¿Cómo fue el proceso de paz que precedió la Constituyente de 1991?

La movilización ciudadana hizo posible la Constituyente de 1991

En nuestra historia habían existido juntas de notables, convenciones, consejos de delegatarios, asambleas constituyentes y otras figuras de delegación para revocar, definir o reformar las constituciones, pero con excepción de los movimientos independentistas de orden local y regional que expresaron el origen de Colombia y nuestras repúblicas hermanas, ninguna había sido fruto de la iniciativa y movilización popular. De manera general las constituciones respondían a pactos políticos desde el poder gubernamental establecido o del triunfante en la guerra. Con excepción del plebiscito de 1957 —en rigor un referendo— no hubo tradición reciente en formas de democracia directa. Han existido también varias experiencias de Asamblea Nacional Constituyente, pero ninguna había sido de convocatoria popular ni real soberanía frente al gobierno vigente. Además, habían fracasado los intentos de reforma constitucional por el Congreso en 1977, 1978 y 1989. De ahí la importancia que cobraron las expresiones plebiscitarias de origen popular que exigieron entre 1990 y 1991 la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

De tal manera la Constituyente de 1991 adoptó una forma de poder independiente frente a los poderes establecidos, rescató la doctrina del poder popular constituyente y expidió una nueva Constitución Política que restableció también en su contenido el principio de la soberanía popular. Ello corroboró que en momentos de profunda crisis institucional, guerras civiles e ingobernabilidad, el poder constituyente puede ser la vía para reformar el Estado y el régimen político, en perspectiva de inclusión, participación y apertura democrática. Distintos tratadistas valoran que nuestra experiencia inauguró una nueva época en el constitucionalismo latinoamericano.

El proceso de paz fue determinante para lograr la ANC


En lo referido al proceso de paz el antecedente de la Constituyente de 1991 fue la propuesta que hizo el EPL en 1984 para que se convocara por vía plebiscitaria una ANC, como base para conseguir la paz con las guerrillas. Al momento el presidente Belisario Betancur había adoptado una política de paz, decretó una amnistía, dialogó y suscribió treguas bilaterales con las FARC, el EPL y el M19. El comandante del EPL Ernesto Rojas declaró que de conseguirse la Constituyente se podría superar la lucha armada y su movimiento retornaría a la actuación política legal. El vocero nacional de dicho movimiento insurgente Oscar William Calvo lideró en medio de la tregua una campaña política nacional en demanda de la ANC, iniciando un debate sobre la necesidad de una nueva constitución democrática que restituyera el ejercicio de la soberanía popular y consagrara con eficacia derechos y garantías fundamentales.


“El contenido principal de dicha reforma a la Carta Política del país, debe ser el de restituir y viabilizar el papel del pueblo, como constituyente primario, su poder fiscalizador y revocatorio del mandato mediante un verdadero ejercicio del sufragio univer¬sal, así, como el de lograr garantías para la práctica de los derechos políticos, de organización, de asociación, huelga, expresión y movilización. El sufragio, como medio para expresar la voluntad popular, signi¬fica el derecho a ser elegido y elegir con mandato, a ejercer el papel de constituyente primario, a través de plebiscitos, parti¬cipar directamente en la toma de decisiones políticas de trascen¬dencia política para el país por medio de referéndum…” Así lo expresó Calvo en su memorable conferencia “Tregua, Diálogo y Asamblea Nacional Constituyente”.


Sin embargo, el clima político era tenso, hubo incoherencias y abiertas resistencias al proceso de paz que conllevaron a la ruptura de las treguas con el M19 y luego con el EPL en 1985 y también con las FARC en 1987. Posteriormente, tras la intensificación de las hostilidades con todas las guerrillas y ante la presión de amplios sectores que reclamaban la solución dialogada, el presidente Virgilio Barco reconsideró en 1989 su negativa a nuevos diálogos de paz y lanzó una “Iniciativa para la Paz”, la cual propuso un proceso que iniciara con treguas unilaterales de las guerrillas, desarrollara negociaciones y consiguiera el retorno a la vida civil de sus integrantes, brindándoles garantías jurídicas, políticas y de reinserción. La Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), integrada por un amplio grupo de guerrillas, rechazó los términos de la iniciativa pero planteó disposición de negociación y propuso un acuerdo nacional que entre temas contemplara una nueva constitución política.

A finales de los años 80 se vivía un contexto de intensas hostilidades entre la fuerza pública y las guerrillas, irrupción inusitada de violencia indiscriminada desde el narcotráfico, expansión de la guerra sucia de los paramilitares —que actuaron con apoyo o permisividad de la fuerza pública—, intensos conflictos políticos y sociales y una grave crisis institucional y de gobierno. Entonces ante tan difícil panorama sobrevinieron dinámicas de búsqueda de soluciones políticas. Allí se originó el punto de inflexión histórica que condujo a la ANC, cuya posibilidad y realización se relacionó directamente con varios procesos de paz con la insurgencia e implicó el cambio político e institucional más importante en nuestra historia reciente con la Constitución Política de 1991.

Luego de marginarse de la CNGSB el M19 suscribió un Pacto Político de paz en 1989 con el Gobierno Barco y varios partidos políticos, el cual incluyó el compromiso de promover una reforma constitucional en el Congreso que incluyera la convocatoria de un referendo de paz; pero esta iniciativa fracasó en el Congreso. A pesar de tal circunstancia ésta guerrilla optó por pasar a la actividad política legal, de forma que hizo parte de la confluencia progresiva de sectores políticos y sociales que reclamaron convocar la Asamblea Nacional Constituyente. El M19 lideró la convergencia política AD M19 que reforzó el movimiento emprendido por los estudiantes y por otros sectores a favor de tal convocatoria. Por su parte el Ejército Popular de Liberación, junto con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame, ante la expectativa en 1990 de conseguir la convocatoria de la Constituyente, iniciaron negociaciones de paz con el Gobierno nacional y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia adoptar un fallo que permitiera una Constituyente sin restricción a su soberanía y su temario —como lo pretendía el gobierno Gaviria— y con facultad de reformar integralmente la Constitución Política, argumentando que tal posibilidad permitiría consolidar los pactos de paz en curso con los diferentes movimientos alzados en armas. Así fue como en 1991, al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente hubo nuevos pactos de paz definitivos con el EPL, el PRT y el MAQL.

En resumen, el proceso constituyente fue posible por la confluencia de varias dinámicas: La movilización ciudadana promovida por los estudiantes con la llamada Séptima Papeleta que consiguió votaciones por la Constituyente —plebiscitarias de hecho— el proceso de paz con varias guerrillas que también demandaron la Constituyente; las medidas de sometimiento del narcotráfico a la justicia que refrenaron sus atentados terroristas; los fallos progresistas de la Corte Suprema de Justicia que hicieron posible convocar una auténtica Asamblea Nacional Constituyente y los decretos gubernamentales que aunque inicialmente pretendieron limitar el contenido y alcance de dicho organismo luego lo facilitaron. De allí que en forma inesperada e inédita en nuestra historia, la ANC de 1991 consiguió el respaldo de todos los sectores y asumió un ejercicio de consenso y construcción política para adoptar una Constitución de contenido democrático y progresista.

La elección de los constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, fue de real competencia política e influida por un ambiente favorable al proceso de paz y a la reforma democrática. Las mayores votaciones por listas las obtuvieron en su orden la AD M19, el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Liberal, quien a la vez consiguió un mayor número de constituyentes con su estrategia de aprovechamiento de residuos con varias listas nacionales y regionales. En términos de legitimidad puede afirmarse que aún no teniendo la mayoría de la votación, por razones históricas y coyunturales explicables, todos los partidos políticos, las agrupaciones políticas que surgieron, las iglesias, organizaciones sociales, estudiantes e indígenas que accedieron y la propia insurgencia, apoyaron la Asamblea Nacional Constituyente.