Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2010/10/04 00:00

¿Cómo se financiará la política de seguridad ciudadana?

Para el desarrollo de la estrategia del Gobierno contra la criminalidad en las ciudades, los alcaldes y los gobernadores tendrán un músculo financiero adicional: podrán recibir aportes de particulares y crear impuestos para la lucha contra el crimen.

El presidente Juan Manuel Santos anunció que la política de seguridad ciudadana le significará al Estado una inversión de 3,4 billones de pesos. Foto: Archivo - SIG

Un artículo incluido en la prórroga de la ley de orden público permitirá a alcaldes y gobernadores recaudar recursos adicionales que servirán para fortalecer las estrategias de los organismos de seguridad para enfrentar la delincuencia en las ciudades.

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos presentó los principales alcances de la política de seguridad ciudadana. Y aseguró que esa ofensiva del Gobierno contra los principales focos de inseguridad le costará al Estado, en los próximos cuatro años, 3,4 billones de pesos.

Como muchas de las iniciativas del actual Gobierno tienen varios complementos, esta política también tendrá, en la ley de orden público, un elemento adicional que, entre otras, les permitirá a las autoridades locales destinar recursos para combatir el crimen.

Así se lo explicó a los alcaldes y gobernadores el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al señalar que la prórroga de la ley de orden público será un “instrumento muy útil” para que las autoridades locales puedan financiar esta estrategia porque, según la ley de orden público, los burgomaestres están facultados para recibir o apropiar mayores recursos para los fondos de seguridad, mediante aportes voluntarios o donaciones de particulares.

También tendrían la posibilidad de crear tasas o sobretasas destinadas a la seguridad ciudadana, las cuales serán ejecutadas a través de los fondos territoriales de seguridad.

Vargas Lleras también explicó que los recursos del Fondo de seguridad y convivencia (Fonsecon) se destinarán de manera prioritaria a apoyar los planes de seguridad ciudadana, municipales y departamentales, y estimó que para el primer año se podrá destinar de este fondo una partida de 120.000 millones.

El Fonsecon es una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, que tiene como objeto la financiación del diseño y la ejecución de programas, proyectos y actividades orientadas a la preservación y la conservación del orden público.

Esta posibilidad, que podría ser un músculo financiero adicional para las autoridades locales, está contenida en el artículo 8 del proyecto que busca prorrogar, por cuatro años más, los alcances de la ley de orden público que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes y a la que le faltan sólo dos debates en el Senado para convertirse en ley de la República.

Dicho artículo señala que los departamentos y municipios “podrán aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o del municipio”.

Este artículo también señala que los municipios y departamentos “podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos o cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana”.

La ley de orden público también establece que, una vez aprobada por el Congreso, el Presidente de la República deberá reglamentarla para definir con claridad sus alcances.

Cómo se destinarán los recursos

Según la ley de orden público, los recursos que recauden las entidades territoriales se deberán invertir en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas. Además, servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados.

Según lo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, la política de seguridad ciudadana aumentará el pie de fuerza de la fuerza pública en 20.000 hombres.

Y entre los 3,4 billones de pesos que le costará al Estado la puesta en marcha de esta política, 160.000 millones de pesos irán al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, una iniciativa que va a reformar el sistema de patrullaje en el nivel nacional para que la Policía pueda enfocar sus recursos en áreas consideradas de mayor peligro.

En la Política integral de seguridad, que fue calificada por el Gobierno como un complemento de la de ‘seguridad democrática’, los alcaldes serán parte fundamental para fortalecer los mecanismos de articulación entre las autoridades locales, la rama judicial, la Fiscalía y las autoridades de policía judicial, según indicó el Ministro del Interior.

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