Jueves, 19 de enero de 2017

| 1987/01/12 00:00

COMO DE CAYO LA EXTRADICION

Más alla del debate jurídico, la caída de la ley de extradición representa una victoria de los narcotraficantes

COMO DE CAYO LA EXTRADICION

Era un secreto a voces. En los medios jurídicos, nadie puede decir que a sus oídos no había llegado el rumor de que la Corte Suprema de Justicia se estaba preparando para dejar sin vigencia el Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Incluso, cuando en septiembre el presidente Virgilio Barco se disponía a iniciar una gira por Washington y Nueva York, circuló la versión de que emisarios del gobierno habían conversado con los magistrados del alto tribunal, para pedirles que la decisión fuera aplazada hasta después del regreso del Primer Mandatario al país. Al parecer, los magistrados le habían contestado a los emisarios que el asunto aún estaba en estudio y que la decisión sólo se produciría a fines del año, como en efecto sucedió.
Pero la cosa no sólo era un secreto a voces. Después de los escasos resultados que ha producido la guerra contra la mafia, declarada por el entonces presidente Belisario Betancur tras el asesinato de su ministro de Justicia Rodrigo , Lara, comenzó a adueñarse de la opinión pública la idea de que esa guerra, en la cual las víctimas las estaban poniendo casi exclusivamente las instituciones, se estaba perdiendo.
Como si fuera poco, las críticas contra el Tratado de Extradición venían arreciando. Primero habían sido las denuncias del año pasado sobre los maltratos físicos a los colombianos extraditados a Estados Unidos. Y luego, este año, las denuncias sobre abusos legales de los tribunales norteamericanos que, como lo explicó hace algunos días ante una comisión del Congreso el ex embajador de Colombia en Washington, el conservador Francisco Posada de la Peña, estaban juzgando a los extraditados por cargos diferentes a los que habían motivado la solicitud de extradición, en clara violación al tratado. Todo lo anterior no alcanzaba a ser contrarrestado por la opinión de algunos, según la cual, independientemente de la discusión filosófica o jurídica, el tratado era la única arma con la que contaban las autoridades para golpear a los narcotraficantes.
El hecho es que existía un ambiente propicio para que se cayera el tratado o, como sucedió el viernes pasado, para que se cayera la ley que lo aprobó hace más de 6 años.
Pero más allá del ambiente propicio, la verdad es que en el poder judicial se estaba viviendo una situación de amedrentamiento sin precedentes en la historia de Colombia. Las presiones, las ofertas generosas, las amenazas y hasta asesinatos se habían convertido, desde hace varios meses, en el pan de cada día de magistrados y jueces. Evidencia de lo anterior es la inestabilidad que venía reinando en la nómina de magistrados de la Corte, donde la consigna, según la descripción de un abogado consultado por SEMANA, parecía ser la de "sálvese quien pueda".
El retiro del ex registrador Humberto de la Calle, quien sólo permaneció unas pocas semanas en la Corte la renuncia de importantes figuras co mo Jaime Pinzón López, quien fue nombrado embajador en Costa Rica; y el retiro de la Corte de su hasta hace un mes presidente Fernando Uribe Restrepo, que va al Tribunal Andino de Justicia con sede en Quito, no son las únicas pruebas de la existencia de esta situación. Se sabe que hay además otras renuncias represadas y que ser nombrado magistrado había dejado hace tiempos de ser un honor, para convertirse en una especie de castigo.

Donde hay cenizas
El fallo de la Corte, aprobado unánimemente por 22 magistrados y dos conjueces el viernes en la tarde, se basó en una ponencia del magistrada Jairo Duque Pérez, un paisa de 63 años, que entró a hacer parte de la Corte después de los sucesos del Palacio de Justicia, en noviembre del año pasado.
La demanda había sido presentada el 23 de julio del 85 por un abogado desconocido hasta ahora, Javier Hernando Hernández, quien no demandó el tratado mismo, como lo habían hecho anteriormente otros juristas sino la ley 27 de 1980, por medio de la cual se aprobó el tratado. La demanda se presentó por vicios de forma en el proceso de sanción de la ley. El problema consistió en que esa ley fue sancionada por el entonces ministro delegatario en funciones presidenciales, Germán Zea Hernández, por cuanto el presidente Julio César Turbay se encontraba fuera del país. Según la providencia, Turbay emitió el decreto 2904 del 29 de octubre de 1980, concediéndole facultades indelegables al ministro delegatario. Con base en esas facultades, Zea firmó la ley 27, que la Corte declaró inexequible el viernes.
Como explicó Duque Pérez a SEMANA, "esa ley no fue constitucionalmente sancionada, ya que quien la sancionó no fue el Presidente títular sino un ministro a quien no se le podían delegar funciones, como las de declarar una guerra, el estado de sitio o la emergencia económica, la de conceder indultos o la de sancionar leyes aprobatorias de tratados internacionales. Al declararse inexequible la ley 27, el tratado deja de existir, pues uno de los requisitos para su existencia es la aprobación legislativa por medio de una ley de la República".
La explicación, que parece tan sencilla, plantea de inmediato un interrogante: ¿cómo es posible que hayan hecho falta más de 6 años para descubrir que el ministro delegatario no podía asumir esas funciones? La historia del proceso comenzó en julio de 1985, cuando el abogado Hernández presentó la demanda y fue admitida por la Corte. Como corresponde a lo establecido por los códigos, la demanda pasó a estudio del entonces procurador general Carlos Jiménez Gómez, quien emitió un concepto en el mismo sentido del que finalmente fue acogido por la Corte.
El concepto del procurador fue recibido por la Corte pocas semanas antes de la batalla del Palacio de Justicia, cuyas llamas se tragaron el expediente. Una vez reintegrada la Corte, el abogado Hernández presentó una solicitud para reconstruir el proceso. Con tal fin, la nueva sala constitucional designo por sorteo al magistrado Duque Pérez, para que se encargara de la reconstrucción. Fue necesario pedir al procurador que reiterara su concepto y anexar otros documentos que se habían quemado. Una vez reconstruido, el proceso continuó y la sala constitucional volvió a designar por sorteo al magistrado Duque para que se encargara de la ponencia. Esta fue presentada ante la sala constitucional en noviembre, después de que los magistrados Jaime Pinzón López y Hernando Gómez Otálora se declararan impedidos para conocer de esa demanda, por haber sido miembros del Congreso cuando éste aprobó la ley 27. En su reemplazo debieron ser nombrados los conjueces Hernando Morales Molina y Oscar Peña Alzate, quienes junto a los magistrados, aprobaron la ponencia, que pasó entonces al estudio de la sala plena.
Tras media docena de reuniones, esta decidió por unanimidad acoger la ponencia y declarar inexequible la ley demandada.
A pesar de que la mayoría de quienes han estudiado el caso reconoce que el argumento de los magistrados es válido, todos están de acuerdo en que el problema no es jurídico y que la decisión de la Corte es más bien el resultado de una situación insostenible. "El asunto es que los magistrados y el poder Judicial en general, se aburrieron de ser la carne de canón de esta guerra --comentó a SEMANA un asesor jurídico de la Corte--, y decidieron pasarle la pelota al Ejecutivo y al Legislativo, a ver si deciden redactar y aprobar una nueva ley sobre el Tratado de Extradición".

Reacciones
En este mismo sentido se pronunció el viernes en la tarde el presidente del Congreso, Humberto Peláez, quien declaró a los periodistas: "Estoy seguro de que esta decisión de la Corte impedirá felizmente que siga un derramamiento absurdo de sangre, especialmente de nuestros jueces y magistrados". La mayoría de los parlamentarios manifestó opiniones similares, reconociendo de hecho que el poder de los narcotraficantes le ganó, también esta vez, la batalla a la justicia y al Estado en general.
Solamente el senador conservador Hugo Escobar Sierra, ex ministro de Justicia, se declaró "estupefacto".
Otros parlamentarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva, calificaron la decisión de muy grave, "no tanto por el planteamiento jurídico de la providencia, como por el hecho de que los narcotraficantes pueden estar ahora absolutamente convencidos de que son los dueños de la situación".
Un senador anotó que "con esto, todos los muertos que el país ha puesto en esta batalla, el ministro Lara, el magistrado Baquero, el subdirector de Occidente, los jueces, los coroneles de la Policía y hasta un funcionario de seguridad de Avianca, han sido en vano, pues no sólo han quedado sin castigo esos crímenes, sino que quienes los cometieron han logrado ahora su propósito: obligar al país a rendírseles".
Los narcotraficantes parecían por su parte muy conscientes de esto y en la noche del viernes en las fincas de Envigado, Itaguí y Sabaneta, cerca de Medellín, se escucharon hasta el amanecer los estallidos de voladores y otros juegos pirotécnicos. Como declaró un periodista antioqueño, "festejaron como suelen hacerlo cuando coronan un cargamento; y es que este es para ellos el mejor de los corones".
Mientras esto sucedía, otros preferían cuestionar el planteamiento jurídico de la providencia, asegurando que la Corte había cambiado su doctrina. Según uno de los magistrados, "la Corte no ha cambiado de doctrina, pues lo que antes había hecho era declararse impedida para conocer de demandas al tratado, y esta vez lo que hizo fue estudiar una demanda, por vicios deforma, de la ley que aprobó el tratado".
Sin embargo, esta explicación fue definida como "una argucia" por un ex ministro conservador. "El hecho es que la Corte decidió esta vez que se podía conocer de demandas relacionadas con el tratado, y con su decisión lo echó al suelo", anotó la fuente.


Pero mientras en Colombia se discuten las implicaciones jurídicas y políticas de la decisión de la Corte, y se habla de que esta "le pasó la pelota al Presidente", para los Estados Unidos y su gobierno, se tratará sin duda de distingos superfluos. Para la administración Reagan, cuya Embajada en Bogotá no se había pronunciado al cierre de esta edición, el Estado colombiano es uno solo, independientemente de su sistema democrático y de su división de poderes. De ahí que resulte difícil ahora explicarle a Washington por qué el presidente Barco condenó tan duramente el narcotráfico y habló de cooperación internacional para combatirlo, dos meses antes de que quedara sin piso jurídico el Tratado de Extradición, que para los norteamericanos es el mejor ejemplo de esa cooperación internacional.

El silencio del gobierno
Más de 24 horas después de que conociera la providencia de la Corte el gobierno colombiano no había hecho pública ninguna declaración oficial. Aparte de la sorpresa expresada por el ministro de Justicia, Eduardo Suescún, la administración Barco no atinaba a reaccionar, a pesar de que obviamente la situación está ahora en sus manos.
Algunos parlamentarios consjervadores aseguraron el viernes en la noche que el problema era que "el gobierno, a diferencia del resto del país, no parecía estar al tanto de lo que era inminente". Sin embargo, SEMANA pudo establecer que apesar de la sorpresa manifestada por el ministro Suescún, el alto gobierno sí estaba informado de lo que iba a pasar en la Corte. Según una fuente gubernamental, "lo que pasa es que el gobierno prefiere analizar detenidamente la situación antes de emitir cualquier declaración, pues en el fondo cree que lo mejor por el momento es esperar".
¿Esperar qué? Seguramente esperar que se calme un poco la marea y que se pronuncie el gobierno norteamericano. ¿Cuáles son ahora las opciones del gobierno? Sobre esto, el debate jurídico es aún más complejo que el relaciqnado con la providencia de la Corte.
Para algunos, el presidente Barco puede, si así lo desea, sancionar la ley 27 que ya pasó por las cámaras en 1980. El hecho sin precedentes de sancionar una ley 6 años después de su aprobación por el Congreso, no convence a muchos juristas, quienes consideran que el artículo 86 de la Constitución establece claramente los términos para que una ley se apruebe.
Sin embargo, hay juristas que creen que ese artículo sólo establece límites (de 6, 10 ó 20 días) para objetar un proyecto de ley ya aprobado, y que no establece, específicamente, límites para la sanción presidencial.
La segunda opción del presidente Barco y de su gobierno es la de presentar de nuevo el proyecto de ley que la administración Turbay redactó con el texto del actual tratado que el entonces embajador Barco negoció en Washington. En este caso, sobra decir que las posibilidades de que ese proyecto sea aprobado por el Congreso, en las actuales circunstancias son bastante remotas.
Una tercera opción sería la de no hacer, simple y llanamente, nada, lo cual equivaldría a decidir que no debe haber Tratado de Extradición con los Estados Unidos. En este caso, habría que esperar la reacción del gobierno norteamericano, que ya ha estado es tudiando la posibilidad de aplicar sanciones económicas a aquellos países productores de narcóticos que no demuestren una decidida intención de luchar contra el narcotráfico.
La cuarta opción es la que muchos piensan que va a ser la que se juegue el gobierno de Barco. Se trata de aprovechar la actual coyuntura para plantearle al gobierno norteamericano la necesidad de renegociar el tratado. De hecho, desde el gobierno de Betancur, un grupo de juristas, entre los cuales se cuenta el ex ministro Bernardo Gaitán Mahecha, los juristas Carlos Restrepo Piedrahíta y Gerardo Monroy Cabra, y la ex viceministra de Justicia Nazly Lozano, han venido conversando en Washington con funcionarios de la administración Reagan sobre la posibilidad de renegociar el tratado. Sin embargo, según pudo establecer SEMANA, la última de estas reuniones dejó en claro que Washington no tiene la más mínima intención de aceptar esta renegociación, o por lo menos no la tenía mientras el tratado estaba vigente.
Sea como sea, en estos momentos y después de 6 años y medio de haber sido aprobado y de 2 años de haberse producido la primera extradición, el tratado ha dejado de existir o, lo que en la práctica es lo mismo, se ha vuelto inaplicable. Con ello, el gobierno de Virgilio Barco debe anotar un tema más en su agenda de problemas y los narcotraficantes pueden reclamar que, en la medición de fuerzas con el Estado, han ganado una importante batalla.--

Intimidades de una guerra
El nombre del firmante de la demanda contra el Tratado de Extradición, Hernando Hernández, parece inventado. Sin embargo, es auténtico, y es lo único propio. Porque el alegato que fue aceptado por la Corte Suprema a través de la ponencia del magistrado Jairo Duque Pérez es obra, según pudo establecer SEMANA, de un pool de algunos de los más renombrados juristas del país, al cual el misterioso y casi inverosímil Hernando Hernández se limitó a ponerle su firma. Los laureles del triunfo serán suyos, es decir, de uno de los 45 mil abogados que hay en Colombia y que nadie conoce; pero la miel de los honorarios fue ya discretamente repartida entre varios de sus más conocidos colegas, que por esta vez prefirieron la modestia del anonimato.
La mafia del narcotráfico, en efecto, ha distribuido centenares de millones de pesos en los seis años de su guerra legal, política, periodística y armada contra el Tratado de Extradición. Los más importantes periódicos del país publicaron sus anuncios pagados, los más elocuentes políticos se hicieron eco de sus protestas nacionalistas contra el tratado, los más respetados juristas redactaron --por honorarios que según las fuentes de SEMANA oscilaban entre los dos y los diez millones de pesos-- conceptos de jurisprudencia, bien sobre situaciones jurídicas concretas generadas por la aplicación del tratado, bien sobre su validez constitucional. Todo eso se acompañaba de presiones a los magistrados de la Corte Suprema --más sensibles al amedrantamiento que al soborno, dicen las fuentes. Y de otros gastos: pagos a jueces para que llamaran a mafiosos pendientes de extradición a juicio en Colombia por motivos distintos del narcotráfico, y que van desde el contrabando hasta el asesinato.
Toda esa guerra leguleya --que acaba de culminar en la firma de un desconocido Hernando Hernández y en un concepto de la Corte tumbando por vicio de forma la ley aprobatoria del tratado-- estaba a punto de ser dada por perdida por la mafia, y los millones invertidos, pasados a la cartera de dudoso recaudo. Los "capos" del narcotráfico tenían ya la decisión --"la voluntad política": dice una de las fuentes consultadas-- de pasar a un "estado superior de lucha": la fase armada. El coronel Ramírez y el capitán Macana, asesinados en las últimas semanas, fueron las primeras víctimas de la nueva etapa, para la cual la mafia había empezado ya a apertrecharse en el mercado internacional de armas adquiriendo armamento sofisticado: no ya revólveres para sicarios de la moto, sino fusiles Galil y ametralladoras punto cincuenta. Hastiados de sutilezas jurídicas, los mafiosos habían decidido plantear el tema en el terreno de la fuerza: "Que traten de extraditarnos, y nosotros por nuestro lado trataremos de no dejarnos joder".
Y en opinión de observadores bien informados sobre el tema, fue esta nueva situación de guerra frontal la que produjo el cambio en el clima que permitió que tuviera éxito la demanda de Hernando Hernández, allí donde habían fracasado otras veinte anteriores, igualmente válidas desde el punto de vista jurídico pero caídas en mal momento político y sicológico.
Curiosamente, los grandes "capos" de la mafia no habían emprendido esa larga y costosa batalla por motivos de intereses heridos sino más bien de dignidad ofendida, por descabellado que esto parezca. Pues la verdad es que en sus seis años de aplicación, el Tratado de Extradición había resultado bastante ineficaz como instrumento contra el narcotráfico. Sus resultados fueron mínimos: trece extraditados efectivamente, siete detenidos a punto de extradición, formalizadas las solicitudes sobre 49 más, y unos cuatrocientos en "lista de espera". Pero ninguno de ellos de primera línea. Concebido para golpear el vértice, en las personas de los grandes "capos", el tratado no los afectó sino marginalmente. Les restringió su aparatosa vida social, les postergó sus aspiraciones políticas, pero no les dañó el negocio. Por el contrario: lo volvió todavía más lucrativo. La extradición servía como espantapájaros para la competencia de mediano y bajo nivel, eliminándola u obligándola a subcontratarse con el grupo de los grandes para operar con cierto margen de seguridad: el pequeño mafioso que quería exportar un kilo de cocaína tenía que recurrir a "don Pablo" o a "don Gonzalo". La consecuencia final del tratado consistió en concentrar todavía más una actividad económica y criminal que ya de por sí tenía una estructura altamente monopólica. Pero a los "capos" les irritaba el que alguien --los jueces, por ejemplo-- se sintiera con la suficiente autoridad moral como para expulsarlos a ellos de Colombia, conociendo como conocen --mejor que nadie-- la corrupción interna del país. En consecuencia, la caída del Tratado de Extradición puede tener el efecto inesperado y paradójico de debilitar a la mafia, pese a que innegablemente se trata de una victoria suya. Porque ahora sus recursos se dirigirán en otro sentido. No habrá tantos jueces sobornados, ni magistrados asesinados, ni conceptos jurídicos o políticos bien pagados. Y es previsible en cambio que todos esos recursos ociosos de la mafia empiecen a usarse contra la mafia misma. Se recrudecerán las Dugnas internas, congeladas durante los años de la batalla contra el enemigo común. Con armamento renovado, se reanudará la guerra entre los clanes por el control de los mercados o el acceso a las materias primas. Y se empezarán a cobrar otra vez las viejas cuentas pendientes, que estaban guardadas, pero no olvidadas. Hasta que una nueva amenaza común vuelva a unificar a los "capos".

Bendito entre tratados
Aunque el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los EE.UU. fue el más controvertido, no era, ni mucho menos, el primero. Desde que Colombia nació como República independiente, ha suscrito numerosos tratados de este tipo. El primero de ellos fue el tratado especial sobre extradición firmado con la República francesa en el año 1850.
Varios de esos tratados de extradición suscritos por Colombia con otros países aún se encuentran vigentes.
Entre ellos está el Acuerdo sobre Extradición surgido del Congreso Bolivariano celebrado en Caracas el 18 de julio de 1911, que todavía rige las relaciones "extradicionales" entre Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Según este acuerdo, los estados signatarios se obligan a entregar a los "autores, cómplices o encubridores que se encuentren procesados o condenados, por uno cualquiera de los delitos consignados taxativamente en el artículo 11 de dicho convenio", y entre los cuales no figura el delito del narcotráfico.
Otro tratado multilateral sobre extradicion vigente en Colombia es la Convención sobre Extradición, surgida de la séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo y aprobada por Colombia en 1935. Esta convención rige las relaciones de Colombia sobre extradición con República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití. Además hay otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Bolivia que también suscribieron dicha convención, que además poseen tratados bilaterales de extradición con Colombia. Pero tampoco se aplica esta convención multinacional al caso del narcotráfico, por cuanto entre los delitos contemplados no se menciona ninguno de los catalogados como de derecho común.
Igualmente están vigentes los siguientes tratados bilaterales en materia de extradición: el suscrito con Francia, en 1850. Con Gran Bretaña, en 1888. Con España, en 1892. Con El Salvador, en 1900. Con Bélgica, en 1912. Con Chile, en 1914. Con Panamá, en 1927. Con México, en 1928 Con Nicaragua, en 1929. Con Guatemala, en 1928. Con Costa Rica, en 1928. Con Cuba, en 1932. Con Brasil en 1928.
En casi todos los tratados mencionados, las enumeraciones de los delitos causales de la extradición es taxativa, y en ella figuran algunos tan rebuscados como "la castración", el "ultraje al pudor", el "incendio voluntario", las "acciones maliciosas para poner en peligro la seguridad de cualquier persona que viaje en ferrocarril, la trata de esclavos...". Pero no se menciona en ninguno el narcotráfico, aunque en algunos de esto tratados se deja abierta la posibilidad de que se extradite por delitos distintos a los mencionados, siempre y cuando se trate de acciones consideradas delictivas no solamente en el país que pide la extradición, sino en el país al cual le es solicitada.
Lo que sí constituye una regla homogénea, en todos los tratados mencionados anteriormente, es que no habría extradición de nacionales colombianos. Por eso el suscrito con los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1979 y aprobado mediante la ley 2 de 1980 (que echó abajo la Corte) fue tan controvertido. No se trataba de un tratado más de extradición, sino del primero que rompía la tradición juridica del país que, desde los comienzos mismos de la República, prohibía la entrega de ciudadanos a gobiernos extranjeros.
Efectivamente, su artículo octavo dice que aunque el Estado requerido no está obligado a extraditar a los nacionales colombianos, deja a opción de su gobierno la decisión de extraditarlos o no, cuando se presente una de dos circunstancias: o cuando el delito haya sido ejecutado o consumado en el país que solicita la extradición, o cuando el solicitado en extradición haya sido juzgado y condenado en el Estado que hace la solicitud.
El tratado suscrito con EE.UU. también era novedoso en cuanto a la mención concreta, entre las causales de extradición, del "tráfico, posesión, producción y elaboración de todo tipo de sustancias alucinógenas y de sus derivados, que producen dependencia física o psíquica".
Aunque fue suscrito en 1980, el primer escándalo que se colá por la puerta que el nuevo tratado dejaba abierta, o sea la de la extradición de nacionales colombianos a EE.UU., fue el de la captura con tal propósito, el 7 de febrero de 1983, de los colombianos Emiro de Jesús Mejía Romero, en Cartagena, y de Lucas Gómez Van Grieken, en Riohacha.
Desde entonces, la mafia del narcotráfico le declaró una guerra a muerte al tratado. Una guerra a muerte que aparentemente llegó a su culminación el 12 de diciembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley 27 de 1980, dejando sin piso legal la aplicación del acuerdo de extradición con los Estados Unidos.

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