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| 4/26/2011 12:00:00 AM

Cómo mejorar la calidad de la participación

Necesitamos que la participación ciudadana establezca pautas claras para la creación de espacios de participación en todos los niveles de la administración pública.

Hace un cuarto de siglo el Estado colombiano fue objeto de importantes reformas, comparables en su alcance e impacto a las de la Revolución en Marcha, en la segunda mitad de la década del treinta, y a la impulsada por el presidente Carlos Lleras Restrepo en 1968. Dos de ellas tocaron a fondo la estructura estatal y del régimen político: la descentralización y la institucionalización de la participación ciudadana. La primera de ellas entregó a las entidades territoriales, especialmente a los municipios, un margen de autonomía para el manejo de sus competencias y recursos; la segunda modificó las formas tradicionales de relación entre el Estado y la sociedad mediante la apertura de espacios a través de los cuales la ciudadanía podría incidir en las decisiones públicas.

Ambas reformas llegaron de la mano y tuvieron un signo nuevo, el de la modernización de la gestión pública y la apertura democrática, ratificado y profundizado por la Constitución de 1991. Los constituyentes consideraron, en efecto, que la participación debería ser un principio de estructuración del Estado, una función inherente a su acción y un derecho ciudadano que debería contar con plenas garantías para su ejercicio y con los dispositivos necesarios para hacerlo efectivo. Se multiplicaron desde entonces los espacios y mecanismos de participación directa (referendos, plebiscitos, consultas populares, revocatoria del mandato, etc.) e indirecta (Consejos, Comités y Mesas) a través de un generoso marco legislativo que creó varias decenas de espacios y mecanismos de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos.

¿Qué pasó en estos veinticinco años? Sin duda, en ese lapso ha habido avances importantes en el país. Por ejemplo, se han multiplicado las experiencias participativas en campos como la planeación y los presupuestos participativos, el control social de la gestión pública, las constituyentes municipales, la construcción de políticas sectoriales y poblacionales, etc.; además, se ha acrecentado el interés de diferentes grupos en los asuntos públicos y se ha producido un acercamiento de las autoridades a la población, quebrando en parte las barreras de desconfianza mutua que impidieron en el pasado acercamientos más frecuentes y productivos desde el punto de vista de la solución de los problemas de la gente.

Pero existen problemas aún no superados, entre los cuales sobresalen: la falta de conciencia de muchos ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos; la conformación de una élite de líderes sociales que se han ido alejando poco a poco de su base social y actúan en función de sus propios intereses; la burocratización de los espacios de participación ciudadana y la ineficacia de estos últimos para resolver problemas sentidos. En fin, el divorcio marcado entre la democracia representativa y las nuevas formas de participación ciudadana.

Uno de los factores que ha contribuido a que esos problemas no hayan sido superados del todo es el marco legal que regula el ejercicio de la participación. Este presenta deficiencias de fondo que deben ser corregidas para que la participación produzca mejores resultados. Entre ellas hay que señalar el alto grado de dispersión de las normas, el exceso de requisitos exigidos para hacer uso de los mecanismos de participación directa y el alcance restringido de las instancias creadas, en su mayoría consultivas y de vigilancia a la gestión pública. Es necesario modificar ese marco de regulación, de manera que la norma facilite, en lugar de obstaculizar, el ejercicio de la participación ciudadana.

Necesitamos una nueva Ley Estatutaria de Participación Ciudadana que vaya más allá de la regulación de los mecanismos de participación directa; que establezca pautas claras para la creación de espacios de participación en todos los niveles de la Administración pública; que incremente su alcance y que introduzca criterios de flexibilidad y de economía de espacios; que rompa los elitismos y genere incentivos para que la gente se sume cada vez más a los eventos de participación.

Por supuesto, la nueva ley no va a resolver los problemas de la participación, pero sí va a crear mejores condiciones para que los colombianos se animen a intervenir en los asuntos públicos. Se requiere de todas maneras actuar en otros frentes igualmente importantes: modificar las costumbres políticas de gobernantes y gobernados; producir información y garantizar el acceso de la población a ella; educar a los ciudadanos y las ciudadanas en valores democráticos; generar más y mejores condiciones culturales y políticas para la práctica de la participación; en fin, romper las barreras de la desconfianza y del desinterés por los asuntos públicos.

Esas reformas no dan más espera. En lo que respecta al marco normativo, el Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de Foro Nacional por Colombia, ha iniciado un proceso de deliberación y consulta a diversos sectores de la sociedad civil y política con el fin de formular un nueva proyecto de Ley Estatutaria, que será presentado al Congreso de la República en julio de este año. El Plan de Desarrollo se ha propuesto formular y poner en marcha políticas de participación, de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de cultura ciudadana. Son pasos importantes en la mira de incrementar la calidad de la democracia participativa en Colombia, que deberán complementarse con reformas de fondo que fortalezcan los espacios de representación política. El reto no es menor y habrá que enfrentarlo con energía y a tiempo, es decir, desde ya.


*Fabio E. Velásquez es integrante de la Mesa Nacional del Estatuto de la Participación Ciudadana
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