería sino las curules (la UP llegó a tener ocho congresistas, docenas de alcaldes y cientos de concejales). 

El congresista Guillermo Rivera, autor de la propuesta, contempla la eventualidad de que se les devuelvan las curules. Lo mismo sugirió hace unos días el presidente de la UP.  El representante Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda, dijo que no se lanzaría por ese grupo, pero fue categórico: “Yo defenderé en el Congreso la posibilidad de que sean devueltas las ocho curules que la UP tenía en su momento”. 

Dos artículos de la Ley de Víctimas abren la posibilidad de revivir la UP, a partir de los criterios de reparación colectiva. Y una fórmula como un decreto de orden público podría restituir las curules que, se especula, vendrían a ser ocupadas por los guerrilleros luego de una negociación (algunos miembros de la UP dijeron que las Farc, sin armas, serían bienvenidas).  “Este va a ser un tema de conversaciones en La Habana y no se puede abordar sin la restitución de curules, que es una vieja reivindicación de familiares y sobrevivientes de la UP”, dice una persona que conoce el proceso.

Las cosas, sin embargo, son más complejas. Por dos razones. La primera es que hay otras alternativas. La segunda, y quizá la decisiva, es que hay que contar con lo que quieran las Farc. Y hay muestras de que lo que más les interesa no es exactamente que sus comandantes lleguen al Congreso en 2014 (sin hablar de los serios obstáculos jurídicos que enfrentan en ese camino).

La UP es, sin duda, uno de esos aeropuertos de llegada. Para tener representación política, la ley exige que las Farc tengan una filiación política legal, y ese movimiento podría serlo. Pero no necesariamente para que los comandantes de las Farc sean los candidatos. La organización fue creada por esta guerrilla durante sus negociaciones con el presidente Belisario Betancur. Pero casi todos sus líderes no eran combatientes, sino comunistas y miembros de otras tendencias. “Nos lo dijo Iván Márquez –cuenta uno de los congresistas que viajaron a Cuba a verse con él–. Cuando él fue representante de la UP era profesor en El Paujil, Caquetá, y solo se fue al monte después, con el exterminio”.

Además, al menos en teoría, hay otras alternativas que tanto la guerrilla como el gobierno pueden estar contemplando como parte de sus acuerdos. Una es la Marcha Patriótica. Esta puede inscribirse como ‘grupo significativo de ciudadanos’ reuniendo, por ejemplo, unas 50.000 firmas para presentar candidatos al Senado. Pero enfrenta el reto de superar la barrera del umbral del 3 por ciento para obtener su personería jurídica. Esto hace poco probable que, salvo circunstancias inesperadas, las Farc se presenten por esta vía al Congreso en 2014. “’Con esas reglas electorales, eso sería llevarnos a una emboscada’, nos dijo Márquez”, cuentan congresistas que estuvieron en Cuba con él.

Una idea que viene discutiéndose es la de una amplia coalición, que incluya a la Marcha Patriótica y otros grupos, que defienda el proceso de paz y que podría, eventualmente, incluir a parlamentarios amigos del mismo, como Iván Cepeda y Gloria Ramírez, entre otros.

Otras variantes empiezan a ventilarse. Una, promovida por agrupaciones políticas que tienen en riesgo su personería por el umbral, es que se extienda a candidaturas de Senado y Cámara la posibilidad de hacer coaliciones, hoy contemplada solo para candidaturas locales en la Ley 1475 de 2011 o reforma política. Otra es ampliar al Senado la circunscripción especial para las minorías, que la Constitución consagra para elecciones a la Cámara.

La variante que promueve el senador Roy Barreras– una reforma política que permita, entre otros, el transfuguismo, es decir que se pueda cambiar de partido o fusionarse con otros partidos sin las sanciones actuales– abriría otras posibilidades. Pero el gobierno se opone rotundamente, temeroso de abrir al uribismo puertas legales que por ahora tiene cerradas.

Por último, habrá que ver qué elementos se introducen en la ley estatutaria que reglamente el Marco Jurídico para la Paz. Y aquí habrá que lidiar no solo con las fórmulas de participación política de las Farc –como la de asignarles curules por dos o tres periodos– sino con un elemento directamente relacionado que, hasta ahora, no hace parte de la discusión: la parte jurídica. 

Como están las cosas hoy, en la legislación interna e internacional, los comandantes de las Farc tienen cerrada la puerta de la política pues se les sindica de crímenes de guerra como la toma de rehenes o el reclutamiento de niños, o narcotráfico. Esto, por supuesto, hará parte de las discusiones hacia los acuerdos y, a fin de cuentas, es la sociedad colombiana la que deberá decidir el precio que está dispuesta a pagar por la paz.

En resumen, las posibilidades para que las Farc participen en política no son pocas y no se limitan a la UP o la Marcha Patriótica. Y dependen, además, de cuándo tenga lugar esa participación: si es para marzo de 2014, el tiempo apremia para pasar la legislación necesaria en el Congreso; si es para después, los tiempos son otros. Pero en la ecuación debe introducirse otra variable, clave: qué quieren las Farc.

Para empezar, hay indicios de que no tienen urgencia o interés en llegar al Congreso, al menos hacia 2014. Aunque Iván Márquez dijo que quiere hacer política sin armas, recordando su pasado como parlamentario de la UP, otros de sus compañeros en la Mesa han insistido en que esa perspectiva no les interesa. Las Farc, además, dicen que tienen sus propios mecanismos para participar en política, como el Partido Comunista Clandestino o el Movimiento Bolivariano.

Por otra parte, el interés de la guerrilla podría residir más en la política local que en la nacional, al menos en un primer momento. Hay zonas del país donde tienen base social y pueden contar con cuadros propios que se presenten a elecciones y ganen posiciones. Incluso en el caso de que se les asignen curules en el Congreso, habría miembros o simpatizantes de esa guerrilla con la capacidad política para llenarlas y que no tendrían los obstáculos jurídicos de los comandantes.

Un aspecto al que se ha prestado mucha atención, pero cuyas razones de fondo no se han calibrado adecuadamente, es la insistencia de los representantes de la guerrilla en una Asamblea Constituyente. Más que un mecanismo de refrendación política de los acuerdos, las Farc ven en ella un seguro para evitar sobresaltos como los de los paramilitares, que primero negociaron y luego fueron extraditados. Y no hay que olvidar que, para todos los guerrilleros, el fantasma del exterminio de la UP hace parte de su historia. Todos los que han hablado con las Farc coinciden en que su seguridad, tanto personal como jurídica, es lo que más les preocupa. Y esto está directamente ligado a la participación en política. 

Por todas estas razones, aún es pronto para dar por sentado cuál será el aeropuerto de aterrizaje de las Farc en la vida política colombiana. Lo único claro, por ahora, es que tienen varios. 

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