Como el cangrejo

La semana pasada Samuel Moreno festejó el decreto con el que devolvió a los alcaldes locales la autonomía para manejar el ciento por ciento de los recursos económicos de las 20 localidades de Bogotá. En una reunión con los funcionarios, Moreno se mostró feliz. "Se da un paso fundamental en materia de descentralización de la ciudad", dijo.

Pero al tiempo que el Alcalde celebraba la decisión, urbanistas, veedores ciudadanos, conocedores de la ciudad y algunos ex alcaldes expresaron su preocupación porque este decreto podría convertirse en un nuevo motivo de deterioro urbano. La mayoría coincide en que darles el poder a las localidades para contratar y determinar gastos e inversiones podría favorecer la corrupción y la ineficiencia administrativa. "Las administraciones locales no tienen la madurez política suficiente para manejar esos recursos", dijo el ex alcalde Lucho Garzón al explicar que con la medida se les entregará a los 20 alcaldes el 10 por ciento del presupuesto distrital. Una suma que corresponde, nada más y nada menos, a 837.000 millones de pesos de los cuales 412.000 millones se destinarán a obligaciones contraídas previamente por la ciudad. Para tener una idea del monto en juego, la ciudad recauda alrededor de 900.000 millones anuales por concepto de impuesto predial.

La autonomía presupuestal de las localidades había sido reversada, en 1998, por el alcalde Enrique Peñalosa. "Lo hicimos después de encontrar más de 600 obras inconclusas por falta de criterios técnicos y de transparencia en la gestión de ediles y alcaldes locales", dice. Entonces, se decidió que el 75 por ciento del presupuesto para las localidades estaría a cargo de las Unidades de Ejecución Local (UEL), adscritas a cada uno de los sectores de la administración de la ciudad, y el 25 por ciento a cargo de las localidades. De esta forma, si una localidad necesitaba columpios para un parque o pupitres para un colegio, enviaba los proyectos a las respectivas UEL, las cuales autorizaban la inversión si la encontraban viable y necesaria.

Con el paso de los años los alcaldes locales comenzaron a criticar la lentitud de las UEL y le dieron a Samuel Moreno argumentos para justificar su determinación de devolverles la autonomía contractual a las localidades. Sin embargo, no se conocen los estudios técnicos a partir de los cuales se tomó esta decisión que, en la política real, podría terminar favoreciendo la corrupción y el clientelismo. "Hay casos en los que los alcaldes locales hacen alianzas con los ediles y logran que se les aprueben un plan de desarrollo y unos presupuestos que se reparten para asignarlos sin mayor transparencia. Eso se va a fortalecer cuando no haya intervención de las UEL", afirma el concejal del Polo Democrático Carlos Vicente de Roux.

Quedan en el aire muchas preguntas sobre la capacidad de las alcaldías locales para asumir la contratación y el gasto en tantas áreas. ¿Cómo lo harán, con plantas en las que generalmente solo hay un contador, un abogado y un tesorero? ¿Cómo se coordinarán proyectos que involucren a varias localidades? ¿Será suficiente el apoyo distrital para asesorar a los funcionarios en tantos temas? ¿Existen los recursos para publicar todas las licitaciones en las páginas web de las alcaldías menores? ¿Podrán los organismos de control hacerles seguimiento? Aun suponiendo que no hubiera corrupción, es poco probable que sus pequeñas nóminas tengan el conocimiento y la capacidad para contratar a la vez obras de acueducto, vías o edificaciones y comprar computadores, pupitres, equipamientos médicos o escolares.

Años de experiencia en Bogotá y en el país han demostrado que la descentralización de funciones, presupuestos y de la contratación puede ser muy riesgosa e ineficaz si no se tiene la capacidad institucional y el acompañamiento técnico. Las alcaldías locales tienen hoy en día más de 110 tareas a su cargo, muchas más de las que pueden hacer. De tiempo atrás, los expertos han insistido en que su eficiencia sería mayor si sus competencias se restringieran a unas pocas tareas concretas como el mantenimiento de los espacios públicos, la seguridad y el control policivo en sus jurisdicciones, así como el cuidado de los parques y de las vías locales. Habría sido mejor para la ciudad fortalecer prácticas gerenciales en lugar de emitir decretos que pueden poner en peligro cuantiosos recursos para la ciudad.