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| 12/25/2010 12:00:00 AM

Cómo cambió el invierno al gobierno de Santos

El invierno obligó al gobierno a rediseñar su Plan de Desarrollo para buscar nuevos recursos fiscales y a concentrarse en la atención a los damnificados.

El país que gobernará Juan Manuel Santos de aquí en adelante es muy diferente al que recibió el 7 de agosto de 2010. La catástrofe originada por el invierno más severo que registra la historia del país cambió las prioridades de los colombianos. Una extensa área del territorio está inundada y gran parte de las vías, puentes, diques y distritos de riego quedaron destruidos. Hay pueblos enteros que tendrán que ser reubicados y hasta el mapa agropecuario tendrá que ser reorganizado.

La nueva realidad del país es un hecho inevitable que tendrá que afrontar la administración Santos y de una vez incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, que ya estaba armado para un escenario anterior al de la tragedia invernal. El director del Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, sabe que este, que es el mapa de ruta del país para los próximos cuatro años, tendrá que ser ajustado, y por ello les pidió a los ministros que señalen las nuevas necesidades de cada sector para incorporarlas al Plan. El proyecto llegará en febrero al Congreso de la República.

El gobierno había basado su estrategia de crecimiento y de prosperidad en cinco grandes locomotoras: agro, vivienda, infraestructura, minería y ciencia y tecnología, y la emergencia invernal tocó directamente a las tres primeras. La verdad es que el fenómeno de La Niña se metió con más de la mitad del Plan de Desarrollo del actual gobierno. Varios analistas consideran que ahora éste tendrá que agregar otra locomotora: la de la reconstrucción. Y esta tendrá que ir impulsada por los otros sectores líderes.

El ejecutivo acaba de anunciar que redireccionará muchas de las inversiones que estaban previstas en el Plan de Desarrollo, para atender la emergencia invernal.

Por ejemplo, en vivienda, el objetivo de construir un millón de soluciones para los próximos cuatro años tendrá como prioridad a los afectados, muchos de los cuales perdieron no solo su casa, sino el terreno donde la tenían. Para el director de Planeación ese es uno de los primeros ajustes que necesitará la estrategia de desarrollo.

En infraestructura, ahora el reto es solucionar los problemas en las 53 vías que tienen hoy cierre total y las 254 que sufren permanentemente cierres parciales.

En la locomotora del sector agropecuario, el reto ahora no solo es entregarles tierras a los desplazados, sino recuperar el cerca de millón de hectáreas cultivables y con pastos para ganado que las lluvias se llevaron o inundaron. El gobierno insistirá en preservar la vocación de esos terrenos y facilitarles acceso a crédito y vías de comunicación a los cultivadores y ganaderos, pues justamente uno de los efectos de la ola invernal es que muchas zonas quedaron incomunicadas para sacar los productos agrícolas y pecuarios.

El panorama complejo y nublado creado por La Niña obligará al presidente Santos a adoptar decisiones de fondo para lograr dos objetivos simultáneos: mantener el ambicioso programa de reformas estructurales que anunció en el discurso de posesión para asegurar una meta de crecimiento promedio del 6 por ciento para el cuatrienio y reparar los daños causados por el invierno y atender a los más de dos millones de damnificados.

Este es sin duda el gran reto del gobierno. El analista Mauricio Cabrera dice que si para la tarea de reconstrucción se sustituyen inversiones que estaban previstas y se aplazan algunas, la economía podría verse afectada. Pero si se trata de nuevas inversiones, esto podría ser un gran impulsor del crecimiento.

Además, el plan de reconstrucción servirá no solo para reponer lo que se ha perdido, sino para hacer lo que nunca se ha hecho. Ese será un enfoque fundamental. Por ejemplo, en gran parte de los 254 puntos en los que hay problemas viales será necesario construir viaductos para impedir que con futuras temporadas invernales las carreteras se vuelvan a venir abajo. Esa es la salida estructural que gobiernos anteriores desecharon por su costo. También habrá carreteras que tendrán que ser construidas nuevamente, como la que une a Bucaramanga con Barrancabermeja.

La buena noticia es que existen algunas experiencias que demuestran que una atención adecuada a un desastre natural puede contribuir al crecimiento, porque obliga a canalizar nuevos recursos de inversión, tanto pública como privada. Hernando José Gómez considera que aunque en el último trimestre de 2010 el crecimiento de la economía podría resentirse, en 2011 va a estar cercano al 5 por ciento porque las actividades de reconstrucción van a servir como un impulso productivo.

Hay otros dos temas fundamentales por resolver. El primero es la financiación. Conseguir el dinero suficiente no será fácil. Habrá que hacer maromas: redireccionar el presupuesto, contratar créditos, aplicar más impuestos y hasta vender activos. El gobierno está analizando la fórmula adecuada, y obviamente en ese ejercicio debe empezar a barajar nuevamente todas sus cuentas. Además, desde el punto de vista del impacto sobre el PIB, no es lo mismo desviar recursos que estaban destinados a otros proyectos –lo cual tendría un efecto cero, o neutro, desde el punto de vista del crecimiento– que financiar las tareas de reconstrucción con dineros nuevos, escenario que implicaría un incremento de la inversión.

Además de conseguir los recursos, el gobierno tiene que ser eficiente en gastarlos. Y la urgencia por resolver los problemas humanitarios choca con la necesidad de planear bien toda la estrategia. Mientras que 2,2 millones de personas requieren una respuesta inmediata, el país no tiene hoy los estudios suficientes para, por ejemplo, estructurar y ejecutar rápidamente un plan de obras en las zonas afectadas o por reconstruir. Tampoco para identificar dónde están las poblaciones que deberán ser reacomodadas o para establecer qué zonas aledañas al río Magdalena pueden seguir siendo habitadas. Ni siquiera se puede dar por seguro que ya exista un diagnóstico sofisticado y completo sobre la magnitud –y la naturaleza– de la tragedia. Y sin un panorama claro no es posible definir estrategias acertadas. Las tareas de planeación deben realizarse a un ritmo más rápido que lo tradicional, y con diagnósticos más precarios.

El trabajo está previsto en dos fases. El Estado se va a concentrar, en una primera etapa, en afrontar la emergencia inmediata para dar albergues temporales, ropa y alimentos a las víctimas. El costo se estima en unos 1,2 billones de pesos.

Pero después viene la rehabilitación, que exige 2,5 billones. Este dinero servirá para mantener la actividad en las zonas afectadas mientras se logra cumplir la etapa final: la recuperación, en la que serán invertidos seis billones de pesos. El costo total de la tragedia ya se acerca a los 10 billones de pesos.

Queda claro que el país está abocado a llevar a cabo con éxito un plan de reconstrucción enorme y sin antecedentes. Y eso no se diseña de la noche a la mañana. Si los efectos del invierno fueron tan graves, las soluciones no pueden ser de la misma magnitud. El reto del gobierno es lograr un cambio de rumbo y aprovechar la coyuntura para aplicar políticas que apunten a resolver los problemas estructurales que el invierno puso en evidencia. Modificar las bases del Plan de Desarrollo es útil; allí la diligencia y la oportunidad deben ser las banderas.

Pero si la alternativa de un buen plan de reacción expedito, bien financiado y mejor gerenciado puede dejar grandes logros, hay otra hipótesis que podría ser preocupante. Si el Estado no logra vencer su inercia paquidérmica para actuar con prontitud, el drama se va a prolongar para 2,2 millones de personas sin casa, comida ni futuro. Hay vías cerradas o con paso restringido en 21 departamentos y 925.000 hectáreas agrícolas, lecheras y ganaderas, impactadas. El invierno ha generado problemas de transporte de alimentos y combustibles y ha golpeado la actividad económica de muchos sectores y ciudades. Una respuesta inadecuada podría no solo prolongar la mala situación actual, sino profundizarla.

Una tragedia de semejante magnitud no se resuelve con paños de agua tibia. Requiere un timonazo hacia estrategias de reconstrucción que tengan los mismos enfoques y profundidad de las que adoptó Chile para enfrentar el terremoto del año pasado o Estados Unidos para enfrentar las consecuencias del huracán Katrina.

En esos casos las cifras son muy elocuentes. En Chile hubo dos millones de personas afectadas por el terremoto de febrero de 2010. Diez meses después todavía viven en hogares transitorios 200.000 chilenos. Y eso que en el país austral tenían ahorrados 25.000 millones de dólares del boom minero, muchos de los cuales se fueron a las tareas de reconstrucción.

Así que la primera idea clara que tiene Planeación Nacional es que la estrategia debe ser de largo plazo. Esto no se resuelve simplemente con carpas o ayuda humanitaria de corto plazo mientras las aguas vuelven a bajar, como ha ocurrido tradicionalmente. El mapa de muchas regiones sufrió una transformación radical y desde esa perspectiva es que se debe hacer la intervención.

La tragedia de Colombia es sui generis y compleja porque su duración todavía es incierta. Nadie sabe cuándo va a parar de llover. Las cifras de la catástrofe pueden seguir creciendo. En el caso de Chile o del Katrina, el desastre tuvo lugar durante un periodo relativamente corto y se sabía cuándo pararía. Los aguaceros ya van a completar tres meses y los más optimistas dicen que se extenderán hasta enero, pero los meteorólogos de Estados Unidos aseguran que La Niña se prolongará hasta mayo de 2011.

Así que buena parte de los esfuerzos del Estado se irán a paliar la situación coyuntural de las poblaciones afectadas y atender las emergencias diarias. La paradoja es que la crisis, dramática e inclemente, se puede convertir en una oportunidad si el gobierno la gerencia bien.

Es una oportunidad por la posibilidad que genera para rehacer cosas que estaban mal hechas, para innovar en materias claves como la contratación del Estado y la concepción de la ingeniería y para inyectarle dinero nuevo a la economía. La urgencia del día a día no debe ser un impedimento para mirar el panorama en el mediano y largo plazo y, como dijo el presidente Santos, la meta es que todos los afectados, en el mediano plazo, queden mejor de lo que estaban.

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